Luz verde a la banda ancha universal para 2008 pero sin garant¨ªa de financiaci¨®n

Todos los grupos pol¨ªticos quer¨ªan salir en la foto del Internet barato y de calidad para todos. As¨ª que han vuelto a retorcer el lenguaje para lograrlo. La Comisi¨®n de Industria del Congreso de los Diputados aprob¨® ayer por unanimidad una enmienda transaccional que, te¨®ricamente, garantiza que el Gobierno y las Comunidades Aut¨®nomas deber¨¢n conseguir antes del 31 de diciembre de 2008 la cobertura de servicio universal de banda ancha en todo el Estado.

En concreto, la nueva la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Informaci¨®n (LISI) se?ala que antes de esa fecha se garantice "una cobertura de servicio universal de conexi¨®n a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnolog¨ªa utilizada en cada caso y de su ubicaci¨®n geogr¨¢fica", pero "siempre que sus peticiones sean razonables" y "en los t¨¦rminos que se definan por la normativa vigente".

La enmienda aprobada sustituye a otra anterior que hab¨ªa supeditado la universalidad de la banda ancha a la normativa comunitaria por otra parte, inexistente en esta materia (deja en manos de los Estados definir qu¨¦ entiende y qu¨¦ no por Internet de calidad). Es decir, que el Congreso cambi¨® muletilla por muletilla y todos contentos.

Por eso, los internautas no deben hacerse ilusiones. En 2008, con la nueva la LISI en la mano que sali¨® del Congreso, tendr¨¢n lo mismo que tienen ahora: los que vivan en zonas muy pobladas dispondr¨¢n de m¨¢s y mejores ofertas a Internet que los que habiten en zonas rurales.

"Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexi¨®n a la red telef¨®nica p¨²blica desde una ubicaci¨®n fija y acceder a la prestaci¨®n del servicio telef¨®nico disponible al p¨²blico, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los t¨¦rminos que reglamentariamente se determinen. La conexi¨®n debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telef¨®nicas y permitir comunicaciones de fax y datos en banda ancha en los t¨¦rminos que se definan por la normativa vigente", dice literalmente la enmienda.

La mejor prueba de que tal universalidad es s¨®lo te¨®rica es que el texto de la LISI no menciona en ning¨²n momento c¨®mo y qui¨¦n financiar¨¢ dicha extensi¨®n de Internet, al contrario de lo que ocurre con el servicio universal de telefon¨ªa fija que, seg¨²n la Ley General de Telecomunicaciones, debe ser financiado por un fondo com¨²n de todos los operadores seg¨²n su cuota de mercado, aunque en la pr¨¢ctica s¨®lo lo paga Telef¨®nica

S¨®lo los jueces

Sin embargo, el mundo de Internet puede respirar tranquilo a prop¨®sito de una de sus grandes preocupaciones: el control de la Red. El Congreso y en particular el Grupo Socialista que sostiene al Gobierno han hecho esta vez o¨ªdos sordos a las presiones de grupos como las sociedades de gesti¨®n de derechos que le ped¨ªan establecer controles y mordazas en Internet.

Las enmiendas aprobadas por el Parlamento reafirman que s¨®lo los tribunales tienen competencia para intervenir en asuntos que afecten a la libertad de expresi¨®n en Internet.

No obstante, una de las enmiendas establece cuatro casos en las que pueden intervenir para cerrar p¨¢ginas o interrumpir el servicio "los ¨®rganos competentes en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas". Esos casos son: La salvaguarda del orden p¨²blico, la investigaci¨®n penal, la seguridad p¨²blica y la defensa nacional; la protecci¨®n de la salud p¨²blica o de las personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que tengan la condici¨®n de consumidores o usuarios, incluso cuando act¨²en como inversores; el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminaci¨®n por motivos de raza, sexo, religi¨®n, opini¨®n, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y la protecci¨®n de la juventud y de la infancia.

Algunos ejemplos de estas excepciones ser¨ªa la intervenci¨®n de las autoridades de Consumo para ordenar la retirada de contenidos sobre productos que atentan contra la salud o sobre publicidad enga?osa.

El texto de la LISI no hace referencia a la protecci¨®n del derecho a la propiedad intelectual, ni la incluye en esos supuestos en los que pueden intervenir organismos competentes el margen de los judiciales. Es decir, que ni las sociedades de gesti¨®n de derechos ni los operadores de acceso a Internet tendr¨¢n ning¨²n tipo de control o atribuci¨®n sobre los contenidos que visitan o se descargan los internautas.

El nuevo texto abunda en que, incluso en los casos antes citados "se respetar¨¢n los derechos a la intimidad, la protecci¨®n de los datos personales, y la libertad de expresi¨®n o informaci¨®n" cuando puedan resultar afectados y que s¨®lo "la autoridad judicial competente podr¨¢ adoptar las medidas previstas" en caso de que estas libertades se vean amenazadas, tal y como establece la Constituci¨®n.

Todos los grupos parlamentarios apoyaron estas incorporaciones al texto, si bien el PP se opuso al informe de la C¨¢mara sobre el texto completo, que pasar¨¢ a su debate en el Pleno del Congreso, al recibir el apoyo del resto de fuerzas.

Entre el resto de medidas que no contaron con el apoyo de todos los grupos, se aprob¨® la exigencia a los operadores de informar a sus clientes sobre medidas de seguridad contra virus o correo basura, el apoyo a iniciativas sin ¨¢nimo de lucro en Internet que promuevan valores democr¨¢ticos, as¨ª como la puesta a disposici¨®n del p¨²blico de contenidos digitales o digitalizados que pertenezcan sin restricciones a las Administraciones P¨²blicas. Finalmente, quedar¨¢ recogido el derecho a la cesi¨®n de derechos de explotaci¨®n de obras ara su uso libre, conocido como 'copyleft'.

La portavoz socialista Lourdes Mu?oz, "se ha conseguido un gran acuerdo que pone fin a la incertidumbre y deja claro que los contenidos y la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n en Internet s¨®lo pueden ser juzgados en los tribunales de Justicia".

El portavoz del PP, Jos¨¦ Ignacio Ech¨¢niz, consider¨® que las medidas que se contienen en la norma son "escasas, poco eficientes y poco oportunas por los plazos de aprobaci¨®n y la lentitud", y se quedan en "peque?os retoques" que no asumen de forma "valiente" el desarrollo de la SI "para abandonar los ¨²ltimos puestos de la UE".