La legislaci¨®n espa?ola impide la vigilancia sobre las descargas

Los operadores de acceso a Internet en Estados Unidos se van a convertir en polic¨ªas vigilando las descargas de sus abonados. En Espa?a, la legislaci¨®n, tanto la que regula las telecomunicaciones como las relacionadas con la propiedad intelectual como la ley Sinde-Wert, impiden cualquier tipo de control y, menos a¨²n, de represalia, en relaci¨®n con las descargas de archivos que hagan sus abonados.

Los operadores espa?oles niegan taxativamente que ejerzan ninguna labor de vigilancia sobre los contenidos que descargan sus usuarios y tan solo en la banda ancha m¨®vil aplican limitaciones al tr¨¢fico por volumen de datos descargado mensualmente ¡°por una cuesti¨®n de racionalizaci¨®n de los recursos de red¡±, seg¨²n fuentes de las compa?¨ªas.

La normativa nacional es muy estricta con el control de las comunicaciones y, m¨¢s a¨²n, con la interrupci¨®n o desconexi¨®n del servicio. De hecho, la ley Sinde contra las descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor, evit¨® expresamente cualquier penalizaci¨®n contra el usuario particular, y solo prev¨¦ procedimientos contras las p¨¢ginas de enlaces o las webs que facilitan esas descargas.

De hecho, con la ley Sinde en la mano, no se puede perseguir a los usuarios particulares incluso en el caso de que faciliten enlaces o suban archivos a webs de descargas de pel¨ªculas, m¨²sica, videojuegos o cualquier otro protegido por derechos de propiedad intelectual. La ley solo prev¨¦ la exigencia de colaboraci¨®n de los proveedores de acceso a Internet (ISP) para identificar y aportar datos sobre los titulares de esas webs, nunca de los usuarios de las p¨¢ginas.

Y es que la legislaci¨®n espa?ola se aleja del modelo franc¨¦s cuya ley Hadopi es el paradigma de las leyes restrictivas de la persecuci¨®n de la pirater¨ªa puesto que criminaliza directamente al usuario. La normativa francesa obliga a los ISP no solo a vigilar los contenidos descargados por sus abonados sino que, tras tres avisos, exige la desconexi¨®n de Internet de los infractores particulares entre dos meses y un a?o, y la creaci¨®n de una lista negra para que no puedan contratar el servicio con ning¨²n otro operador. La legislaci¨®n brit¨¢nica bebe de la norma gala y convierte tambi¨¦n a los ISP en inspectores de sus usuarios.

La normativa espa?ola de telecomunicaciones, basada tanto en la Ley General de Telecomunicaciones como en la Carta de Derechos de Usuarios de Telecomunicaciones, es tan restrictiva que, incluso en caso de impago, impide al operador a cortarle el servicio al usuario en un plazo de hasta tres meses.