Aunque borres tus mensajes, ellos los pueden leer

"El cambio tecnol¨®gico ha sido brutal y nadie nos ha ense?ado a gestionarlo. Los menores que acceden ahora dependen de unos padres que no tienen ese conocimiento y en la escuela tampoco se ense?a", lamenta Barrera, autora del libro Instinto y P¨®lvora (Planeta, 2018), en el que narra sus vivencias como inspectora de polic¨ªa. Describe una situaci¨®n habitual: tu pareja deja el m¨®vil encima de la mesa, t¨² conoces sus claves, accedes sin su consentimiento y revisas sus mensajes. "Es delito y mucha gente no lo denuncia por desconocimiento", asegura.

De sus a?os en la Brigada, cuenta que la Polic¨ªa no dispone de recursos para atender todas las peticiones y que el principal problema es que las v¨ªctimas de ese tipo de delitos deben contratar los servicios profesionales de forenses inform¨¢ticos privados para que analicen sus dispositivos y asumir el coste de los informes periciales. "Por falta de recursos humanos y t¨¦cnicos en las propias instituciones, el sistema p¨²blico no lo cubre; hacen falta una serie de software y maquinaria que la Polic¨ªa no tiene", se?ala. Su unidad arranc¨® en 2007 con 50 polic¨ªas y ahora ya ha alcanzado los 120. "La sociedad necesita concienciarse de la gravedad del ciberdelito que, de momento, permanece silencioso y no genera alarma social".?

En 2016 se registraron en Espa?a 66.584 infracciones relacionadas con fraude inform¨¢tico, amenazas y coacciones, acceso e interpretaci¨®n il¨ªcita de informaci¨®n, delitos sexuales o falsificaci¨®n inform¨¢tica, un 10,7% m¨¢s con respecto a 2015, seg¨²n el ¨²ltimo estudio sobre cibercriminalidad del Ministerio del Interior. La mayor¨ªa de las v¨ªctimas de ciberdelincuencia son hombres (54,33%) de entre 26 y 50 a?os. En el caso de delitos sexuales y contra el honor, hay mayor n¨²mero de mujeres entre las v¨ªctimas.?

"Actualmente son muy pocas las investigaciones criminales en las que no hay una prueba tecnol¨®gica. Toda nuestra vida est¨¢ en el m¨®vil", indica Elvira Tejada, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y titular de la Fiscal¨ªa de Criminalidad Inform¨¢tica. "El problema es que la gente no reflexiona sobre lo que publica en Internet y sus posibles consecuencias y el n¨²mero de conflictos no para de crecer", a?ade.

Hay conductas "novedosas" que se incluyeron en la reforma del c¨®digo penal de 2015. "Nuevos delitos como el de difusi¨®n de im¨¢genes de car¨¢cter ¨ªntimo sin el consentimiento del afectado o el de acoso a trav¨¦s de la red. Somos muy cuidadosos a la hora de analizarlo, tiene que reunir todos los requisitos que contempla el tipo penal".?En su opini¨®n, es necesario destinar m¨¢s recursos a los laboratorios de la polic¨ªa tecnol¨®gica porque "est¨¢n desbordados".

Antonio L¨®pez, jefe de la secci¨®n t¨¦cnica de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Polic¨ªa Nacional, reconoce que acuden a empresas forenses en "casos muy concretos". "Son colaboraciones puntuales para vencer contrase?as o cuando los dispositivos est¨¢n muy deteriorados... para eso hay una industria especializada", asegura.?

Lazarus es una de esas empresas de recuperaci¨®n de datos e inform¨¢tica forense. Con sede en San Sebasti¨¢n de los Reyes, naci¨® en 2004 y cuenta con 15 empleados. En las paredes de su laboratorio cuelgan diferentes diplomas, como uno de la Guardia Civil de 2015 en el que reconoce su "eficaz" colaboraci¨®n en una investigaci¨®n por abusos sexuales de unos padres a su hija menor en M¨¢laga, que culmin¨® con el ingreso en prisi¨®n de dos personas. "Son informes extremadamente t¨¦cnicos que tenemos que hacer comprensibles. Nuestra misi¨®n es extraer el ADN de un dispositivo", explica Manuel Huerta, director de la compa?¨ªa, que el a?o pasado factur¨® 1,2 millones de euros. Para ello cuentan con diferentes m¨¢quinas y licencias cuyo coste asciende a 3,5 millones de euros.?

"Tenemos muy presente el art¨ªculo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: si mientes u ocultas informaci¨®n para favorecer a alguien, puedes ser condenado con pena de c¨¢rcel", destaca. Un informe pericial puede costar entre 1.800 y 3.600 euros. ?Cu¨¢l es caso m¨¢s com¨²n de desconocimiento por parte de los usuarios? Huerta no duda: "Creen que al borrar un mensaje de Whatsapp se elimina del tel¨¦fono, pero todo se queda grabado en el m¨®vil y podemos acceder a ello. Es cuesti¨®n de d¨ªas", expone?Huerta, que ha impartido varios cursos sobre investigaci¨®n tecnol¨®gica y evidencia digital en el INCIBE para jueces y fiscales espa?oles y latinoamericanos.