El Gobierno aprobar¨¢ un plan para indemnizar a las v¨ªctimas de pederastia del clero, con o sin la colaboraci¨®n de la Iglesia

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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El Gobierno quiere dar el primer paso para que las v¨ªctimas de pederastia reciban justicia y este martes aprobar¨¢ en el Consejo de Ministros un plan del Ministerio de Presidencia y Justicia que prev¨¦ indemnizar a los afectados cuyos casos est¨¦n prescritos penalmente. A¨²n no hay cifras del importe de las compensaciones. El plan, a cuyo borrador completo ha tenido acceso este peri¨®dico, est¨¢ en l¨ªnea con las recomendaciones que present¨® el Defensor de Pueblo el pasado mes de octubre sobre abusos en el ¨¢mbito religioso. Lo hizo por encargo del Congreso de los Diputados, que hace dos a?os le encomend¨® un estudio a ra¨ªz de las investigaciones de este diario, que hasta ahora contabiliza 1.460 acusados y al menos 2.608 v¨ªctimas. La Iglesia, en cambio, hasta ahora solo admite 1.057 casos. Por su parte, el informe del Defensor inclu¨ªa una encuesta que calculaba que el 1,13% de la poblaci¨®n ha sufrido abusos en ¨¢mbitos eclesi¨¢sticos, un porcentaje que equivale a unas 440.000 personas, seg¨²n los c¨¢lculos de este diario. El titular del organismo p¨²blico, ?ngel Gabilondo, a¨²n debe presentar el estudio en el pleno del Congreso de los Diputados.

El documento, bautizado como Plan de respuesta e implementaci¨®n del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ¨¢mbito de la Iglesia Cat¨®lica y el papel de los poderes p¨²blicos, act¨²a en cinco frentes: reconocer y reparar; atender a las v¨ªctimas; prevenir; formar y sensibilizar; y por ¨²ltimo, informar e investigar. Parte de la base de que ¡°la respuesta de la Iglesia cat¨®lica tanto a la encomienda del Defensor del Pueblo como a las denuncias de los abusos ha sido insuficiente¡±. Se recogen m¨¢s conclusiones cr¨ªticas del equipo de Gabilondo: la Iglesia ha concebido ¡°el problema m¨¢s como un pecado que como un delito¡± y su respuesta durante a?os ha sido ¡°la negaci¨®n o minimizaci¨®n del problema cuando no la culpabilizaci¨®n de la propia v¨ªctima y/o superviviente¡±, adem¨¢s de ¡°din¨¢micas de encubrimiento y ocultaci¨®n¡±. Es m¨¢s, el texto advierte la importancia de que ¡°la reparaci¨®n no dependa de las decisiones de las diversas entidades religiosas o de profesionales contratados por ellas, debido a los peligros que entra?an de desigualdad, arbitrariedad, opacidad y encubrimiento y que han formado parte de las din¨¢micas del abuso¡±.

Por todo ello, el plan abraza la principal recomendaci¨®n del Defensor: buscar una f¨®rmula para indemnizar a las v¨ªctimas. La ¡°m¨¢s deseable¡±, seg¨²n el borrador, contar¨ªa con la colaboraci¨®n de la Iglesia. Consistir¨ªa en crear un ¨®rgano especial e independiente de car¨¢cter temporal para la reparaci¨®n de las v¨ªctimas cuyos casos hayan prescrito, el agresor haya fallecido o ¡°no se haya podido seguir un proceso penal contra este¡±. Este equipo estar¨ªa integrado por especialistas y ¡°exigir¨ªa la colaboraci¨®n de la Iglesia cat¨®lica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparaci¨®n simb¨®lica¡±.

Para el pago de las indemnizaciones, el Defensor ya plante¨® la posibilidad de crear un fondo estatal donde participase la Iglesia, algo que la Conferencia Episcopal (CEE) condicion¨® a que se destinara a compensar a todas las v¨ªctimas de pederastia, no solo las del clero, con lo que en la pr¨¢ctica rechaz¨® su participaci¨®n. Ese es el segundo supuesto que aborda el plan. Si la Iglesia rechaza colaborar, la segunda opci¨®n ser¨ªa la aprobaci¨®n de ¡°un proceso administrativo¡± que reconozca la condici¨®n de v¨ªctima y ¡°las medidas reparadoras que sean adecuadas¡±. En este caso, se contempla una posible colaboraci¨®n entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas. El plan no incluye un baremo de cantidades ni tampoco los procesos que tendr¨¢n que seguir los afectados para obtener su reparaci¨®n y su condici¨®n de v¨ªctima.

Este ser¨¢ uno de los aspectos decisivos, como ha ocurrido en otros pa¨ªses. En Espa?a se suelen tomar como referencia para indemnizaciones los baremos de los accidentes de tr¨¢fico, que son de cuant¨ªas bajas. A diferencia de otros pa¨ªses como Reino Unido, Irlanda, Canad¨¢ o Australia, en Espa?a no existe uno oficial espec¨ªfico para abusos de menores. Para las v¨ªctimas, seguir la tabla de los siniestros de tr¨¢fico es un anacronismo, y constituye una de sus principales quejas. Consideran que no es aplicable a este tipo de delito. C¨®mo se fijan estos baremos y qu¨¦ cuant¨ªas se marcan ser¨¢ una de las claves del plan.

En otros pa¨ªses cat¨®licos, las indemnizaciones van de un m¨ªnimo de casi 6.000 euros que paga B¨¦lgica de media a cada v¨ªctima, a los 62.245 por persona que ha desembolsado Irlanda, el pa¨ªs con los resarcimientos m¨¢s elevados. Con esta horquilla, y con el millar de casos que ya admite la CEE, en Espa?a supondr¨ªa pagos de 6,7 a 70 millones de euros. Y eso considerando solo una v¨ªctima por agresor, cuando en casi todos los casos hay m¨¢s, y teniendo en cuenta que el n¨²mero de casos que salen a la luz no para de crecer. El informe del Defensor del Pueblo ya apunt¨® datos sobre las indemnizaciones en seis pa¨ªses cat¨®licos que ya llevaron a cabo estos procesos, tanto desde la Iglesia como desde las autoridades p¨²blicas. Adem¨¢s de Irlanda y B¨¦lgica, en los extremos, Australia ha pagado 53.000 euros de media; Francia, 37.000; Pa¨ªses Bajos, 32.221; y Alemania, 22.000. La media de todos ellos es de 35.397 euros.

Plan temporal

El periodo inicial de vigencia del plan, cuya tramitaci¨®n ya adelant¨® este s¨¢bado El Peri¨®dico, ser¨¢ entre 2024 y 2027. La Direcci¨®n General de Libertad Religiosa ser¨¢ la responsable de su impulso y seguimiento, aunque tambi¨¦n se crear¨¢ una comisi¨®n integrada al menos por los ministerios implicados en la ejecuci¨®n de las medidas. Tambi¨¦n se buscar¨¢ la participaci¨®n de las v¨ªctimas y sus asociaciones. ¡°Se impulsar¨¢ la coordinaci¨®n necesaria con la Iglesia cat¨®lica en el marco de los instrumentos previstos en los Acuerdos de cooperaci¨®n entre el Estado y la Santa Sede, a fin de facilitar el desarrollo de las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo que requieren la colaboraci¨®n de la propia Iglesia cat¨®lica¡±, dice el documento.

Otra de las medidas destacadas de la iniciativa es que el Gobierno organizar¨¢ un acto de Estado de reconocimiento a las v¨ªctimas, en el que cuente con su presencia, y la de sus representantes y familiares. ¡°Es necesario, en consecuencia, que la sociedad organice actos simb¨®licos que sean expresi¨®n p¨²blica de este reconocimiento, de la gravedad del da?o causado, de las consecuencias que ha provocado en sus vidas y de asunci¨®n del compromiso de responder al reto de su reparaci¨®n y prevenci¨®n¡±, cita el documento, secundando la recomendaci¨®n del Defensor del Pueblo.

Una tercera iniciativa ya hab¨ªa sido anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, en su discurso de investidura: que la responsabilidad civil de estos no prescriba. El plan prev¨¦ ¡°analizar e impulsar las modificaciones legales oportunas para que la extinci¨®n de la responsabilidad penal por la prescripci¨®n del delito (...) no limite el ejercicio de la reclamaci¨®n de la responsabilidad civil conforme a la regla general, iniciando el c¨®mputo de plazo de prescripci¨®n de la acci¨®n civil siempre que no se haya renunciado a su ejercicio, una vez que el delito haya prescrito¡±. Fuentes oficiales explican que el c¨®mputo del plazo de prescripci¨®n de la acci¨®n civil comenzar¨ªa cuando el menor haya cumplido 35 a?os y apuntan que la modificaci¨®n del plazo de prescripci¨®n de la acci¨®n civil podr¨ªa tener efectos retroactivos, seg¨²n la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional.

Otra de las iniciativas para ayudar a los afectados es impulsar el uso de las Oficinas de Asistencia a las V¨ªctimas de Delitos (OAVD) para acoger a estas personas. Para ello, se prev¨¦ formar a los equipos de estas unidades ¡°en particular en lo relativo a la atenci¨®n psicol¨®gica, de los aspectos espec¨ªficos de las v¨ªctimas y /o supervivientes de la violencia sexual en ¨¢mbitos religiosos vinculados al da?o espiritual¡±. Del mismo modo, el plan contempla la elaboraci¨®n de ¡°un estudio sobre prevalencia de la violencia hacia la infancia y la adolescencia en Espa?a¡°, impulsado por el Ministerio de la Juventud e Infancia.

La Iglesia, por su parte, a¨²n no ha aclarado c¨®mo va a indemnizar a las v¨ªctimas y con qu¨¦ baremos. Lo que ha hecho la Iglesia espa?ola hasta ahora en materia de resarcimientos est¨¢ rodeado de secretismo. En la investigaci¨®n del Defensor del Pueblo, solo cuatro di¨®cesis revelaron compensaciones: Mallorca (30.000 euros), Tui-Vigo (44.000), Cartagena (47.000, 600 y 25.000) y Vitoria (5.000). EL PA?S ha revelado este mes la lista interna con la gesti¨®n de los casos que admite la Iglesia y sal¨ªa a la luz un caso muy reciente en Jerez de la Frontera, C¨¢diz: un acuerdo particular en 2022 entre la v¨ªctima y los marianistas para un resarcimiento de 70.000 euros por abusos en el colegio de la orden en Jerez entre 1964 y 1976. Es uno de los m¨¢s altos conocidos hasta ahora a una sola persona. El mayor que ha trascendido es de los jesuitas, seg¨²n public¨® EL PA?S, que desembolsaron 72.000 euros a una v¨ªctima de Salamanca en 2002. En cuanto a sentencias judiciales, la mayor compensaci¨®n conocida es la dictada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha en 2022 contra el sacerdote J. L. G., un caso desvelado por este diario, que ascendi¨® a 100.000 euros, sin que la Iglesia fuera considerada responsable civil subsidiaria. A¨²n est¨¢ pendiente de resoluci¨®n el recurso ante el Tribunal Supremo.