Claves de la reforma de la ley del aborto

El Gobierno de coalici¨®n ten¨ªa como objetivo tener aprobada le reforma de la ley del aborto antes de que acabara la legislatura. Este jueves, esa modificaci¨®n de la norma ha tenido su ¨²ltima votaci¨®n en el Congreso: aprobada por 185 votos a favor y 154 en contra. Ha ocurrido justo una semana despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de inconstitucionalidad que present¨® el Partido Popular hace 13 a?os contra la ley de plazos vigente desde 2010.

El objetivo de esta nueva reforma es garantizar el derecho al aborto en los hospitales p¨²blicos, es decir, que las comunidades aut¨®nomas organicen sus recursos para que todas las mujeres puedan interrumpir su embarazo en un centro p¨²blico, al menos en las capitales de provincia. Consagra el derecho de las j¨®venes de 16 y 17 a?os a decidir la interrupci¨®n del embarazo sin tener que contar con la autorizaci¨®n de sus padres (un elemento que introdujo el Gobierno del PP en 2015), elimina la obligatoriedad de proporcionar previamente a la embarazada informaci¨®n sobre ayudas a la maternidad y suprime los tres d¨ªas de reflexi¨®n que hasta ahora eran preceptivos.

Pero la ley va m¨¢s all¨¢ e incluye por primera vez en la normativa la menstruaci¨®n, con bajas de hasta cinco d¨ªas para reglas dolorosas, que pueden llevar incluso a la incapacidad temporal, as¨ª como un permiso retribuido en el ¨²ltimo mes de gestaci¨®n. A continuaci¨®n, un resumen de las claves de la norma:

Interrupci¨®n voluntaria del embarazo

La normativa mantiene los plazos, vigentes desde 2010. Es decir, que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestaci¨®n y, a partir de ah¨ª y hasta la semana 21, podr¨¢ realizarse lo que se conoce como un aborto terap¨¦utico, es decir, una interrupci¨®n por causas m¨¦dicas, como malformaci¨®n del feto o peligro para la vida de la madre. Adem¨¢s, recoge otras cuestiones:

• Acceso al aborto en el sistema p¨²blico: la norma quiere incidir en garantizar este derecho desde los hospitales p¨²blicos, y propone una organizaci¨®n territorial. Es decir, que cada comunidad aut¨®noma, que son las que tienen las competencias en materia sanitaria, organicen sus recursos para asegurar que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en un centro p¨²blico, como m¨ªnimo, en las capitales de provincia. En cualquier caso, alude a un acceso igualitario para todas las mujeres, residan donde residan, y especifica que de no ser posible en los servicios de salud p¨²blicos, se gestionar¨¢ de forma que el derecho quede garantizado, se ejerza en un hospital p¨²blico o en un centro o cl¨ªnica acreditados.
• Registro de objetores de conciencia: se pondr¨¢ en marcha en cada autonom¨ªa, y los profesionales que quieran inscribirse deber¨¢n hacerlo con antelaci¨®n y por escrito; y, especifica el texto, una vez declarados objetores, estos profesionales lo ser¨¢n tanto para el ¨¢mbito p¨²blico como para el privado.
• A partir de los 16 a?os, las mujeres podr¨¢n abortar sin permiso de sus madres, padres o tutores.
• Eliminaci¨®n de los tres d¨ªas de reflexi¨®n, obligatorios actualmente.
• Eliminaci¨®n de la obligatoriedad de entregar informaci¨®n a las mujeres sobre los recursos y ayudas disponibles en caso de continuar el embarazo. Se har¨¢ ¨²nicamente si ellas lo solicitan.

Salud menstrual

El documento recoge la salud menstrual como parte del derecho a la salud, que debe ser igualitaria para todas en todos los niveles sanitarios y sin distinci¨®n en funci¨®n del lugar de residencia; y especifica que se combatir¨¢n los estereotipos y mitos sobre la regla que a¨²n existen y que dificultan la vida de las mujeres. Qued¨® finalmente fuera del borrador, por negociaciones dentro del Gobierno, la prevista eliminaci¨®n o reducci¨®n del IVA para los productos espec¨ªficos de la higiene femenina, aunque el Ejecutivo indic¨® su prop¨®sito de incorporarla a la ley de Presupuestos Generales. Estos son algunos de los art¨ªculos dentro del ¨¢mbito de la salud menstrual en el borrador de la ley del aborto:

• Bajas de tres d¨ªas bajo supervisi¨®n m¨¦dica, con capacidad de ampliar a cinco, para quienes tengan reglas incapacitantes: dolores intensos, calambres, c¨®licos, n¨¢useas, mareos y v¨®mitos que algunas mujeres sufren cada ciclo.
• Los centros educativos, los que ofrecen servicios sociales para mujeres en riesgo de exclusi¨®n y las prisiones deber¨¢n ofrecer de forma gratuita los productos de higiene necesarios para la menstruaci¨®n. Y, progresivamente, todas las dependencias de los organismos p¨²blicos ir¨¢n incorporando esta medida.
• Esos productos se entregar¨¢n a quienes los necesiten sin mediaci¨®n alguna y ser¨¢n lo m¨¢s sostenibles, ecol¨®gicos y respetuosos con la salud de las mujeres posibles.

Salud reproductiva

• Permiso remunerado antes del parto, desde la semana 36 y hasta el momento del nacimiento.
• Enfoque de la salud reproductiva desde la interseccionalidad y la no discriminaci¨®n, es decir, atendiendo a todas las circunstancias de cada mujer: desde la edad hasta la situaci¨®n econ¨®mica o el origen.
• Protocolos frente al aborto, la anticoncepci¨®n y la esterilizaci¨®n forzadas, atendiendo de manera especial a las mujeres con discapacidad.

Salud sexual

• Gratuidad de los anticonceptivos hormonales, incluidos los de larga duraci¨®n, y la p¨ªldora del d¨ªa despu¨¦s, que ser¨¢n financiados por el sistema p¨²blico.
• Distribuci¨®n de los anteriores m¨¦todos anticonceptivos en institutos en el marco de campa?as de educaci¨®n sexual.
• Dispensaci¨®n de anticonceptivos de barrera en centros educativos, los que ofrecen servicios sociales y en los centros penitenciarios, en el plazo de un a?o.

Vientres de alquiler

El borrador de la nueva norma alude a los vientres de alquiler como una de las formas de violencia contra la mujer. En este apartado qued¨® fuera la posible persecuci¨®n de las parejas que quisieran alquilar vientres fuera de Espa?a. El Ministerio de Igualdad propon¨ªa que la jurisdicci¨®n del art¨ªculo 221 del C¨®digo Penal, que permite perseguir la gestaci¨®n por sustituci¨®n en Espa?a, fuera tambi¨¦n v¨¢lida en el extranjero, pero esto, que depende de una modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y, por tanto, del Ministerio de Justicia, no fue un cambio sobre el que ambos ministerios lograron un acuerdo. ?Qu¨¦ s¨ª qued¨® dentro?

• La prohibici¨®n de la publicidad de las agencias que ofrecen este tipo de servicios, con sanciones para los medios de comunicaci¨®n que incluyan sus anuncios.