Legal, pero da?ino: por qu¨¦ las redes permiten acoso, pero no pezones

Siempre se ha dicho que en Derecho acabamos los que no hemos sacado una nota suficiente para Medicina o Bellas Artes; una carrera memor¨ªstica y aburrida, pero con ¡°muchas salidas¡±. Comenc¨¦ a estudiar Derecho antes de que Espa?a entrara en la Uni¨®n Europea (UE) y en medio de una crisis pelona muy parecida a la que estamos viviendo ahora. Ya no es un secreto para nadie que soy m¨¢s antigua que el hilo negro. En aquel momento, no hab¨ªa espacio para los sue?os. Los padres no te consideraban especial ni te animaban a que te divirtieras trabajando. En qu¨¦ cabeza cab¨ªa que uno de los castigos del Se?or por el pecado original pudiera ser divertido. Se hac¨ªa lo que se deb¨ªa sin mucha expectativa vital. As¨ª que all¨ª estaba poniendo Derecho como primera opci¨®n con la intenci¨®n de sacarme una abogac¨ªa del Estado que empezar¨ªa a preparar en tercero de una carrera de cinco a?os.

Me aburr¨ª como una marsopa y no estudi¨¦ ni abogac¨ªa del Estado ni ninguna otra oposici¨®n. Sin embargo, al acabar, encontr¨¦ el ejercicio de la abogac¨ªa apasionante y el Derecho, una combinaci¨®n infinita de factores sociales, t¨¦cnicos y psicol¨®gicos que no se acaba nunca. Regular las realidades sociales, las expectativas y las necesidades de los ciudadanos en un tiempo de fluidez extrema es tan apasionante como complicado. Lidiamos con problemas viejos, pero con una escala tal que se convierten en nuevos. Las reglas que ten¨ªamos para regular las relaciones de los mismos humanos resultan inservibles y las colisiones con derechos cl¨¢sicos, una mara?a dif¨ªcil de desenredar. Sobre todo si los intereses corporativos y econ¨®micos se personan en los despachos adecuados.

La desinformaci¨®n, los contenidos legales, pero perjudiciales, es un problema con el que llevamos lidiando desde el Brexit y la elecci¨®n de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Cuando el fen¨®meno se hizo incontrolable, las cabezas se giraron hacia juristas y pol¨ªticos reclamando una soluci¨®n frente a discursos que, amparados por la libertad de expresi¨®n, son claramente da?inos. Algo tan intuitivo se ha revelado muy dif¨ªcil de regular por diversos motivos. Partimos de clasificaciones difusas de lo que son las fake news, de lo que es la desinformaci¨®n, de lo que no si¨¦ndolo tampoco es conveniente, o de expresiones que, no siendo convenientes o educadas, est¨¢n amparadas por la libertad de expresi¨®n. No estaba en los manuales c¨®mo proteger a la sociedad de la amplificaci¨®n de la que se benefician los idiotas, los malvados o los indolentes.

Reino Unido busca una definici¨®n de ¡°legal, pero da?ino¡±: autolesi¨®n, acoso o trastornos alimentarios, pero no han llegado m¨¢s all¨¢

Los anglosajones que, por la propia flexibilidad de su sistema, siempre son capaces de encontrar soluciones eficaces e imaginativas a problemas complejos, han abierto el complicado mel¨®n de definir el ¡°legal but harmful speech¡±, (el discurso legal, pero perjudicial) y se han encontrado con el mismo problema que todo el mundo. El proyecto brit¨¢nico ¡°Online safety bill¡±, (la propuesta de ley de seguridad en l¨ªnea, una norma que, de aprobarse, ser¨ªa la m¨¢s estricta del mundo en la vigilancia de los contenidos online) est¨¢ enfangado intentando encontrar una definici¨®n de que lo que es un discurso ¡°legal, pero da?ino¡±. Tienen claro que las publicaciones sobre autolesi¨®n, acoso o trastornos alimentarios entrar¨ªan en esta definici¨®n, pero no han llegado m¨¢s all¨¢.

Tan complicado es que la UE ni lo ha intentado. La Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act o DSA, por sus siglas en ingl¨¦s), aprobada este mes de julio, establece la obligaci¨®n de las plataformas de gran tama?o y los buscadores de evitar cualquier ¡°abuso¡±. Para eso, tendr¨¢n que hacer un an¨¢lisis de riesgos de que ocurra ese abuso, implantar medidas para mitigar ese riesgo y luego auditarlo todo a una tercera parte independiente. Los riesgos son tan gen¨¦ricos y dif¨ªciles de evaluar (la desinformaci¨®n o la manipulaci¨®n electoral, la ciberviolencia contra las mujeres o los da?os a los menores) que nos podr¨¢ valer cualquier an¨¢lisis y cualquier evaluaci¨®n. De lo que se han cuidado los legisladores europeos es de definir qu¨¦ es un ¡°contenido il¨ªcito¡±: ser¨¢ lo que cada estado miembro diga y solo se podr¨¢ retirar el contenido donde sea ilegal por sus leyes nacionales, no en el resto de pa¨ªses.

En EEUU, han optado por proteger a los menores, que siempre es m¨¢s sencillo y agradecido. Los senadores Richard Blumenthal (dem¨®crata de Connecticut) y Marsha Blackburn (republicana de Tennessee) presentaron un proyecto de ley bipartidista inspirado en alguna de las obligaciones de la DSA, como la creaci¨®n de requisitos de transparencia algor¨ªtmica, si bien solo se aplicar¨ªan a los menores, dejando desprotegidos a los usuarios adultos.

El debate es por qu¨¦ no hay lugares p¨²blicos no sujetos a los intereses de empresas que est¨¢n fuera de la jurisdicci¨®n de sus jueces

Toda esta complicaci¨®n para evitar declarar la responsabilidad de los prestadores de servicios y buscadores, como Facebook, TikTok, Twitter o Google, sobre los contenidos que publican. Estos operadores se amparan en la irresponsabilidad que les otorga la secci¨®n 230 y la normativa europea que la copia para permitir la publicaci¨®n de cualquier cosa sin filtro ni moderaci¨®n alguna. En los albores de la internet comercial, all¨¢ por los a?os 90, se estableci¨® el principio del bibliotecario o el librero que no tiene por qu¨¦ conocer el contenido de todo lo que vende. Si un libro es ilegal, se retira el libro, pero no se cierra la librer¨ªa. Aunque, si el editor de un peri¨®dico publica un contenido ilegal, el responsable es el peri¨®dico, excepto por esta tribuna que es de opini¨®n de la que no se hacen responsable (y hacen muy bien).

Pero no estamos en la internet de router gorgojeante. Los prestadores son empresas de beneficios apabullantes que est¨¢n ense?ando a los coches a conducir solos y que son perfectamente capaces de leerse la biblioteca entera. Ya lo hacen al aplicar el algoritmo para ofrecernos no los contenidos que hemos elegido, sino los que se ajustan a sus intereses econ¨®micos y a los de sus clientes, que no somos nosotros. Hacen ya una labor editorial de la que es imposible zafarse desde la tranquilidad absoluta de no ser responsable de nada. De hecho, esa labor editorial est¨¢ en el origen del problema.

Muchos piensan que revocar o eliminar la irresponsabilidad de estos prestadores supondr¨ªa que, al protegerse de reclamaciones a nivel mundial, tomar¨ªan una postura protectora de sus intereses censurando a diestro y siniestro. Es tiempo de dejarnos de pa?os calientes. Nuestra relaci¨®n con estas empresas es contractual. Si incumplimos las reglas de obscenidad y publicamos un pez¨®n o hacemos el v¨ªdeo de navidad de la empresa con una canci¨®n sobre la que hay derechos de autor, nos suspenden la cuenta o retiran el contenido a la velocidad del rayo, pero si acosamos a alguien hasta hacer su vida insoportable, sacan la carta de la libertad de expresi¨®n. Porque les sale gratis. El debate no es que si hacer responsable a las redes sociales y buscadores de los contenidos que ya editan es un atentado a la libertad de expresi¨®n o si es t¨¦cnicamente posible, que lo es. Eso ya se est¨¢ produciendo al priorizar la porquer¨ªa sobre otros contenidos. El debate es por qu¨¦ no hay competencia para que los ciudadanos puedan debatir en lugares p¨²blicos no sujetos a los intereses de los accionistas de empresas que est¨¢n fuera de la jurisdicci¨®n de sus jueces.

No se trata de, como dice la DSA, de ¡°sopesar cuidadosamente¡± si unas medidas t¨ªmidas y t¨¦cnicas suponen una restricci¨®n a la libertad de expresi¨®n, sino de atajar el problema en su ra¨ªz. Se trata de aplicar el principio medioambiental de que quien contamine, pague.

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