El Supremo se inclina por mantener el acceso a la p¨ªldora abortiva en Estados Unidos

El Supremo de Estados Unidos escuch¨® este martes los argumentos orales en un caso que devolvi¨® al alto tribunal el asunto del aborto casi dos a?os despu¨¦s de que sus magistrados derogaran medio siglo de la protecci¨®n federal que fij¨® la hist¨®rica sentencia Roe contra Wade (1973). Discut¨ªan si restringir o no el uso de la mifepristona, la p¨ªldora m¨¢s usada en combinaci¨®n con otra llamada misoprostol para practicar interrupciones del embarazo. Tras 100 minutos de debate y de preguntas sobre las razones de ambas partes, los nueve jueces parecieron inclinarse por mantener el nivel actual de acceso al f¨¢rmaco en Estados Unidos. La sentencia no se conocer¨¢ hasta el final del curso judicial, en junio.

Hasta que esa fecha llegue, solo es posible interpretar las actitudes de los magistrados durante la vista de este martes. Y de esa lectura cabe concluir que una mayor¨ªa ¨Dtal vez todos ellos menos los dos m¨¢s a la derecha, Samuel Alito y Clarence Thomas¨D entiende que los querellantes, una asociaci¨®n de m¨¦dicos cristianos antiabortistas creada ex profeso para lanzar esta cruzada judicial, no han demostrado cumplir un requerimiento que exige la ley: haber sufrido un da?o suficiente en el asunto que se discute para estar autorizados a demandar.

El Supremo estadounidense est¨¢ formado por cinco hombres y cuatro mujeres. Tres magistradas se identifican como liberales y seis como conservadores, tres de los cuales nombr¨® el expresidente Donald Trump con el encargo expreso de cambiar las reglas sobre el aborto en Estados Unidos. Uno de los nombramientos del expresidente, Neil Gorsuch, alert¨® de algo que considera una tendencia preocupante: el aumento de asuntos llevados ante ese tribunal por un grupo de individuos con aspiraciones de convertir sus ¡°peque?as demandas¡± en ¡°cambios de hondo calado¡± y alcance ¡°universal¡±. ¡°Este caso es un excelente ejemplo de eso¡±, consider¨®.

FDA Vs Alliance for Hipocratic Medicine (AHM) tiene su origen en una demanda interpuesta en noviembre de 2022 contra la agencia del medicamento (FDA) al calor de la pol¨¦mica sentencia del Supremo que tumb¨® el derecho constitucional al aborto en junio de ese a?o. Aquel fallo devolvi¨® a los Estados el poder para regular sobre la libertad reproductiva de las mujeres. La AHM eligi¨® iniciar su guerra judicial en Amarillo (Texas), confiada en que all¨ª se encargar¨ªa del caso Matthew Kacsmaryk, un juez cristiano conservador, y que su decisi¨®n la revisar¨ªa despu¨¦s un tribunal de apelaciones, el del Quinto Circuito, tambi¨¦n con una trayectoria proclive a sus intereses.

Los 15 primeros minutos de la sesi¨®n en el solemne edificio del Supremo en Washington ¨Da cuyas puertas se concentraron desde horas antes del comienzo de la vista manifestantes a favor y en contra del aborto¨D se fueron en discutir si esa ¡°alianza por la medicina hipocr¨¢tica¡± tienen capacidad legal para demandar a la FDA, dado que no recetan p¨ªldoras abortivas como parte de su pr¨¢ctica. Elizabeth B. Prelogar, abogada que representaba a la agencia, tambi¨¦n argument¨® que aunque lo hicieran ser¨ªa altamente improbable que se encontraran con pacientes con complicaciones derivadas del uso de mifepristona; en uno de los estudios aportados por la Administraci¨®n se fija en un 0,32% el n¨²mero de esos casos. La AHM afirma por el contrario, aunque sin aportar pruebas, que se han registrado ¡°decenas de miles de complicaciones¡±.

El objetivo inicial de los demandantes era prohibir el acceso total a la p¨ªldora abortiva, que, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Instituto Guttmacher, concursa junto al misoprostol en el 63% de las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en Estados Unidos, una cifra que ha crecido tras la derogaci¨®n de la sentencia que tumb¨® Roe. El primer f¨¢rmaco detiene la producci¨®n de progesterona e interrumpe la gestaci¨®n; el segundo provoca contracciones en la paciente y provoca la expulsi¨®n del feto. La FDA, que aprob¨® su uso hace m¨¢s de 20 a?os, calcula que la han usado m¨¢s de cinco millones de mujeres desde entonces.

Kacsmaryk les dio la raz¨®n en todo en Amarillo, pero el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisdicci¨®n sobre Texas, Luisiana y Misisip¨ª, solo les compr¨® una parte del argumento: la que culpa a sendas decisiones de 2016 y 2021, que ampliaron el acceso a la p¨ªldora abortiva al permitir su receta por telemedicina y la compra por correo, de un supuesto aumento de los problemas derivados de ese uso m¨¢s extendido. Prelogar dijo que no exist¨ªan datos para sostener esa relaci¨®n causa-efecto. Por su parte, Jessica Ellsworth, la letrada que represent¨® ante el Supremo a Danco, la farmac¨¦utica que comercializa la mifepristona, record¨® que dos estudios citados por los demandantes para argumentar que el f¨¢rmaco no es seguro fueron repudiados recientemente por la revista cient¨ªfica que los hab¨ªa publicado, y que esta se retract¨® de su difusi¨®n.

Plazo reducido

Si el Supremo contradijera las se?ales que emiti¨® este martes (que en ning¨²n caso son concluyentes) y diera la raz¨®n a los demandantes, la mifepristona se podr¨¢ seguir recetando, pero solo en persona y con un l¨ªmite de siete semanas, frente a las 10 actuales, que es el tiempo durante el que la ciencia ha demostrado su eficacia para interrumpir la gestaci¨®n. El nuevo plazo equivaldr¨ªa en la pr¨¢ctica a una prohibici¨®n, pues muchas mujeres no pueden saber para entonces si est¨¢n encintas.

Desde el final de Roe contra Wade, 21 Estados han prohibido o restringido severamente el derecho al aborto en mitad de un ca¨®tico mapa de legislaciones cruzadas y batallas en los tribunales. En esos territorios, las mujeres han recurrido m¨¢s que antes de la sentencia a la mifepristona, porque as¨ª se ahorran los largos y costosos desplazamientos a otros Estados para poder acceder a un aborto quir¨²rgico en cl¨ªnicas que a menudo se encuentran colapsadas por la creciente demanda de los ¨²ltimos dos a?os. Los estudios demuestran que tras el fallo del Supremo el n¨²mero de interrupciones del embarazo ha crecido en lugar disminuir en Estados Unidos.

Erin Hawley, abogada que representaba la AHM y esposa del senador republicano de Misuri Josh Hawley, voz destacada de la facci¨®n m¨¢s conservadora del partido, se quej¨® de que el movimiento antiabortista en Estados Unidos, que logr¨® del Supremo una gran victoria en 2022 tras cuatro d¨¦cadas de luchar por ella, hab¨ªa sufrido un perjuicio por haber tenido que concentrar sus esfuerzos en ¡°en explicar los peligros de los medicamentos abortivos¡±. Ese argumento lo puso en duda hasta Clarence Thomas, tal vez el juez situado ideol¨®gicamente m¨¢s a la derecha de los nueve.

Durante la vista tambi¨¦n flot¨® otra pregunta: ?seguir¨ªa el Supremo la senda de sentencias anteriores con las que han restado poder a las agencias gubernamentales, como hizo en 2023 con la EPA, encargada de la protecci¨®n del medioambiente? La idea de que su influencia ha engordado demasiado en el sistema estadounidense es uno de los argumentos favoritos del ala m¨¢s dura del Partido Republicano. Otro punto de la defensa de la FDA es que si el alto tribunal da la raz¨®n a la otra parte eso abrir¨¢ la compuerta para que se pueda poner en duda cualquier decisi¨®n sobre un medicamento bas¨¢ndose en razones pol¨ªticas. Tras lo escuchado este martes, parece que los jueces no usar¨¢n este caso para ahondar en esa estrategia.

Est¨¢ no ser¨¢ la ¨²nica oportunidad en la que el alto tribunal tercie este a?o en el tema del aborto, uno de los asuntos que m¨¢s han hecho por deteriorar su imagen, m¨¢s da?ada que nunca, ante la opini¨®n p¨²blica estadounidense. En abril, examinar¨¢n el caso Idaho contra Estados Unidos, en el que deben decidir sobre la legalidad de una norma antiaborto del Estado del Medio Oeste. Es una de las m¨¢s severas del pa¨ªs. Seg¨²n sus detractores, enfrenta a m¨¦dicos y enfermeras a un dilema de dif¨ªcil soluci¨®n en los casos en los que la vida de la madre est¨¢ en peligro si se la obliga a continuar con la gestaci¨®n. Si practican una interrupci¨®n del embarazo, se exponen, seg¨²n la ley de Idaho, a perder su licencia o incluso a acabar en la c¨¢rcel. Si no, contravendr¨ªan otra norma, esta de alcance federal, que obliga a los hospitales que ofrezcan servicios de emergencia a intervenir si la salud de la paciente est¨¢ en juego.