El Gobierno advierte a la Iglesia de que ¡°no aceptar¨¢¡± que indemnice a las v¨ªctimas de pederastia sin el control del Estado

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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El Gobierno se planta ante la actual gesti¨®n de la Iglesia sobre sus casos de pederastia y advierte a los obispos de que ¡°no aceptar¨¢ ninguna f¨®rmula unilateral¡± para indemnizar a las v¨ªctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisi¨®n y el control del Estado. En una carta fechada este viernes, y a la que ha tenido acceso este peri¨®dico, el ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, presiona al presidente de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE), el arzobispo Luis Arg¨¹ello, para concertar un modelo de reparaci¨®n mixto, entre el Estado y la Iglesia, ¡°ajustado a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo con el objetivo de facilitar a las v¨ªctimas un ¨²nico sistema de reparaci¨®n¡±. Es decir, que sea el Estado, a trav¨¦s de una comisi¨®n independiente, el que estudie cada denuncia de los casos prescritos, fije la cantidad econ¨®mica y garantice el pago a los afectados.

Las exigencias del ministro llegan cuatro d¨ªas antes de que los obispos se re¨²nan de forma extraordinaria para aprobar un plan propio para indemnizar a los afectados y que han redactado sin el apoyo de las principales asociaciones de v¨ªctimas y sin la colaboraci¨®n del Estado, a pesar de que hace meses se comprometieron a trabajar con ambos para abordar conjuntamente el asunto. La noticia de que la CEE ejecutar¨¢ su plan sin la fiscalizaci¨®n estatal ha avivado el choque con el Ejecutivo. ¡°La participaci¨®n del Estado no es solo la ¨²nica manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, adem¨¢s, supone la manera m¨¢s r¨¢pida, eficaz y segura de abordar el problema social que nos ocupa¡±, subraya Bola?os en la misiva.

La chispa del fuego cruzado entre el Estado y la Iglesia salt¨® con la publicaci¨®n en octubre del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos clericales, encargado por el Congreso de los Diputados hace dos a?os, en el que recomendaba crear un fondo estatal donde participase la Iglesia y fuese supervisado por un ¨®rgano independiente. Los obispos se opusieron. Tambi¨¦n lo hicieron el pasado abril, cuando el Gobierno present¨® un plan de reparaci¨®n oficial en el que tambi¨¦n propon¨ªa un equipo de especialistas para adjudicar las reparaciones y que ¡°exigir¨ªa la colaboraci¨®n de la Iglesia cat¨®lica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparaci¨®n simb¨®lica¡±. La CEE se neg¨® a cooperar a menos que los resarcimientos incluyeran tambi¨¦n a las v¨ªctimas de fuera del ¨¢mbito religioso y defini¨® el plan del Gobierno como ¡°parte de un juicio condenatorio sin ning¨²n tipo de garant¨ªa jur¨ªdica¡±.

Pese a esta postura negativa de la CEE, la jerarqu¨ªa eclesial acept¨® crear un grupo de trabajo con el Estado para abordar la cuesti¨®n. Hubo una primera reuni¨®n el 3 de junio y acordaron verse de nuevo ese mes para que la Iglesia trasladase finalmente si participar¨ªa en el sistema de reparaci¨®n que propon¨ªa el Gobierno, pero la cita nunca se produjo. El plant¨®n llev¨® a Bola?os a enviar otra carta, con fecha del 27 de junio y a la que ha tenido acceso EL PA?S, en la que el ministro urge por primera vez a Arg¨¹ello a reunirse para ¡°alcanzar un acuerdo¡±. El presidente de los obispos respondi¨® en otra misiva el 4 de julio que los trabajos de ese grupo ¡°se podr¨ªan reanudar a partir del pr¨®ximo d¨ªa 10 de julio¡±, despu¨¦s de que los obispos aprobasen su plan.

Fue entonces cuando el ministro de la Presidencia envi¨® la ¨²ltima carta advirtiendo a Arg¨¹ello de que ¡°no aceptar¨¢¡± un plan sin ¡°criterios y garant¨ªas p¨²blicas¡± como recomienda el Defensor en su informe: ¡°Es evidente que un sistema unilateral por parte de la Iglesia podr¨ªa generar desconfianza en las v¨ªctimas, que pueden temer verse revictimizadas o incluso juzgadas al tener que plantear sus peticiones ante la misma organizaci¨®n por las que no se sintieron amparadas en su d¨ªa, especialmente cuando este sistema se pone en marcha al margen de los criterios fijados por el Defensor del Pueblo, que es la instituci¨®n que ha estudiado las mejores f¨®rmulas de escucha y reparaci¨®n¡±, se?ala Bola?os en la misiva.

La CEE no ha detallado las claves del plan que este martes votar¨¢n todos los obispos espa?oles, pero el pasado febrero avanz¨® que el modelo incorporar¨¢ ¡°una comisi¨®n nacional de arbitraje¡±, encargada de estudiar cada denuncia. Esta comisi¨®n nacional se apoyar¨¢ en otra que se ocupar¨¢ de hacer un baremo de las indemnizaciones a pagar, siempre caso por caso. Ambos equipos estar¨¢n formados por expertos ¡°reconocidos y con una pluralidad de procedencia¡± del ¨¢mbito jur¨ªdico, civil, can¨®nico, m¨¦dico y psicol¨®gico y solo analizar¨¢n los casos que no tengan recorrido ni en la justicia penal por prescripci¨®n ni dentro de los tribunales eclesi¨¢sticos. Para el Gobierno, esto ¡°ser¨ªa especialmente perjudicial para las v¨ªctimas y sus familias, que necesitan un sistema que genere un entorno seguro y confiable¡±, adem¨¢s de que ¡°puede generar confusi¨®n y disfuncionalidades¡±.

Con el rechazo de la Iglesia a participar en un fondo com¨²n, est¨¢ en el aire c¨®mo financiar¨¢ lo que se prev¨¦ como una factura millonaria. En otros pa¨ªses, como en Francia, los obispos anunciaron que vender¨ªan patrimonio y en otros, como Estados Unidos, las di¨®cesis se declararon en bancarrota por las grandes sumas que deb¨ªan pagar. En Estados europeos, la media por v¨ªctima que ha pagado la Iglesia es de unos 35.000 euros.

En Espa?a, la CEE no ha anunciado un baremo, pero basta con analizar el n¨²mero de las v¨ªctimas registradas en el pa¨ªs para hacerse una idea del monto que podr¨ªa desembolsar la Iglesia. La base de datos de EL PA?S contabiliza al menos 2.735 personas que acusan de pederastia a 1.532 cl¨¦rigos. No obstante, este dato solo hace referencia a los casos que han salido a la luz, es decir, una peque?a parte si se tiene en cuenta el informe del Defensor del Pueblo, en el que calcula que el 1,13% de la poblaci¨®n residente en Espa?a ha sufrido abusos en ¨¢mbitos eclesi¨¢sticos: unas 440.000 personas, seg¨²n los c¨¢lculos de este peri¨®dico.