La Iglesia asumir¨¢ el coste de las indemnizaciones a v¨ªctimas de pederastia en el caso de que un obispo o una orden se niegue o no pueda pagar

EL PA?S puso en marcha en 2018 una investigaci¨®n de la pederastia en la Iglesia espa?ola y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce alg¨²n caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en Am¨¦rica Latina, la direcci¨®n es: abusosamerica@elpais.es.

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La Iglesia espa?ola aprueba su plan de reparaci¨®n integral a v¨ªctimas de pederastia clerical entonando un mea culpa y tras a?os negando el esc¨¢ndalo. El modelo, aprobado por los obispos por unanimidad este martes durante una asamblea extraordinaria en Madrid, no obligar¨¢ a los obispos y a las ¨®rdenes a pagar indemnizaciones a las v¨ªctimas cuyos casos han prescrito. En lugar de eso, se crear¨¢ una comisi¨®n de arbitraje que verificar¨¢ cada caso, determinar¨¢ el monto de las reparaciones y enviar¨¢ una valoraci¨®n a cada di¨®cesis y congregaci¨®n responsable, que luego decidir¨¢ si cumple o no la propuesta. Pese a ello, tanto el presidente de la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE), el arzobispo Luis Arg¨¹ello, como el presidente de la Confederaci¨®n Espa?ola de Religiosos, Jes¨²s D¨ªaz Sariego, han asegurado que, en el caso de que uno de estos responsables eclesi¨¢sticos no quiera o pueda hacer frente al pago, lo asumir¨¢ la Iglesia en general. ¡°Si llegara el caso, que no lo creo, en que un obispo o un provincial se negara a dar una indemnizaci¨®n, asumir¨ªamos esa deficiencia¡±, ha dicho D¨ªaz Sariego.

Tanto la redacci¨®n del documento, bautizado como Plan de Reparaci¨®n Integral a las V¨ªctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA), como su votaci¨®n se han hecho de espaldas de las principales asociaciones de v¨ªctimas, a las que en un principio la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) prometi¨® que estar¨ªan presentes en esta toma de decisiones. Y tambi¨¦n en contra del modelo de reparaci¨®n mixto que propone el Gobierno, como ha vuelto a explicar hoy la portavoz del Gobierno, Pilar Alegr¨ªa, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

¡°No compartimos un sistema de compensaci¨®n que no es vinculante y en el que no se ha dado una participaci¨®n a las propias v¨ªctimas. Creemos fundamental la obligatoriedad de cumplimiento de esas recomendaciones [del informe del Defensor del Pueblo], por eso el propio Ejecutivo hizo suyo ese informe¡±, ha dicho Alegr¨ªa. Es decir, que sea el Estado, a trav¨¦s de una comisi¨®n independiente, el que estudie cada denuncia de los casos prescritos, fije la cantidad econ¨®mica y garantice el pago a los afectados. En este punto, a?ade el ministerio de Presidencia, la prioridad del Gobierno ser¨¢ ¡°contactar con la Iglesia para que vuelva a la senda trazada por el Defensor del Pueblo¡± en su informe. ¡°En su rueda de prensa hemos o¨ªdo que hay voluntad de di¨¢logo. Antes de nada , queremos saber si esto es cierto, porque antes no lo ha sido ni con el Estado ni con las v¨ªctimas¡±, han afirmado a EL PA?S una portavoz del ministerio.

D¨ªaz Sariego, que preside la entidad que engloba a todas las ¨®rdenes de Espa?a, ha subrayado que, para la Iglesia, ¡°el objetivo son las v¨ªctimas¡± y que uno de los objetivos del plan es no volver a revictimizarlas. Fuentes episcopales han asegurado a EL PA?S que el Gobierno, el Defensor del Pueblo y varias asociaciones de v¨ªctimas hab¨ªan sido convocadas a participar en la cita, pero que ¡°no han acudido ning¨²n representante¡±. Por otro lado, un portavoz del Defensor afirma que no fueron invitados.

La piedra angular del plan de los obispos es la creaci¨®n de una Comisi¨®n Asesora que coordinar¨¢ la reparaci¨®n de cada caso. Este equipo estar¨¢ compuesto por 10 ¡°profesionales independientes de alto prestigio¡±: cuatro especialistas del ¨¢mbito jur¨ªdico, cuatro de m¨¦dico-forense, un representante de la CEE y otro de la Confederaci¨®n Espa?ola de Religiosos (CONFER), ¡°expertos en el tema¡± y que servir¨¢n de enlace con las di¨®cesis y congregaciones. Si la comisi¨®n lo considera, podr¨¢ convocar a un representante de las asociaciones de las v¨ªctimas. Este organismo verificar¨¢ cada caso y recomendar¨¢ ¡°el posible marco de reparaci¨®n¡±, partiendo de los que solicite la v¨ªctima. ¡°Experimentamos una obligaci¨®n moral. Lo que hemos aprobado no es un decreto jur¨ªdico, que obligue a di¨®cesis y congregaciones, no tenemos esa capacidad. Pero s¨ª de encontrarnos en una misma mesa. Asumimos un compromiso moral¡±, ha se?alado Arg¨¹ello.

El plan no precisa c¨®mo financiar¨¢ la Iglesia la posible factura millonaria. En cuanto al baremo de las indemnizaciones, el PRIVA se?ala que ser¨¢ la comisi¨®n, con la ayuda de la Vicesecretar¨ªa para Asuntos Econ¨®micos de la CEE, la que lo establezca, teniendo en cuenta las cantidades fijadas por la ley civil y ¡°los criterios orientadores de otras conferencias episcopales del entorno¡±. En Europa, de media por v¨ªctima se ha pagado unos 35.000 euros. La tramitaci¨®n de cada proceso, a?ade el documento, no deber¨ªa superar los tres meses. La propia comisi¨®n decidir¨¢ qu¨¦ canales abrir¨¢ para recibir las denuncias y atender a las v¨ªctimas.

Este modelo tambi¨¦n contempla la colaboraci¨®n de la Iglesia ¡ªla ¨²nica¡ª con el Estado para la celebraci¨®n de un acto p¨²blico de reconocimiento p¨²blico a las v¨ªctimas y tambi¨¦n en la redacci¨®n ¡°del estatuto de la v¨ªctima a partir de criterios rigurosos y profesionales¡±.

La relaci¨®n entre la Iglesia y el Estado se ha tensado en los ¨²ltimos meses a causa de c¨®mo indemnizar a los afectados de la pederastia clerical. El Gobierno anunci¨® el pasado abril un plan de reparaci¨®n oficial en el que propon¨ªa que fuera un equipo de especialistas el que adjudicase las reparaciones y donde tambi¨¦n se exig¨ªa ¡°la colaboraci¨®n de la Iglesia cat¨®lica para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparaci¨®n simb¨®lica¡±. Un modelo basado en las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales dentro de instituciones religiosas, y que inclu¨ªa la creaci¨®n de un fondo estatal donde participase la Iglesia y una comisi¨®n independiente que los coordinase. En ambos casos los obispos se negaron a participar, a menos que se incluyera en el plan a las personas que tambi¨¦n sufrieron agresiones sexuales fuera del ¨¢mbito religioso.

Pese a ese primer choque, la CEE accedi¨® a participar en un grupo de trabajo junto al Estado para reunirse peri¨®dicamente y tratar la cuesti¨®n. Solo se citaron en una ocasi¨®n, el 3 de junio, y desde entonces los obispos han ido posponiendo una segunda cita para informar de qu¨¦ camino tomar¨ªa para indemnizar a las v¨ªctimas. La situaci¨®n llev¨® al ministro de la Presidencia, F¨¦lix Bola?os, a enviar dos cartas al presidente de los obispos. La primera, fechada el 27 de junio, para instarle a ¡°alcanzar un acuerdo¡± y concertar un modelo de reparaci¨®n mixto. Arg¨¹ello le respondi¨® que retomar¨ªan el trabajo conjunto despu¨¦s de que los obispos aprobasen su plan.

Fue entonces cuando Bola?os envi¨® una ¨²ltima misiva a la c¨²pula eclesial, fechada este viernes, para advertirle de que el Gobierno ¡°no aceptar¨¢ ninguna f¨®rmula unilateral¡± para indemnizar a las v¨ªctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisi¨®n y el control del Estado. Bola?os, adem¨¢s, ha tendido un pulso a los obispos este lunes al reunirse de urgencia con las principales asociaciones de v¨ªctimas para mostrarles su apoyo y la promesa de que el Gobierno velar¨¢ para que tengan una reparaci¨®n econ¨®mica. Sobre este asunto, Arg¨¹ello ha pedido al Ejecutivo este martes que respete la decisi¨®n tomada por la Iglesia ¡°a su propio caminar¡± y le ha recordado que no puede obligarla a asumir responsabilidades no judicializadas. ¡°Un Gobierno democr¨¢tico deber respetar las reglas del juego¡°, ha concluido Arg¨¹ello.