El aborto regresa al Supremo de Estados Unidos con el uso de un medicamento para interrumpir el embarazo
El alto tribunal debe decidir sobre si aumenta las restricciones para la mifepristona, un f¨¢rmaco que se emplea en m¨¢s de la mitad de los casos en el pa¨ªs
El acceso al aborto en Estados Unidos vuelve este martes al Supremo. Lo har¨¢ con un caso que cuestiona la conveniencia de la administraci¨®n sin ciertas restricciones de la mifepristona, un f¨¢rmaco que, combinado con otro llamado misoprotol, forma el c¨®ctel m¨¢s empleado en las interrupciones de embarazo en este pa¨ªs. Se trata del mismo alto tribunal que inaugur¨® una nueva y ca¨®tica era en la libertad reproductiva de las mujeres en junio de 2022, cuando sus nueve magistrados, seis de ellos conservadores, tres de los cuales nombr¨® Donald Trump, tumbaron el precedente de medio siglo fijado por la hist¨®rica sentencia Roe contra Wade.
Aquel fallo se tradujo en la derogaci¨®n la protecci¨®n federal al aborto y en la devoluci¨®n a los Estados del poder para regular en ese asunto: desde entonces, 21 han prohibido o restringido severamente ese derecho en mitad de un mapa dif¨ªcil de dibujar por las legislaciones cruzadas y las batallas en los tribunales. En los 14 territorios que cuentan con un veto total, este tambi¨¦n afecta a la mifepristona.
El caso de este martes, FDA Vs Alliance for Hipocratic Medicine (AHM), enfrenta a la agencia del medicamento contra una asociaci¨®n antiabortista creada en junio de 2022 y que lanz¨® su cruzada contra el f¨¢rmaco desde el Estado republicano de Texas. El veredicto del Supremo, que no se conocer¨¢ hasta el final del curso judicial, a finales de junio, podr¨ªa aumentar las restricciones a su acceso (rebajando el plazo y las condiciones en las que a los m¨¦dicos les est¨¢ permitido recetarlo ), lo cual tendr¨ªa consecuencias en todo el pa¨ªs, tambi¨¦n en aquellos lugares en los que sigue siendo legal el aborto. En torno al 63% de las interrupciones del embarazo se llevan a cabo en Estados Unidos recurriendo a estas pastillas, seg¨²n los ¨²ltimos datos del Instituto Guttmacher. En 2020, cuando a¨²n estaba en vigor Roe contra Wade, las p¨ªldoras concursaban en el 53% de los casos.
¡°Ese incremento indica que el acceso a esos medicamentos ha sido a¨²n m¨¢s fundamental tras la prohibici¨®n del Supremo que antes, porque los n¨²meros confirman que el n¨²mero de abortos no ha disminuido [desde 2022], sino que ha crecido hasta los niveles m¨¢s altos en m¨¢s de una d¨¦cada¡±, explica Destiny L¨®pez, consejera delegada en funciones de ese instituto, dedicado a la defensa de la libertad reproductiva. Las pacientes que recurren a esos m¨¦todos aducen razones de privacidad o de conveniencia para no acudir a la consulta de un m¨¦dico. Y luego est¨¢n aquellas que viven en lugares en los que la interrupci¨®n del embarazo est¨¢ prohibida o severamente restringida, lo que les obliga a emprender viajes, largos y costosos, a otros Estados, con destino a menudo a cl¨ªnicas que llevan casi dos a?os saturadas por el aumento de solicitudes.
Los demandantes buscaron con cuidado un tribunal (el del distrito de Amarillo) y un juez conservador (Matthew Kacsmaryk, con un prolongado historial de decisiones contra el aborto) para lograr su objetivo, con el argumento de que la FDA pas¨® por alto amenazas a la salud p¨²blica cuando tras la pandemia permiti¨® que la mifepristona se obtuviera con mayor facilidad, sin necesidad de acudir al m¨¦dico en persona o ampliando la flexibilidad para comprar las p¨ªldoras por correo. En los argumentos legales aportados al Supremo, la AHM habla, sin aportar pruebas, de ¡°decenas de miles de complicaciones en pacientes derivadas del uso de la mifepristona¡±.
Lo cierto es que cuando la FDA aprob¨® su uso en 2000 reconoci¨® que esta pod¨ªa provocar hemorragias e impuso una serie de restricciones a su distribuci¨®n que luego fue aliviando con los a?os. Al principio, solo se permit¨ªa su uso en las primeras siete semanas de gestaci¨®n, plazo que se ampli¨® en 2016 a las 10 actuales. En estas dos d¨¦cadas, un centenar de estudios cient¨ªficos han concluido que se trata de un f¨¢rmaco seguro, y que no reviste contraindicaciones m¨¢s graves que otros medicamentos de uso extendido. Recientemente, una publicaci¨®n m¨¦dica se retract¨® de dos estudios que sosten¨ªan lo contrario. Seg¨²n la FDA, m¨¢s de cinco millones de mujeres lo han usado. Esos estudios tambi¨¦n defienden su alta eficacia si se emplea en la primera fase del embarazo y combinado con el misoprostol. La primera medicaci¨®n detiene la producci¨®n de progesterona e interrumpe la gestaci¨®n; la segunda provoca contracciones en la paciente y la ayuda a evacuar el feto.
Dos preguntas
En otro argumento legal aportado al caso del Supremo, un grupo de asociaciones que incluye al Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginec¨®logos, se puede leer: ¡°Los eventos adversos importantes (infecci¨®n significativa, p¨¦rdida excesiva de sangre u hospitalizaci¨®n) ocurren en menos del 0,32% de los casos, seg¨²n un estudio de gran prestigio con m¨¢s de 50.000 pacientes¡±.
Dada la naturaleza de los demandantes, el Supremo se enfrenta a dos preguntas, seg¨²n explica en una conversaci¨®n telef¨®nica Sabrina Talukder, abogada del centro de an¨¢lisis progresista Center for American Progress, con sede en Washington. ¡°La primera es si una organizaci¨®n conservadora cristiana en la que no participa ning¨²n ginec¨®logo u otro especialista que haya trabajado con el f¨¢rmaco cuestionado est¨¢ autorizada para lanzar ese ataque legal¡±, aclara. Otro motivo por el que se decantaron por Amarillo, contin¨²a Talukder, es que el tribunal de apelaciones que corresponde a esa ¨¢rea es el del Quinto Circuito, que tiene su sede en Nueva Orleans y jurisdicci¨®n sobre Luisiana, Texas y Misisipi, y es, en la definici¨®n de la experta, ¡°el m¨¢s extremista de Estados Unidos¡±. ¡°En este caso, funciona adem¨¢s como un tobog¨¢n que lleva directo al Supremo¡±, a?ade. A Talukder le preocupa lo que eso indica de c¨®mo ¡°la politizaci¨®n de la justicia est¨¢ llevando a Estados Unidos tambi¨¦n a una politizaci¨®n de la medicina¡±.
La segunda pregunta afecta al fondo del asunto. Si los jueces confirman el fallo del tribunal de apelaciones, la regulaci¨®n sobre la mifepristona, de cuya comercializaci¨®n se beneficia Danko Laboratories, farmac¨¦utica con sede en Nueva York, viajar¨ªa en el tiempo hasta 2011, cuando el f¨¢rmaco solo pod¨ªa recetarlo un m¨¦dico en persona, y nunca, como ahora, en una consulta remota, tras la que la paciente puede recibir las pastillas a vuelta de correo. Tambi¨¦n devolver¨ªa el plazo en el que se permite su uso a las siete semanas, un tiempo en el que muchas mujeres no pueden saber a¨²n que est¨¢n embarazadas. La restricci¨®n del acceso a la mifepristona reducir¨ªa las opciones de los abortos m¨¦dicos, que a¨²n podr¨ªan llevarse a cabo usando solo misoprostol, como sucede en pa¨ªses como Brasil. Esa opci¨®n es menos eficaz y provoca, seg¨²n los m¨¦dicos, mayores efectos secundarios, como calambres, diarrea o fiebre.
Los defensores de restringir el acceso a la mifepristona tambi¨¦n argumentan que eso limitar¨ªa el poder de las agencias gubernamentales, que se cuentan (desde el FBI, a la EPA, que protege el medioambiente) entre los principales enemigos de los pol¨ªticos republicanos. Desde el otro lado del espectro pol¨ªtico, arguyen que una decisi¨®n del Supremo desfavorable a sus intereses podr¨ªa sentar un peligroso precedente. ¡°Abrir¨ªa la puerta¡±, advierte Talukder, ¡°a que cualquier ciudadano ponga en duda la autoridad de la FDA para decidir sobre los medicamentos que se pueden recetar, y no siguiendo criterios m¨¦dicos, sino pol¨ªticos¡±.
La de este martes no ser¨¢ la ¨²nica oportunidad en la que el alto tribunal tercie este a?o en el tema del aborto, uno de los asuntos que m¨¢s han hecho por deteriorar su imagen, m¨¢s da?ada que nunca, ante la opini¨®n p¨²blica estadounidense. En abril, sus nueve magistrados examinar¨¢n el caso Idaho contra Estados Unidos, en el que deben decidir sobre la legalidad de una norma antiaborto del Estado del Medio Oeste. Es una de las m¨¢s severas del pa¨ªs. Seg¨²n sus detractores, enfrenta a m¨¦dicos y enfermeras a un dilema de dif¨ªcil soluci¨®n en los casos en los que la vida de la madre est¨¢ en peligro si se la obliga a continuar con la gestaci¨®n. Si practican una interrupci¨®n del embarazo, se exponen, seg¨²n la ley de Idaho, a perder su licencia o incluso a acabar en la c¨¢rcel. Si no, contravendr¨ªan otra norma, esta de alcance federal, que obliga a los hospitales que ofrezcan servicios de emergencia a intervenir si la salud de la paciente est¨¢ en juego.
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