La Generalitat Valenciana denuncia a Fiscal¨ªa presuntas terapias de conversi¨®n sexual en un colegio valenciano

Cinco exalumnos de diferentes edades han denunciado ante la inspecci¨®n de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de la Generalitat Valenciana a un docente del centro Madre Josefa Campos de la localidad de Alaqu¨¤s por someterles presuntamente a terapias de conversi¨®n sexual durante su etapa escolar, ocurrida hace a?os, seg¨²n ha publicado Levante-EMV este domingo. El departamento de Educaci¨®n ha confirmado que la denuncia les lleg¨® a finales de la semana pasada, concretamente el pasado jueves, y, tras recopilar toda la informaci¨®n, ha decidido remitir un informe con los hechos a la Fiscal¨ªa para que investigue la posible comisi¨®n de un delito.

La investigaci¨®n ¡°debe abarcar tanto los hechos ocurridos hace a?os como las posibles continuaciones hasta la actualidad¡±, ha declarado este lunes el secretario auton¨®mico de Educaci¨®n, Daniel McEvoy. La consejer¨ªa ha reiterado su compromiso ¡°con la igualdad de trato a todas las personas, sin importar el sexo, religi¨®n, raza o condici¨®n sexual¡±.

El Arzobispado de Valencia ha anunciado que tambi¨¦n abrir¨¢ una investigaci¨®n al Centro de Orientaci¨®n Familiar (COF) Mater Misericordiae, dirigido por el profesor denunciado, por si ha realizado este tipo de terapias a los usuarios de esta entidad vinculada a la Iglesia, aunque no es un organismo oficial de la Di¨®cesis. La instituci¨®n eclesi¨¢stica precisa que no ha llegado ninguna queja de personas que hayan sido atendidas en el citado centro, que es una asociaci¨®n p¨²blica de fieles con estatutos propios.

Seg¨²n el rotativo valenciano, los casos denunciados datan de hace al menos siete a?os, cuando los alumnos iniciaban la etapa escolar de la ESO, a partir de los 11 o 12 a?os de edad. Uno de los testimonios explica que el profesor ¡°le ofreci¨® una pastilla para curar la homosexualidad¡±.

El centro educativo asegura que ¡°desconoc¨ªa la situaci¨®n¡±. El equipo directivo del centro escolar ha indicado a trav¨¦s de un comunicado que se pone ¡°a disposici¨®n de la Fiscal¨ªa para la colaboraci¨®n y esclarecimiento de los hechos hasta sus ¨²ltimas consecuencias¡±. Expone que ¡°ante la gravedad de los hechos publicados, el colegio ha abierto un expediente disciplinario en el que el docente ha negado todas y cada una de las noticias aparecidas¡±.

El PSPV y Comprom¨ªs han exigido al Gobierno valenciano que aparte al profesor del centro concertado investigado y que se garantice la protecci¨®n de las alumnas y alumnos del colegio. Antoni Benito, secretario de LGTBI y Diversidad socialista, pide al Ejecutivo auton¨®mico que garantice el cumplimiento de la ley LGTBI valenciana y estatal, que proh¨ªbe este tipo de terapias de conversi¨®n. El portavoz socialista en las Cortes, Jos¨¦ Mu?oz, ha exigido incluso que se retire el concierto al centro escolar.

Los socialistas anuncian un seguimiento exhaustivo de la investigaci¨®n que desarrolle el Gobierno valenciano para garantizar el cumplimiento de la ley y ¡°fulminar la homofobia¡±. Seg¨²n han recordado Benito, las terapias de conversi¨®n est¨¢n prohibidas tanto por la legislaci¨®n valenciana a trav¨¦s de la ley LGTBI de 2019, como por la ley para la Igualdad real y efectiva de las personas Trans del Gobierno espa?ol.

En el caso de la legislaci¨®n valenciana, en su art¨ªculo 60 considera una infracci¨®n muy grave la realizaci¨®n, difusi¨®n o promoci¨®n de m¨¦todos, programas o terapias de aversi¨®n, conversi¨®n o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientaci¨®n sexual, identidad de g¨¦nero o expresi¨®n de g¨¦nero de las personas, con independencia del consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias, y establece para las infracciones muy graves multas de 60.001 hasta 120.000 euros.

Perseguir con el C¨®digo Penal

El diputado de Comprom¨ªs y portavoz en pol¨ªticas LGTBI, Francesc Roig, apunta que la prioridad tiene que ser ¡°proteger a los y las alumnas que actualmente tienen contacto con el docente apart¨¢ndolo de manera inmediata de la actividad y poner en marcha una investigaci¨®n desde la inspecci¨®n educativa para averiguar si ha existido alg¨²n tipo de complicidad o permisividad desde alguna instancia del propio centro y tomar las medidas que correspondan¡±.

¡°Lamentablemente, las sanciones administrativas tienen sus limitaciones y por eso presentaremos una iniciativa parlamentaria para perseguir estas pr¨¢cticas tambi¨¦n a trav¨¦s del C¨®digo Penal¡±, ha manifestado Roig.