Condenado el director de una residencia en La Palma por pr¨¢cticas vejatorias contra internos con discapacidad
La jueza impone tres a?os y nueve meses de prisi¨®n al responsable del centro por someter a tres residentes a aislamientos prolongados o restregar por la cara sus heces
La Residencia para Personas con Discapacidad de Triana, en la isla La Palma (Canarias), ha supuesto un infierno para tres de sus usuarios, con discapacidad severa. Una sentencia del Juzgado de lo Penal n¨²mero 7 de Santa Cruz de La Palma considera probado que el director de la residencia, Jose Ameen Mustaf¨¢ D¨ªaz., cometi¨® tres delitos contra la integridad moral al someter durante a?os a tres usuarios a ¡°pr¨¢cticas vejatorias y humillantes¡±, seg¨²n la sentencia a la que ha accedido EL PA?S y que ha adelantado la Cadena Ser. La jueza, adem¨¢s, impone al condenador una indemnizaci¨®n de 5.000 euros a cada uno de los responsables legales de los internos en concepto de da?os morales.
La sentencia explica que la direcci¨®n del centro ¡ªdependiente del Cabildo de La Palma, aunque con gesti¨®n privada¡ª somet¨ªa a tres de estos internos a pr¨¢cticas como el ¡°aislamiento abusivo en el denominado Espacio Reeducativo, priv¨¢ndolos de la compa?¨ªa del resto de internos y personal del Centro por espacios prolongados de tiempo¡±. Adem¨¢s, les echaba encima garrafas de agua fr¨ªa, ¡°extra¨ªdas del frigor¨ªfico¡±; usaba ¡°mecanismos de contenci¨®n f¨ªsica¡± como manoplas, sujeciones en la deambulaci¨®n, sujeciones en cama, camisas de fuerza y sujeciones en las sillas ¡°de forma abusiva y arbitraria¡±; y restregaba en la cara y la boca de los residentes sus heces y orines, supuestamente ¡°a fin de corregir determinadas conductas relacionadas con el control de esf¨ªnteres¡±.
Una de las denunciantes e impulsoras del caso es la periodista palmera Eugenia Paiz, madre de Rebeca, actualmente de 30 a?os y que sufre un autismo con ¡°conductas disruptivas de autolesi¨®n¡±. Rebeca ingres¨® en abril de 2012 y sufri¨® maltratos durante ocho meses. ¡°Seis d¨ªas despu¨¦s¡±, relata Paiz en conversaci¨®n telef¨®nica, ¡°visito a mi hija con previo aviso al centro, y me la encuentro sedada y babeando por el exceso de medicaci¨®n. Es ah¨ª cuando comienza mi periplo¡±.
Paiz pone en conocimiento del Cabildo los hechos, el cual abre un expediente. Esta investigaci¨®n, de hecho, la obliga a mantener a su hija en el centro, dado que si no la corporaci¨®n insular la habr¨ªa cerrado, explica. ¡°Durante el juicio, la defensa me preguntaba por qu¨¦ manten¨ªa a mi hija ah¨ª, sabiendo que la estaban maltratando. Y lo hac¨ªa porque soy mejor ciudadana que madre, porque si no me sacrificaba y pagaba el precio, las cosas no iban a cambiar¡±. De hecho, durante los ocho meses que transcurrieron, relata la denunciante, el condenado la llamaba para amedrentarla explic¨¢ndole que iba a encerrar a su hija en el espacio. ¡°He pasado momentos de muchos momentos de flaqueza, muchos momentos de soledad¡±.
Fue la presidenta entonces presidenta del Cabido, Mar¨ªa Guadalupe Gonz¨¢lez Ta?o (Coalici¨®n Canaria), la que inform¨® a Eugenia Paiz la gravedad de lo que ocurr¨ªa en el centro. Deriv¨® el expediente a la Fiscal¨ªa, que present¨® acusaci¨®n. ¡°Creo que todos tenemos que vigilar a los vigilantes¡±, asegura en declaraciones a la Cadena Ser la fiscal, Rosa Rubio, quien es la delegada de la Especialidad Civil y de Protecci¨®n Jur¨ªdica de las Personas con Discapacidad en las islas Canarias. ¡°Ha sido un camino muy largo, pero que demuestra que podemos llegar a saber lo que pasa en un centro y hacer justicia¡±, incide.
¡°Me siento en la obligaci¨®n de hacer pedagog¨ªa de los derechos fundamentales de mi hija y de todas las personas como ella¡±, concluye Eugenia Paiz, ¡°para que esta sentencia no quede guardada en un caj¨®n. Las multas y las condenas por s¨ª solas no sirven de nada¡±. Y reclama que estos centros sean de titularidad completamente p¨²blica. ¡°No puede permitirse que las empresas hagan negocio con algo que forma parte de nuestro bienestar¡±.
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