La pelea de cientos de familias para cuidar a sus hijos enfermos: ¡°Nos discriminan por ser funcionarios¡±

Un mismo hecho, tener a un hijo gravemente enfermo, genera unos derechos de cuidado u otros en funci¨®n de la profesi¨®n de los padres. Esta es la queja de un grupo de familias organizadas a trav¨¦s de un chat en WhatsApp. Hay unos 700 integrantes, calculan que ser¨¢n unas 500 familias, todas con alg¨²n funcionario o interino. Desde 2011, en Espa?a se puede pedir una reducci¨®n de jornada de al menos el 50%, percibiendo el salario ¨ªntegro, para atender a un hijo con c¨¢ncer u otras dolencias graves. Los padres se quejan de que los funcionarios, cuyos permisos son costeados por las administraciones, t...

Un mismo hecho, tener a un hijo gravemente enfermo, genera unos derechos de cuidado u otros en funci¨®n de la profesi¨®n de los padres. Esta es la queja de un grupo de familias organizadas a trav¨¦s de un chat en WhatsApp. Hay unos 700 integrantes, calculan que ser¨¢n unas 500 familias, todas con alg¨²n funcionario o interino. Desde 2011, en Espa?a se puede pedir una reducci¨®n de jornada de al menos el 50%, percibiendo el salario ¨ªntegro, para atender a un hijo con c¨¢ncer u otras dolencias graves. Los padres se quejan de que los funcionarios, cuyos permisos son costeados por las administraciones, tienen m¨¢s trabas para acceder a esta ayuda que en la empresa privada, donde la Seguridad Social asume el pago de las prestaciones. Ana Ramos, con plaza de inspectora de sanidad en la Administraci¨®n General del Estado, tuvo que llegar a los tribunales porque el m¨¢ximo que le otorgaban era del 73,34%. Pero su hijo, de apenas un a?o, padece una enfermedad rara y, si se descompensa, puede ser fatal. Ante cualquier sospecha, la consigna es correr al hospital. Le da 14 dosis de medicaci¨®n distintas ocho veces al d¨ªa, tambi¨¦n de noche. As¨ª no puede llevarlo a la guarder¨ªa. Cautelarmente, y mientras espera al juicio, en enero de 2025, le han concedido una reducci¨®n de jornada del 99,9%, que solo la obliga a fichar cinco minutos al d¨ªa.

Las familias explican que, en el caso de la empresa privada, mientras se cumplan los requisitos, los hijos necesiten de cuidados permanentes, continuos y directos y se certifique con un informe m¨¦dico, el proceso es m¨¢s autom¨¢tico: el padre o la madre que vaya a disfrutar de la prestaci¨®n decide qu¨¦ reducci¨®n de jornada necesita y la mutua colaboradora de la Seguridad Social determina si se otorga o no. ¡°Para los asalariados, hay un real decreto con un desarrollo normativo, y en ning¨²n caso se establece una reducci¨®n m¨¢xima. Para los funcionarios, no existe ese desarrollo. Se anunci¨® el derecho en el Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico, pero se dej¨® en manos de cada Administraci¨®n, no hay unos criterios ¨²nicos para todo el pa¨ªs¡±, expone Montserrat Aranda, que tiene 50 a?os y trabaja en la empresa privada, ella misma se beneficia de esta reducci¨®n de jornada, tiene un hijo con un 84% de discapacidad. Peleando junto a otras madres por mejorar la prestaci¨®n, se encontr¨® con las quejas de decenas de funcionarios.

¡°Hemos identificado m¨¢s de 20 normativas, algunas fijan porcentajes m¨¢ximos, otras no. Los funcionarios critican las desigualdades para acceder a este derecho y piden, entre otras cosas, una regulaci¨®n unificada, que fije unos criterios claros, a partir de los cuales pueda regular cada Administraci¨®n¡±, a?ade Aranda. En La Rioja, por poner solo un ejemplo, se considera que el permiso, con car¨¢cter general, ser¨¢ de una reducci¨®n del 50%, que se puede elevar a un m¨¢ximo del 75%. El Gobierno regional asegura que est¨¢n analizando la ampliaci¨®n. ¡°Hay comunidades en las que el 99,9% solo se otorga en casos en que hay hospitalizaci¨®n o una fase muy cr¨ªtica de la enfermedad. Nos estamos encontrando con que muchas veces las administraciones ponen dificultades para otorgar m¨¢s de un 50%, aunque sus normativas no lo pongan as¨ª por escrito. Y hay diferencias no solo auton¨®micas, sino incluso dentro de distintos sectores en una misma comunidad¡±, prosigue. El Ministerio para la Transformaci¨®n Digital y la Funci¨®n P¨²blica, con quienes han solicitado una reuni¨®n, asegura que estudiar¨¢ el asunto.

Se desconoce cu¨¢ntos funcionarios e interinos hacen uso de este permiso retribuido. En el caso de la empresa privada, Aranda se?ala que eran unos 13.000 a finales del a?o pasado. Se trata siempre de situaciones graves. Muchos casos acaban en los tribunales. Como el de Ana Ramos, la madre del ni?o de un a?o con una enfermedad rara: hiperplasia suprarrenal cong¨¦nita. El peque?o no produce cortisol, una hormona fundamental para que el cuerpo reaccione ante una infecci¨®n o un traumatismo, por ejemplo. ¡°Ni tampoco aldosterona, otra hormona que regula el equilibrio de los iones del cuerpo, el sodio, el potasio¡­¡± Es important¨ªsimo que est¨¦ controlado. Tras su permiso por maternidad, en verano del a?o pasado, solicit¨® el permiso retribuido. ¡°Me lo concedieron, pero me dijeron que, ante la falta de un desarrollo normativo para la Administraci¨®n General del Estado, ten¨ªan que atender a unos criterios de Funci¨®n P¨²blica que establecen que cada Administraci¨®n puede excepcionalmente elevar la reducci¨®n de jornada por encima del 50%, pero siempre que se permita cubrir de forma m¨ªnima el servicio. As¨ª que me otorgaron un 73,34%¡±, apunta la mujer, que vive en Barcelona.

Ramos tuvo que volver al trabajo, pero era imposible llegar a todo. Asimilando la enfermedad de su hijo y aprendiendo a vivir con los riesgos que conlleva. Tuvo que pedir una baja por la ansiedad que estaba sufriendo. ¡°Estaba desbordada¡±. Insiste en que en el trabajo siempre se portaron fenomenal con ella, sus compa?eros y sus jefes, pero que ¡°no pod¨ªan hacer otra cosa¡±. ¡°Nos discriminan en el cuidado de nuestros hijos porque somos funcionarios. Falta regulaci¨®n¡±, se queja. Ahora est¨¢ tranquila, porque sabe que hasta enero de 2025 tiene las medidas cautelares que le garantizan una reducci¨®n del 99,9%. Aspira a volver al trabajo en cuanto el ni?o est¨¦ escolarizado.

La justificaci¨®n que le dieron alude, seg¨²n explican fuentes del Ministerio de Funci¨®n P¨²blica, a una respuesta publicada en el Bolet¨ªn de Consultas sobre recursos humanos, que aporta criterios interpretativos, pero que no son vinculantes. En todo caso, estas fuentes a?aden que, ¡°a diferencia del sector privado, existe una vinculaci¨®n con los intereses generales y la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos¡±, as¨ª que los reglamentos que desarrollen el permiso para los funcionarios pueden ¡°tomar como elemento relevante para marcar l¨ªmites a la reducci¨®n de jornada las necesidades del servicio¡±, y corresponder¨¢ a cada Administraci¨®n evaluar los porcentajes m¨¢ximos. Tambi¨¦n apuntan que las comunidades son competentes para el desarrollo normativo. En cualquier caso, estas fuentes afirman que estudiar¨¢n las peticiones de los funcionarios.

Este grupo de familias no entiende las desigualdades, ni entre comunidades ni con la empresa privada. Y se queja del largo y costoso recorrido judicial a la que muchas se ven abocadas. Assumpta Garrido tiene 49 a?os y una hija que ¡°cumple los requisitos, multiplicados por ocho¡±. A sus 16 a?os, tiene encefalopat¨ªa epil¨¦ptica. La diagnosticaron siendo un beb¨¦ y no han encontrado ning¨²n f¨¢rmaco que calme sus crisis. No habla, no controla esf¨ªnteres, no tiene movilidad. Adem¨¢s, padece displasia de cadera, y han de sondarla cada tres horas, por un problema en la vejiga. ¡°Es como si tuviera cuatro meses¡±, explica su madre. Cuando la ni?a cumpli¨® ocho a?os y sus abuelos dejaron de poder cuidarla, Garrido pidi¨® este permiso.

Ella explica que es duro decidir dejar de trabajar fuera de casa. Es interina en un juzgado de Catalu?a, y apunta que hay muchas implicaciones a nivel de autoestima o realizaci¨®n personal. Pero su hija la necesita. Durante seis a?os, entre 2016 y 2022, le fue concedido el permiso. ¡°Pero en 2022 me lo denegaron, porque consideraron que se trataba de una enfermedad cr¨®nica y que no es el objeto de este permiso. Habl¨¦ con ellos. Y me lo otorgaron, pero al 50% y me precisaron que solo durante ese a?o¡±, recuerda. Recurri¨® a los tribunales. A la semana, le concedieron medidas cautelares: una reducci¨®n del 99,9%. En primera instancia le han dado la raz¨®n, consideran que no ha quedado acreditado que haya habido un cambio en la situaci¨®n de la menor que justifique que se le retire este permiso. Ahora est¨¢ pendiente de que se resuelva el recurso presentado por la Administraci¨®n.

El sindicato CSIF ha recibido quejas ¡°puntuales¡± relacionadas con este permiso. ¡°En la Seguridad Social es autom¨¢tico, pero en el caso de los empleados p¨²blicos nos estamos encontrando con que, por falta de informaci¨®n y poca sensibilidad por parte de los gestores, se producen trabas para el reconocimiento de estas situaciones¡±, apuntan fuentes de este sindicato. ¡°Abogamos por un desarrollo del Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico y por una campa?a informativa¡±, a?aden.

Eso es lo que falta muchas veces, informaci¨®n. Quieren que la situaci¨®n se conozca, para que pueda cambiar. Una integrante del grupo ha iniciado una recogida de firmas en Change.org. Varios miembros explican que descubrieron que no son un caso aislado gracias al chat de WhatsApp. All¨ª se escuchan casos como el de Patricia Ortiz, auxiliar de enfermer¨ªa de 44 a?os. Trabaja en el Hospital Universitario Costa del Sol, en Marbella, un centro que hasta enero de 2024 estaba financiado por fondos p¨²blicos, pero era de gesti¨®n privada. ¡°En enero pas¨® a depender del Servicio Andaluz de Salud y nosotras pasamos a ser personal estatutario¡±, indica. A partir de ese momento la reducci¨®n se le baj¨® al 50%, cuando hasta entonces era del 70%. Haciendo exactamente el mismo trabajo que antes. ¡°?ramos seis con este permiso. A dos nos lo redujeron al 50% y a cuatro se lo quitaron, algunos son casos muy graves¡±. El argumento que le dieron a ella es que el decreto andaluz que desarrolla este permiso establece que ¡°de forma general, el porcentaje de disfrute del permiso ser¨¢ del 50% de la jornada de trabajo, salvo cuando se trate de un ingreso hospitalario o se encuentre en una fase cr¨ªtica de la enfermedad¡±. Y no se considera probado.

Ortiz explica que su hijo, de ocho a?os, que tiene autismo severo, sufre un trastorno grave de conducta, adem¨¢s de trastorno de la conducta alimentaria. ¡°Antes, cuando la prestaci¨®n depend¨ªa de la Seguridad Social, yo iba variando el porcentaje entre el 50% y el 99%, en funci¨®n de la ¨¦poca que estuviera pasando el ni?o, de si requer¨ªa mayor o menor atenci¨®n¡±. Ha recurrido a los tribunales. Y lamenta: ¡°Siento que se valoran las necesidades de mi hijo y de los dem¨¢s [menores] seg¨²n el organismo o instituci¨®n que tramite esta prestaci¨®n. Nos quitan nuestros derechos¡±.