“Nunca se ha censurado un contenido en Internet en Espa?a”

A finales de este mes, la Ley de Impulso de la Sociedad de la Informaci¨®n (LISI) pasar¨¢ definitivamente a las Cortes para su aprobaci¨®n despu¨¦s de cinco meses de consulta p¨²blica y tras recibir el visto bueno de Europa. Este texto, que viene a modificar la Ley de Servicios de la Informaci¨®n y Comercio Electr¨®nico aprobada en 2001, ha sido calificado de anticonstitucional por distintas asociaciones que aseguran que ciertos art¨ªculos dan pie a la censura.

En una entrevista concedida a ELPAIS.com, David Cierco, director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Informaci¨®n, quita importancia a esta pol¨¦mica, y asegura que se han reunido con los sectores m¨¢s cr¨ªticos para aclarar el principal motivo de sus quejas. Este economista responsable del Plan Avanza cree que la libertad de expresi¨®n queda m¨¢s que garantizada al a?adir finalmente en el texto de manera explicita que s¨®lo un juez puede “secuestrar” un contenido en Internet.

La LISI, sin embargo, no es la principal preocupaci¨®n de Cierco que se encuentra en plena negociaci¨®n con el Ministerio de Cultura para identificar qu¨¦ nuevos dispositivos incorporar¨¢n el canon digital como compensaci¨®n a los autores por la copia privada. “Las conexiones ADSL ni los discos duros de ordenador van a tener canon”, adelanta Cierco.

La LISI ha creado un importante revuelo al decir que los “¨®rganos competentes” pueden interrumpir la prestaci¨®n de un servicio. ?Qui¨¦nes son estos ¨®rganos? ?Realmente pueden retirar un contenido de Internet?

Los principales cambios que estamos introduciendo est¨¢n en el art¨ªculo 8 y 11, pero el texto ya estaba en la Ley anterior, s¨®lo hemos eliminado unos supuestos y, por otro lado, hemos hecho una transposici¨®n de la directiva europea.

Pero en ning¨²n caso se da la base jur¨ªdica para que nadie pueda intervenir ning¨²n tipo de contenido en Internet. S¨®lo se establece un procedimiento por el cual si un ¨®rgano competente, por ejemplo una Comunidad Aut¨®noma, puede actuar en situaciones que ha nadie le parecen escandalosas, como puede ser la retirada de determinados juegos peligrosos, f¨¢rmacos falsos o pornograf¨ªa infantil. Todos estos supuestos est¨¢n contemplados en el mundo anal¨®gico, el f¨ªsico, por lo que es l¨®gico que estos ¨®rganos competentes tambi¨¦n puedan actuar en el mundo digital porque as¨ª lo contempla nuestro marco jur¨ªdico. Si hay una ley que est¨¢ diciendo que una Comunidad Aut¨®noma tiene competencias para retirar un juguete peligroso, tambi¨¦n tiene competencia para hacerlo en Internet.

Lo que hemos hecho es establecer un procedimiento que, adem¨¢s resulta m¨¢s transparente. El texto actual le da un papel al Ministerio de Industria para intermediar en estos procedimientos, ya que deb¨ªa ser el Ministerio quien se pusiese en contacto con el operador para que retire ese producto. Esto lo hemos eliminado.

Este un procedimiento de colaboraci¨®n supranacional, viene de Europa, y nada tiene que ver la libertad de informaci¨®n. Las competencias de los ¨®rganos competentes est¨¢n marcadas por nuestro ordenamiento jur¨ªdico y no tienen nada que ver con la LISI.

?Finalmente han incluido en el texto de manera expresa, como solicitan algunas organizaciones, que s¨®lo se puede intervenir un contenido con una orden judicial?

Hemos mejorado la redacci¨®n, y aunque ya estaba contemplado en la LISI, hemos puesto de manera expresa que s¨®lo un juez puede intervenir un contenido. As¨ª es como se ha enviado a Europa. Adem¨¢s, hay una referencia clara a la constituci¨®n espa?ola cuando se habla de la posibilidad de que haya una intervenci¨®n p¨²blica que tenga que ver con la libertad de expresi¨®n, que s¨®lo puede ordenar un juez.

?Alguna vez se ha cerrado una p¨¢gina web en Espa?a?

Nunca se ha censurado un contenido en Internet, que yo tenga constancia. Nunca se han retirado contenidos relacionados con la libertad de expresi¨®n. Nunca se ha retirado un contenido en Espa?a ampar¨¢ndose en esta ley, y ahora menos, puesto que es m¨¢s restrictiva.

Otro de los puntos que levanta resquemor es el intento de hacer responsables a los proveedores de servicio de todos contenidos que se publican en su dominio.

La cuesti¨®n era si son responsables de los enlaces a otros contenidos. La redacci¨®n era confusa, pero se ha aclarado que el proveedor (ISP) es s¨®lo responsable de la informaci¨®n a la que lleva ese link siempre que el contenido haya sido editado por el ISP. Adem¨¢s, el ISP s¨®lo es responsable si tiene conocimiento de que ese contenido es ilegal, y debe existir constancia de ese conocimiento. Es explicito, tiene que haber una comunicaci¨®n. Se establece todo un procedimiento y siempre habr¨¢ que demostrar que existe este conocimiento, y que teni¨¦ndolo, no ha actuado.

?Qu¨¦ pasa con los comentarios de los lectores?

Este tema no se toca en la LISI. Es un asunto que se trata por otras ramas, me imagino que si hay comentarios despectivos con faltas al honor, pues est¨¢ bajo la ley de injurias. Me imagino que el medio debe retirar ese comentario. Y si tiene conocimiento y no lo hace, entonces s¨ª se le podr¨ªa hacer responsable de un delito de calumnias o contra el honor.

La LISI tambi¨¦n dice que las operadoras deben informar a los usuarios de las responsabilidades que conllevan ciertos usos de Internet como el descargarse pel¨ªculas o m¨²sica. ?No es pedirles que hagan de Polic¨ªa?

Se va a pedir una colaboraci¨®n m¨¢s activa a los operadores como m¨ªnimo a nivel de informaci¨®n para que adviertan a los usuarios de cu¨¢les son las pr¨¢cticas que vulneran la legislaci¨®n actual sobre los derechos de autor. Se est¨¢ pidiendo un proceso de notificaci¨®n a los usuarios. Se va a crear un mecanismo para que los usuarios que se est¨¦n descargando cierto tipo de contenidos reciban una notificaci¨®n para llamarles la atenci¨®n. Tiene que ver m¨¢s con la informaci¨®n m¨¢s que con una labor policial.

?C¨®mo se les va a advertir de que las descargas son ilegales cuando hay sentencias judiciales que dicen que s¨®lo hay delito cuando hay ¨¢nimo de lucro?

Lo que est¨¢ claro es que hay una ley, el texto refundido de Propiedad Intelectual, que fue aprobado por unanimidad por todos los grupos, donde se establece que la puesta a disposici¨®n de estos contenidos es ilegal. Esto no lo duda nadie. No puedes poner m¨²sica a disposici¨®n de los dem¨¢s. Eso lo dice la ley clar¨ªsimamente, lo del acceso lo interpretan de maneras diferentes. Queremos poner el sistema de notificaci¨®n para la puesta a disposici¨®n. La copia privada es para uso privativo, eso lo establece el texto que insiste y dice que es un uso privado y no colectivo. Y a?ade que la copia privada es s¨®lo cuando se refiere a un ejemplar legalmente adquirido. Esto es la literalidad de ley.

?Considera que las acusaciones de anticonstitucionalidad de la LISI han sido infundadas?

Este era el debate de cuando se cre¨® la primera Ley de la Servicios de la Informaci¨®n en 2001, pero hoy estas cr¨ªticas no tienen fundamento. En m¨¢s de cinco a?os de Ley no ha habido un solo caso de retirada de contenidos, y no hay nadie que haya presentado un argumentario serio, avalado por un jurista.

Entonces, la nuevas pol¨¦micas se centrar¨¢n en el canon digital ?C¨®mo van las negociaciones con Cultura?

Van bien. Nosotros ah¨ª no somos el legislador y la ley la han aprobado por unanimidad todos los grupos pol¨ªticos. El caso es que hemos dado interlocuci¨®n a todas la partes: a la cultura, la industria y tambi¨¦n a los internautas. Creo que debemos madurar como pa¨ªs y darnos cuenta de que estamos viviendo en una convergencia tecnol¨®gica y que hay que hacer un esfuerzo para crear un entorno que propicie el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Tenemos operadoras muy importantes, tenemos una industria de contenidos muy potente, tambi¨¦n en medios, y el compromiso de las comunidades aut¨®nomas; y debemos asumir juntos los retos que tenemos por delante.

?Se va a aplicar el canon a las conexiones ADSL?

No, ni a los discos duros de ordenador, ni tampoco est¨¢n en las negociaciones los dispositivos USB. Estamos hablando con Cultura. A¨²n es pronto. Como los implicados no se han puesto de acuerdo, nosotros estamos buscando ese equilibrio necesario para contentar a los gestores de la propiedad intelectual, pero en funci¨®n del uso que se est¨¢ dando a cada soporte. Los MP3 est¨¢n en la negociaci¨®n, pero depende de los h¨¢bitos de consumo de los usuarios. En este marco se va a encontrar una soluci¨®n que satisfaga a todos. Esto tiene que terminar de definirse a finales de marzo.