La Ley de Internet otorga a jueces y Administraci¨®n la potestad de cerrar 'webs'

El Gobierno ha remitido a las Cortes el texto legal que regular¨¢ los servicios prestados a trav¨¦s de Internet, una legislaci¨®n que, seg¨²n ha explicado la ministra de Ciencia y Tecnolog¨ªa, Anna Birul¨¦s, no var¨ªa el reglamento jur¨ªdico vigente sobre el comercio o los contenidos, ya que su funci¨®n es cubrir un hueco no regulado.

El proyecto atribuye a la "autoridad competente" en cada caso la adopci¨®n de medidas cautelares de cierre o suspensi¨®n de los servicios de una p¨¢gina web, lo que permitir¨¢ a la Administraci¨®n, a trav¨¦s de sus distintos organismos, decretar el cierre cautelar de servicios que incumplan la legislaci¨®n vigente.

Dicha "autoridad competente" ser¨¢ el juez cuando se trate de delitos tipificados en el c¨®digo penal o se aborden cuestiones relativas a derechos fundamentales.

La normativa sectorial sobre empresas, libertad de expresi¨®n o contenidos se mantiene vigente y s¨®lo se regula espec¨ªficamente la actividad de los sujetos que operan en Internet en calidad de intermediarios en las transacciones electr¨®nicas.

Estos intermediarios o prestadores de los servicios (proveedores de acceso, por ejemplo) no tendr¨¢n responsabilidad sobre los contenidos ajenos, pero deber¨¢n colaborar con las autoridades para evitar actividades il¨ªcitas en Internet y, en caso contrario, ser¨¢n sancionados.

Uno de los aspectos que m¨¢s pol¨¦mica hab¨ªa suscitado entre los colectivos de internautas es la regulaci¨®n de la clausura de sitios web y su posible colisi¨®n con derechos fundamentales como la libertad de expresi¨®n. A este respecto, el texto definitivo atribuye a "las autoridades competentes (...), en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas (...), las medidas necesarias para que se interrumpa" la prestaci¨®n de los servicios.

Entre otras medidas de protecci¨®n al usuario, la LSSI establece el consentimiento previo y expreso del destinatario como condici¨®n para el env¨ªo de publicidad no solicitada por correo electr¨®nico ('spam').

El texto iniciar¨¢ en breve su tramitaci¨®n parlamentaria con vistas a que Espa?a cuente para el pr¨®ximo verano con un marco normativo que incluya las nuevas actividades econ¨®micas que han surgido gracias a las nuevas tecnolog¨ªas.

Esta ley incorpora la directiva europea de junio de 2000 sobre la Sociedad de la Informaci¨®n. Espa?a se convierte en el cuarto pa¨ªs que la traspone a su ordenamiento jur¨ªdico.

Seg¨²n ha explicado la ministra Birul¨¦s tras la reuni¨®n del Consejo de Ministros, la nueva norma busca crear "certidumbre, seguridad y confianza, protegiendo a la vez los derechos de los ciudadanos" ya que dar¨¢ seguridad jur¨ªdica a las relaciones por Internet.

La ministra ha se?alado que este normativa ha sido elaborada por los ministerios de Ciencia y Tecnolog¨ªa, Justicia, Econom¨ªa y Sanidad y Consumo y ha contado con la colaboraci¨®n de todo el sector, que ha realizado aportaciones a los borradores que se han elaborado durante un a?o.

En el apartado de sanciones, el texto definitivo aprobado por el Consejo de Ministros establece multas de entre 3.000 y 60.000 euros para los prestadores de servicios que cometan faltas leves; de entre 60.0001 y 300.000 euros en el caso de que la falta sea grave y de 300.001 hasta un m¨¢ximo de 600.000 euros para las estimadas muy graves.

El recelo de los internautas

El proyecto gubernamental, que ha tenido distintas redacciones, ha despertado recelo entre los internautas, que critican que la legislaci¨®n ampare la clausura de una web cautelarmente si sospecha que se est¨¢ cometiendo alg¨²n tipo de delito.

La Asociaci¨®n de Internautas (AI) ha decidido constituir una comisi¨®n que estudie y valore el texto aprobado por el Gobierno. Posteriormente, someter¨¢ la norma a la votaci¨®n de todos sus miembros y comunicar¨¢ a los grupos parlamentarios su postura respecto a la Ley.

Desde la Asociaci¨®n de Usuarios de Internet (AUI), su presidente Miguel P¨¦rez, ha lamentado que la ley sobre Internet aprobada por el Gobierno sea "muy gen¨¦rica", si bien ha admitido que es "positiva", puesto que inicia la legislaci¨®n en un sector hasta ahora sin regulaci¨®n espec¨ªfica.

P¨¦rez ha se?alado que "nos parece que es una ley que genera confianza y, aquellos aspectos que provocaban m¨¢s rechazo, como el control de contenidos y la posibilidad de intervenci¨®n administrativa de las p¨¢ginas, parece que nos salvaguardan".

Seg¨²n ha explicado el presidente de los usuarios de Internet, en esta ley se ha concretado uno de los aspectos "m¨¢s pol¨¦micos" dentro de Internet, que era qui¨¦n pod¨ªa decir si el contenido era legal o ilegal, si el poder jur¨ªdico o la Administraci¨®n.

No obstante, para Miguel P¨¦rez ¨¦sta no puede llamarse Ley de Internet, pues trata s¨®lo aspectos relacionados con el comercio electr¨®nico como la contrataci¨®n a trav¨¦s de la red, la legalidad de contenidos y las comunicaciones comerciales.

El anteproyecto engloba dentro de los servicios de la sociedad de la informaci¨®n no s¨®lo la contrataci¨®n de bienes y servicios por v¨ªa electr¨®nica, sino tambi¨¦n el suministro de informaci¨®n por este medio y las actividades de intermediaci¨®n para la provisi¨®n de acceso a la Red.

La LSSI tiene su origen en la Directiva Europea sobre esta materia de junio de 2000, que instaba a los Quince a incorporar su articulado a las legislaciones nacionales antes del 17 de enero de este a?o.

Por ello, el 29 de septiembre de 2000 el MCYT elabor¨® su primer dictamen, con la intenci¨®n de que los trabajos concluyeran dentro de esta fecha.

Sin embargo, la b¨²squeda de consenso por parte del Gobierno, que colg¨® de la Red hasta tres borradores de la LSSI para conocer la opini¨®n de empresas, colectivos e internautas, junto con la demora en la recepci¨®n de algunos dict¨¢menes, han terminado por convertir este anteproyecto en un nuevo problema para el ministerio.

Una norma "intervencionista"

La nueva ley que regular¨¢ Internet ha levantado las cr¨ªticas de la oposici¨®n. Tanto PSOE como IU han dirigido sus reproches a la intenci¨®n del Ejecutivo de "controlar Internet" por medio de una norma "intervencionista".

El secretario de Innovaci¨®n y Comunicaci¨®n Interna del PSOE, Enrique Mart¨ªnez, ha expresado el rechazo de su partido a la nueva Ley de Internet y ha mostrado su temor a que tras la nueva normativa "se oculte el deseo del Ejecutivo de Aznar de controlar Internet".

Para el PSOE, la tramitaci¨®n de esta normativa ha carecido de la m¨¢s m¨ªnima transparencia y el ministerio de Ciencia y Tecnolog¨ªa "ha perdido la ocasi¨®n para liderar un debate sobre el comercio el¨¦ctr¨®nico" en Espa?a.

Mart¨ªnez ha arremetido contra la "incapacidad" y "falta de liderato" del ministerio que dirige Anna Birul¨¦s para poder promover el debate entre consumidores y usuarios de Internet y, por el contrario, "ocultar" sus propuestas sobre la nueva norma, hasta que hoy ha sido aprobada por el Consejo de Ministros.

Desde IU, el proyecto ha sido calificado de "intervencionista" e "intimidatorio" para los internautas, quienes, a partir de ahora, tendr¨¢n que enfrentarse a la "cibercensura" de la Administraci¨®n.

En un comunicado, IU asegura que la nueva normativa, adem¨¢s de llegar tarde, es "obsoleta" y "nace de espaldas a los intereses de los usuarios particulares y de las empresas que tienen en Internet su mejor canal de comunicaci¨®n y de negocio".

Para IU, el Gobierno pretende con la nueva normativa "intimidar a los usuarios y proveedores de servicios, adem¨¢s de forzar una solapada censura en la red", ya que la Administraci¨®n sigue teniendo la capacidad de clausurar una web, aunque la decisi¨®n ¨²ltima corresponda a los tribunales.