Reino Unido suaviza sus planes para regular el contenido de las redes sociales

El Gobierno de Boris Johnson ha decidido rebajar su pretensi¨®n de imponer mano dura a los gigantes de internet. Las ministras de Asuntos Digitales y del Interior, Nicky Morgan y Priti Patel, han presentado finalmente las propuestas para controlar los contenidos da?inos que circulan por las redes sociales (en concreto, aquellos peligrosos para los menores o los relacionados con actividades terroristas) y su alcance es mucho menos ambicioso que el que se previ¨® hace un a?o al iniciar el periodo de consulta p¨²blica. Una clara se?al, han interpretado los medios brit¨¢nicos, de que Downing Street quiere evitar un conflicto con la industria estadounidense en la era post-Brexit, cuando la voluntad de Johnson es cerrar un nuevo acuerdo comercial con Washington y apostar por la innovaci¨®n y la tecnolog¨ªa como los motores de crecimiento del Reino Unido.

La primera muestra de cesi¨®n ha sido el anuncio de que no se crear¨¢ un nuevo organismo regulador que controle los contenidos de Internet. El Gobierno de Johnson sugiere que esta tarea recaer¨¢ en Ofcom, la agencia que ya regula las actividades de televisiones y radios p¨²blicas y privadas, as¨ª como de las empresas de telecomunicaciones. "Con Ofcom al frente de un r¨¦gimen regulatorio firme y proporcionado, tenemos una oportunidad incre¨ªble de liderar al resto del mundo en el impulso de una econom¨ªa digital pujante, basada en una tecnolog¨ªa avanzada, que proteja y en la que conf¨ªen todos los ciudadanos del Reino Unido", ha dicho Morgan.

Ofcom nunca ha hecho frente a la supervisi¨®n de contenidos ni mucho menos a la protecci¨®n de la seguridad de los usuarios. Su designaci¨®n como nuevo "vigilante" de las redes en el Reino Unido genera serias dudas, tanto respecto a su capacidad t¨¦cnica para controlar un ¨¢mbito tan vasto como por su autoridad sancionatoria definitiva.

Porque la segunda se?al de que Downing Street quiere evitar un enfrentamiento con Facebook, Google o YouTube ha quedado clara cuando las ministras han anunciado que se abrir¨¢ una segunda fase de consultas p¨²blicas, "hasta la primavera de 2020", antes de tomar una decisi¨®n sobre las sanciones futuras. La clave reside en la voluntad final del Gobierno de dotar al ¨®rgano regulador de capacidad para poner en marcha procedimientos penales, se?alar como personalmente responsables a directivos concretos de las compa?¨ªas o incluso adoptar unilateralmente la decisi¨®n de bloquear sus contenidos."Lo ¨²nico que nos convencer¨¢ de que este proyecto no es papel mojado ser¨¢ la designaci¨®n concreta de la responsabilidad de los directivos, acompa?ada de acciones penales. Se trata de todo o nada, y no servir¨¢ si no tienen un organismo regulador con los instrumentos que le permitan enfrentarse a las grandes compa?¨ªas tecnol¨®gicas", ha dicho Andy Burrows, el portavoz de seguridad online de la organizaci¨®n de defensa de los menores NSPPC.

El caso de Molly Russell, la menor de 14 a?os que se suicid¨® en 2017, provoc¨® un clamor en la opini¨®n p¨²blica brit¨¢nica a favor de una mayor regulaci¨®n de las redes sociales. Sus padres encontraron en la cuenta de Instagram de la menor contenidos y mensajes desasosegantes sobre la depresi¨®n y el suicidio. Las plataformas digitales insisten en su capacidad para autorregularse, aunque en los ¨²ltimos a?os no han dejado de surgir nuevos casos de abusos online a menores.

No todo son cr¨ªticas a los esfuerzos del Gobierno. La asociaci¨®n Barnardo para la protecci¨®n de los menores en el Reino Unido ha mostrado su voluntad de colaborar con Downing Street y ha dado la bienvenida a los avances anunciados. "No podemos esperar que los menores se defiendan solos. Necesitamos una ley reguladora en vigor cuanto antes. Y para ello, deberemos contar con las competencias necesarias para su eficacia y para exigir responsabilidad a las grandes empresas", ha dicho el presidente de la asociaci¨®n, Javed Khan.

En el trasfondo del debate est¨¢ la tensi¨®n entre Dominic Cummings, el m¨¢ximo asesor de Johnson en Downing Street, que impulsa una renovaci¨®n a gran escala en la econom¨ªa del Reino Unido en la que la innovaci¨®n tecnol¨®gica ser¨ªa clave fundamental, y la ministra del Interior, Priti Patel, una pol¨ªtica de ideas muy conservadoras que ha hecho sin embargo bandera de la lucha contra los abusos a menores en internet. "Internet puede ser la herramienta para conectar a las personas e impulsar la innovaci¨®n", ha dicho la ministra, "pero tambi¨¦n el lugar donde se esconden delincuentes, ped¨®filos incluidos, capaces de causar un gran da?o".

La situaci¨®n en la UE

Reino Unido ha comenzado a andar un camino digital por su cuenta poco despu¨¦s de reafirmar el Brexit. Los pa¨ªses de la Uni¨®n tambi¨¦n pueden introducir leyes nacionales para regular la Red, aunque, tal y como sostiene Natalia Martos, fundadora y CEO de Legal Army, poco sentido tiene alejarse de una estrategia com¨²n. ¡°Espa?a tiene soberan¨ªa para elaborar estas normas. Bien diferente es que luego deba someterse a la legislaci¨®n aprobada en Bruselas. Ser¨ªa un poco imprudente legislar con esta independencia¡±, precisa. Esto es lo que sucede con las regulaciones sectoriales, como la prohibici¨®n de anunciar tabaco en internet y la determinaci¨®n de en qu¨¦ webs y en qu¨¦ franjas horarias pueden publicitarse bebidas alcoh¨®licas seg¨²n su graduaci¨®n.

La normativa que regula m¨ªnimamente internet en Espa?a se ha quedado desfasada. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n y del Comercio Electr¨®nico data de 2002, fruto de una Directiva europea aprobada dos a?os antes. Como comenta Martos, lo m¨¢s relevante es la parte que alude a la responsabilidad legal de los editores de una web sobre sus contenidos. ¡°No son responsables salvo que tengan un conocimiento efectivo del contenido que agreguen terceros. Es decir, si en Facebook o Twitter publican algo abusivo, que incite al odio o sea machista, y les avisan, son responsables de lo que ah¨ª circula¡±, asegura.

La posici¨®n comunitaria se ha recrudecido en los ¨²ltimos a?os gracias a su tribunal. Dos sentencias, por casos denunciados en Estonia, han tenido en cuenta el lucro obtenido gracias a propagar conductas delictivas en un foro de internet. ¡°Si las ventas suben y el editor mantiene el contenido, se le puede acusar, como ha hecho la justicia de la Uni¨®n Europea. Con una regulaci¨®n tan antigua, es normal que la jurisprudencia aumente la responsabilidad de alguna forma¡±, explica Martos, quien aboga por mejorar la legislaci¨®n y adaptarla a todos los cambios de las dos ¨²ltimas d¨¦cadas.

En Europa, aclara la fundadora de Legal Army, existe cierta reticencia al poder amasado por los gigantes tecnol¨®gicos norteamericanos. Algunos expertos incluso hablan de guerra digital. El reglamento de protecci¨®n de datos, en vigor desde hace casi dos a?os, es un claro ejemplo de estas intenciones. ¡°La comisaria de competencia Vestager est¨¢ enfrentada a estas compa?¨ªas. No me extra?ar¨ªa que impulsara alg¨²n tipo de regulaci¨®n. Es una forma de evitar la propagaci¨®n masiva de conductas delictivas¡±, concluye.

La digitalizaci¨®n importa, al menos seg¨²n los discursos, tanto en Espa?a como en la Comisi¨®n. Las leyes que est¨¦n por venir revisar¨¢n un contenido desfasado por la gran evoluci¨®n que ha vivido internet. Martos tiene claro que comenzar¨¢n con mecanismos de control suaves, como c¨®digos de buenas pr¨¢cticas, para dar el salto a una regulaci¨®n de obligado cumplimiento. Una regulaci¨®n que siempre conjugar¨¢ los derechos y libertades en la publicaci¨®n de contenidos con las restricciones jur¨ªdicas. ¡°Lo mismo sucedi¨® con el reglamento de datos y protecci¨®n de privacidad de los usuarios. Es una preocupaci¨®n evidente dadas las derivas que ha tomado la Red¡±, zanja.?