Interior trata de sellar las fisuras en la protecci¨®n de mujeres v¨ªctimas de violencia machista
El ministerio de Grande-Marlaska mantendr¨¢ activos hasta un a?o m¨¢s los casos en los que exista un ¡°riesgo latente¡± antes de retirar las medidas
El Ministerio del Interior acaba de poner en marcha una bater¨ªa de medidas dirigidas a la mejor protecci¨®n de las mujeres que sufren violencia de g¨¦nero. Los nuevos criterios para establecer los mecanismos de protecci¨®n de estas v¨ªctimas coinciden con el ¨²ltimo caso de violencia vicaria ocurrido el pasado domingo en Almer¨ªa, donde un hombre envenen¨® con pesticida a sus dos hijas, de cuatro y dos a?os, y posteriormente se suicid¨®. Sin embargo, las medidas que han entrado en vigor este mismo lunes mediante una instrucci¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad emergen de las ¨²ltimas mesas de evaluaci¨®n de casos, que peri¨®dicamente analizan los asesinatos de mujeres que se producen en Espa?a, seis en lo que va de a?o y 1.245 desde que empezaron a contabilizarse en 2003. ¡°Se trata de una serie de requisitos que persiguen alargar la protecci¨®n y mantenerla en aquellos casos en los que los expertos policiales determinen que existe un ¡®riesgo latente¡±, explica Bel¨¦n Crego, responsable del ¨¢rea de Violencia de G¨¦nero, Estudios y Formaci¨®n de la citada Secretar¨ªa de Estado. Aterriz¨® en el cargo hace cuatro meses y ha tomado el mando ¡°con ganas de mejorar¡±, asegura.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se propone, de este modo, sellar las fisuras de la protecci¨®n desde una perspectiva policial, tanto en los casos activos como en los que podr¨ªan ser desactivados. De las 58 asesinadas registradas en 2023, ¡°eran 15 los casos en los que constaban denuncias previas por maltrato, de los que seis se manten¨ªan activos¡±, recuerda Crego. El objetivo de las nuevas medidas es ¡°endurecer los requisitos para la desactivaci¨®n de casos, de manera que existan m¨¢s variables por las que se sostenga la protecci¨®n de la mujer en el tiempo¡±, explica.
Por un lado, limita los criterios que permiten la inactivaci¨®n de casos abiertos en el Sistema Viog¨¦n, que acumula desde julio de 2007 y hasta el pasado 29 de febrero 794.273 casos, de los que 83.070 est¨¢n activos. Es decir, incluyen un control policial graduado en funci¨®n del nivel de riesgo detectado en cada supuesto. Un total de 696.448 son inactivos, aquellos en los que los especialistas policiales consideran innecesario mantener mecanismos de control. Adem¨¢s, hay 811 casos dados de baja y 13.944 corresponden a v¨ªctimas en el extranjero. Un total de 2.881 agentes velan por esa protecci¨®n, seg¨²n los ¨²ltimos datos de Interior, y han realizado 6.627.290 evaluaciones del riesgo desde 2018.
La nueva instrucci¨®n abre la posibilidad, adem¨¢s, a una nueva modalidad de protecci¨®n denominada ¡°inactivaci¨®n supervisada¡±, que se aplicar¨¢ en aquellos supuestos considerados de alta complejidad. En concreto, se utilizar¨¢ cuando los evaluadores policiales consideren la situaci¨®n como de especial relevancia o en cuando afecten a menores de edad en riesgo.
¡°En este tremendo caso de Almer¨ªa, por ejemplo, policialmente se hab¨ªa hecho todo lo posible, era un caso activo, pero el juez hab¨ªa establecido un r¨¦gimen de visitas con las dos hijas, y estas no estaban sujetas a ninguna medida de protecci¨®n con respecto al padre; nosotros no podemos entrar en medidas civiles¡±, explican fuentes conocedoras del caso. ¡°Saldr¨¢ en la pr¨®xima mesa de valoraci¨®n de casos con toda seguridad, son situaciones muy dif¨ªciles de anticipar, porque no suelen tener factores de riesgo tradicionales¡±, advierten las mismas fuentes. ¡°Hay much¨ªsimas situaciones similares, porque la ley prev¨¦ que es siempre un juez quien va a decidir si establece o no un r¨¦gimen de visitas y c¨®mo¡±, han se?alado ya en situaciones similares.
Los finales y comienzos de a?o suelen ser periodos negros en lo que a violencia de g¨¦nero se refiere, seg¨²n los expertos y las estad¨ªsticas. El an¨¢lisis de algunos casos en esas mesas de evaluaci¨®n, como el ocurrido el pasado 23 de noviembre en Carabanchel (Madrid), ha dado lugar a esta nueva bater¨ªa de medidas. Entonces, un hombre de 26 a?os con denuncias por malos tratos asesin¨® a cuchilladas a su exmujer, Tatiana Beatriz A. T., de 25 a?os, y a la hija de ambos, de apenas cinco.
O el caso de Elisa, la mujer de Armilla (Granada) a la que el pasado 7 de noviembre su expareja, denunciado en sucesivas ocasiones y que solo hab¨ªa sido condenado a seis meses de trabajos para la comunidad, acuchill¨® en el cuello y en la cara delante de sus tres hijos. ¡°Fall¨® todo el sistema¡±, admite por tel¨¦fono Loli Ca?avete, la alcaldesa de Armilla (PSOE). ¡°Elisa, que denunci¨®, que utiliz¨® los recursos previstos por el sistema, que tuvo que volver a convivir con su agresor por temporadas porque no ten¨ªa recursos econ¨®micos para mantener a sus tres hijos, contin¨²a hospitalizada, con enormes secuelas, y sus hijos se mantienen unidos gracias a las ayudas que les da el Ayuntamiento: alquiler, alimento, ropa...¡±, apunta Ca?avete.
¡°El conocimiento adquirido a lo largo de estos a?os en lo relacionado con los homicidios de violencia de g¨¦nero, y de otros hechos de especial gravedad con denuncia previa, ha permitido conocer este fen¨®meno con mayor detalle y aconseja evitar la inactivaci¨®n precoz de casos en los que el riesgo real permanece latente¡±, recoge la nueva instrucci¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad. ¡°La experiencia acumulada durante el a?o de funcionamiento de la Mesa de Evaluaci¨®n y Seguimiento de los Casos Letales de Violencia de G¨¦nero aconseja tambi¨¦n la revisi¨®n de los criterios de inactivaci¨®n de casos abiertos en el sistema Viog¨¦n para mejorar la seguridad de las v¨ªctimas¡±, se?ala.
Nuevos requisitos
A partir de ahora, para inactivar casos de riesgo no apreciado o riesgo bajo, ser¨¢ necesario ¡°que no existan medidas judiciales de protecci¨®n en vigor, que los expertos policiales contacten al menos una vez de manera presencial con la v¨ªctima y realicen una reevaluaci¨®n del riesgo, y que las circunstancias de vulnerabilidad de la v¨ªctima o peligrosidad del agresor no aconsejen lo contrario¡±.
En los casos en los que el riesgo sea medio, alto o extremo, para inactivarlos ser¨¢ necesario ¡°que no haya sido posible localizar a la v¨ªctima durante al menos seis meses¡±, o ¡°que se haya producido la muerte, salida al extranjero, internamiento en centro bajo custodia del agresor o la v¨ªctima, o cualquier otra circunstancia an¨¢loga que haga innecesaria la protecci¨®n o imposibilite la agresi¨®n¡±, o que se produzca la renuncia voluntaria, manifiesta y reiterada de la v¨ªctima a su protecci¨®n. Sin embargo, en esos casos, incluso cuando la v¨ªctima quiera renunciar a la protecci¨®n, solo se contemplar¨¢ en los siguientes supuestos: ¡°Cuando no existan medidas judiciales de protecci¨®n, adem¨¢s ser¨¢ obligatorio dejar constancia en el sistema VioG¨¦n de la renuncia a la protecci¨®n como causa de inactivaci¨®n, y ser¨¢ obligatorio remitir comunicaci¨®n detallada y razonada a la autoridad judicial y al ministerio fiscal, y el agente evaluador del caso deber¨¢ aplicar el Protocolo Cero, previsto para los supuestos de ¡®agresor persistente¡¯ o ¡®v¨ªctima resistente¡±.
Inactivaci¨®n supervisada
Otra de las medidas destinada a prolongar la protecci¨®n de las mujeres v¨ªctimas de malos tratos es la llamada ¡°inactivaci¨®n supervisada¡±. ¡°Se aplicar¨¢ en aquellos supuestos cualificados por su alta complejidad y la existencia de un riesgo cualificado para la mujer¡±, se?ala la instrucci¨®n. Son casos en los que se suspenden las reglas ordinarias de inactivaci¨®n: ¡°Los que en alg¨²n momento han sido evaluados como de especial relevancia o con menores en riesgo¡±, o casos ¡°que en los ¨²ltimos seis meses hayan tenido valoraci¨®n de riesgo medio, alto o extremo¡±, o aquellos en los ¡°que, tras la primera evaluaci¨®n, se hayan registrado en los seis meses siguientes dos o m¨¢s denuncias¡±, y tambi¨¦n ¡°los casos que cumplen los criterios generales de inactivaci¨®n pero que, a juicio del agente evaluador, deben pasar a la situaci¨®n de inactivaci¨®n supervisada¡±.
La inactivaci¨®n supervisada podr¨¢ prorrogarse hasta por un a?o, con un periodo m¨ªnimo inicial de seis meses, con dos posibles pr¨®rrogas trimestrales. Durante dicho periodo, se realizar¨¢n valoraciones de riesgo mediante entrevistas personales con la v¨ªctima y las medidas de protecci¨®n ser¨¢n las que correspondan a cada nivel de riesgo resultante, si bien en los supuestos de ¡°no apreciado¡± se aplicar¨¢n al menos las medidas de ¡°riesgo bajo¡±. Finalizado el periodo de inactivaci¨®n supervisada, para proceder a la inactivaci¨®n ordinaria del caso deben hacerse previamente al menos dos evaluaciones de riesgo con el resultado sucesivo de ¡°no apreciado¡±, as¨ª como una entrevista personal con la v¨ªctima.
La nueva instrucci¨®n mantiene un esp¨ªritu de mayor cercan¨ªa hacia la v¨ªctima y mayor atenci¨®n personalizada, y aboga por un aspecto fundamental, que tiene que ver con la coordinaci¨®n de todas las instituciones competentes en su amparo: ¡°La activaci¨®n de medidas de colaboraci¨®n y activaci¨®n de recursos en favor de la v¨ªctima con otras instituciones¡±.
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