El nuevo canon digital no contenta a nadie

Desde el viernes, el canon digital somos todos, parafraseando aquel eslogan que llamaba a la solidaridad tributaria. El nuevo gravamen por copia privada deja de cargar sobre las espaldas de compradores de aparatos para posarse como una losa sobre las personas f¨ªsicas: del reci¨¦n nacido a la hacker; del jubilado a la universitaria de apuntes fotocopiados.

Una cantidad pactada con "las partes implicadas", que podr¨ªa oscilar entre los 37 y 42 millones de euros, seg¨²n fuentes del Ministerio de Educaci¨®n, Cultura y Deporte, saldr¨¢ de los Presupuestos Generales del Estado y se destinar¨¢ a las entidades de gesti¨®n (como SGAE o CEDRO), lo que equivale a decir a los creadores. Con el anuncio, sepultado entre los recortes lanzados tras el ¨²ltimo Consejo de Ministros, se da carpetazo al anterior sistema, antiguo caballo de batalla del PP, para entrar en la era del canon per capita.

El nuevo r¨¦gimen causa recelo entre juristas, expertos fiscales, creadores y representantes de la industria consultados por EL PA?S. Los autores, porque pasar¨¢n a percibir menos de la mitad de lo que el otro sistema les garantiz¨® en 2010 (casi 100 millones). "Al menos, significa un desbloqueo de la situaci¨®n absurda que est¨¢bamos viviendo", afirma Sabino M¨¦ndez, portavoz de la SGAE.

El resto, porque esta modificaci¨®n -que, a falta de desarrollo reglamentario, se pretende de instauraci¨®n inmediata- supone una aplicaci¨®n indiscriminada de la carga. "Sin tener datos para un an¨¢lisis en profundidad, se adivina, en principio, el mismo defecto del viejo canon, que presupon¨ªa que si yo compraba una fotocopia, iba a realizar copias privadas. Todos cargamos a partes iguales con la subvenci¨®n a los autores", explica Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas y Asesores Fiscales.

Para idear el nuevo sistema, inspirado en el modelo noruego, se ha partido de las ense?anzas extra¨ªdas del caso Padawan.

Entrando en el debate judicial, Paloma Llaneza, abogada experta en Propiedad Intelectual, opina que "la propuesta no establece el equilibrio necesario entre equitativa compensaci¨®n y perjuicio sufrido, ya que convierte, a efectos de c¨®mputo, en usuarios de prestaciones protegidas a cualquier persona f¨ªsica de nacionalidad espa?ola con cargo a los impuestos, con independencia de su edad y su uso o acceso a mecanismos de copia". Haciendo un ejercicio de legislaci¨®n-ficci¨®n, Llaneza interpreta que para armar el nuevo sistema, que, seg¨²n las fuentes citadas, se inspir¨® en el caso noruego, se ha partido de las ense?anzas extra¨ªdas del caso Padawan.

En ella, el Tribunal de Justicia de la UE dio en Luxemburgo en octubre de 2010 la raz¨®n a Ana Mar¨ªa M¨¦ndez, due?a de una tienda de inform¨¢tica que impugn¨® la "aplicaci¨®n universal" del canon digital. A partir de esa sentencia, se entiende que las personas jur¨ªdicas (empresas o administraciones p¨²blicas) est¨¢n exentas de pagar el canon porque no efect¨²an en principio copias privadas, sino solo profesionales. "De ah¨ª que el nuevo sistema caiga sobre las personas f¨ªsicas; es decir, todos".

"El problema", afirma Llaneza, "es que Noruega no es miembro de la UE y no est¨¢ sujeto a esa jurisprudencia". La inspiraci¨®n n¨®rdica, canon per capita con cargo a los Presupuestos Generales, parece haber pesado en la elaboraci¨®n del nuevo gravamen, si se atiende a un informe para la UK Intellectual Property Office en el que se detalla en datos de 2009 el coste por habitante por copia privada en los pa¨ªses europeos. A la cabeza figura Francia, con 2,6 euros, Espa?a es la tercera (1,7), mientras que Noruega figura en el und¨¦cimo lugar con 0,9. Curiosamente, la cifra que, seg¨²n fuentes del Ministerio, se ha empleado en Espa?a para el c¨¢lculo (los 42 millones citados salen de multiplicar la poblaci¨®n espa?ola por 0,9). "De este modo el Gobierno", sentencia Llaneza, "corta el suministro de fondos a las entidades de gesti¨®n que ahora pasan a estar 'subvencionadas' y 'controladas' por quien decide cu¨¢nto dinero les da al a?o por este concepto".

Componendas fiscales aparte, el descontento es generalizado en ambos bandos. Desde los tuits que mostraban su disconformidad hasta Rafael S¨¢nchez, portavoz de Egeda (la sociedad de gesti¨®n de los productores audiovisuales), que advierte de que la regulaci¨®n sobre propiedad intelectual est¨¢ "en revisi¨®n" en Europa, y cree que esta medida "nos va a alejar de la mayor¨ªa de lo que existe en los pa¨ªses europeos". "Si a Luxemburgo el sistema anterior le pareci¨® indiscriminado, ahora lo es todav¨ªa m¨¢s. La propuesta del nuevo Gobierno plantea muchas dudas jur¨ªdicas que no sabemos c¨®mo se van a resolver".

Adem¨¢s, S¨¢nchez pone sobre el tapete que a principios de 2010 una subcomisi¨®n del Congreso apost¨® -con el apoyo de todos los grupos- por una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, aspiraci¨®n que, por las primeras declaraciones de los responsables de Cultura, figura a¨²n entre las prioridades del PP.

Por estas y otras razones, Abel Mart¨ªn Villarejo, director general de AISGE (la entidad que gestiona los derechos de actores, dobladores, bailarines y directores de escena), considera que hablar de "supresi¨®n" del "mal llamado canon no es m¨¢s que un t¨¦rmino electoralista y generador de confusi¨®n en un tema tan necesitado de claridad y rigor".

Mientras, desde el otro lado del espectro de intereses, Jes¨²s Banegas, presidente de Ametic (la asociaci¨®n que agrupa operadoras y empresas tecnol¨®gicas), va m¨¢s all¨¢. "Si los artistas quieren cobrar por un supuesto derecho por copia privada pueden subir el precio de sus obras cuando las lancen al mercado. La v¨ªa presupuestaria anunciada por el Gobierno del PP es un disparate. Si se aplicara en Espa?a un impuesto a todo el mundo para pagar a artistas... ?a qu¨¦ artistas? ?de circo?, ?por qu¨¦ no a malabaristas? Si el canon es un disparate, eso es m¨¢s disparate todav¨ªa. Si damos ese paso va a ser peor el remedio que la enfermedad".