Actores y m¨²sicos piden en el Senado el apoyo del Gobierno para luchar contra la pirater¨ªa

Las asociaciones art¨ªsticas AISGE (Actores e Interpretes, Sociedad de Gesti¨®n de Espa?a) y AIE (Sociedad de Gesti¨®n de Artistas, Int¨¦rpretes o Ejecutantes) han comparecido hoy ante la Comisi¨®n Especial de las Artes Esc¨¦nicas e Industrias Culturales del Senado con intenci¨®n de pedir a los poderes p¨²blicos que se impliquen en la lucha contra la pirater¨ªa.

La actriz Asunci¨®n Balaguer, como representante de AISGE, se ha hecho eco de los muchos problemas que han creado las nuevas tecnolog¨ªas como formas de explotaci¨®n de la obra audiovisual. Las facilidades que la tecnolog¨ªa da al usuario para acceder, reproducir , duplicar y distribuir las obras audiovisuales son de tal alcance que cualquier persona puede crear o participar en la distribuci¨®n en la red, intercambiando y copiando el patrimonio de otros sin que ni siquiera sospeche que pueda realizar actividades contrarias a las leyes.

Seg¨²n Balaguer, los artistas, a¨²n disfrutando de un considerable reconocimiento social y protegidos sus derechos por la normativa en propiedad intelectual, ven con incertidumbre el futuro en el entorno digital. Para los actores, el uso de las nuevas tecnolog¨ªas "por parte de delincuentes" genera un lucrativo y escandaloso negocio: la pirater¨ªa de bienes culturales. Se quejan porque las empresas y los trabajadores del sector son incapaces de soportar esta competencia desleal, por lo que se ven abocados al cierre y, por tanto, "a cesar en su condici¨®n de agentes de difusi¨®n cultural".

Para poder combatir con ¨¦xito estas actividades il¨ªcitas AISGE suscribe las propuestas de la Mesa Antipirater¨ªa como la creaci¨®n de medidas de car¨¢cter integral en la lucha contra los delitos que afectan a la propiedad intelectual, el refuerzo de la cooperaci¨®n judicial y policial y la sensibilizaci¨®n de la opini¨®n p¨²blica para que reconozca estas actividades como il¨ªcitas. Por todo ello, los actores aseguran que es esencial concertar esfuerzos entre autoridades p¨²blicas y los sectores afectados a fin de intensificar la formaci¨®n de los responsables judiciales y policiales encargados de proteger los derechos intelectuales.