La Junta andaluza destina 322.765 euros a desarrollar un traductor autom¨¢tico de sus propios textos a ¡°lenguaje claro¡±
La Consejer¨ªa de Inclusi¨®n Social justifica el gasto de fondos Next Generation en que la administraci¨®n tiende a utilizar una comunicaci¨®n compleja, no siempre comprensible por la ciudadan¨ªa
El lenguaje jur¨ªdico y administrativo puede ser un galimat¨ªas que limita el acceso a recursos y los derechos de los ciudadanos. Ya un estudio sobre 10 millones de palabras utilizadas en contextos legales concluy¨® que los escritos de estos ¨¢mbitos contienen ¡°proporciones sorprendentemente altas de ciertas caracter¨ªsticas [ling¨¹¨ªsticas] dif¨ªciles de procesar¡± y que su uso y abuso dificulta su entendimiento. En la provincia argentina de Corrientes, la diputada Mar¨ªa Eugenia Mancini ha presentado un proyecto de ley para ¡°obligar al uso de un lenguaje claro y preciso en todos los actos del sector p¨²blico¡±. En Espa?a, el Gobierno andaluz ha optado por otra soluci¨®n: en vez de imponer que las comunicaciones sean comprensibles en su origen, ha destinado 322.765 euros a ¡°la contrataci¨®n de servicios para la realizaci¨®n de un sistema de conversor de documentos a lenguaje claro¡±, seg¨²n ha comunicado. En lenguaje claro: ha encargado el desarrollo de un traductor autom¨¢tico de sus propios textos, algo que las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) m¨¢s comunes ya hacen.
¡°Le enviamos esta notificaci¨®n NCC889902087667**** [se obvian los ¨²ltimos d¨ªgitos que s¨ª figuran en el texto oficial] para practicar el acto administrativo que, por causas no imputables a la Administraci¨®n, no ha podido realizarse mediante la anterior notificaci¨®n con NCC98876657890**** imposibilitando entregar la misma al destinatario en el domicilio de esa notificaci¨®n¡±. Esta es una notificaci¨®n administrativa real recogida por Olga Koreneva Antonova, profesora de la Facultad de Traducci¨®n e Interpretaci¨®n de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), quien sostiene que ¡°el lenguaje administrativo y jur¨ªdico destaca por su poca transparencia¡±. En este caso se trataba simplemente de una segunda notificaci¨®n al no haber sido posible la entrega de la primera, pero el lenguaje es farragoso y con errores gramaticales que dificultan su entendimiento.
Esta complicaci¨®n de los textos legales y administrativos es grave y para Mancini, seg¨²n recoge El libertador argentino, limita la relaci¨®n entre el Estado y la ciudadan¨ªa y vulnera los principios de transparencia y responsabilidad p¨²blica. La diputada propone que la ley que impulsa se aplique a todos los poderes y que una ¡°entidad sea responsable de elaborar gu¨ªas y manuales, promover la capacitaci¨®n del personal p¨²blico y brindar asesoramiento t¨¦cnico para garantizar que el lenguaje claro se incorpore de manera efectiva en las pr¨¢cticas diarias de los organismos¡±.
La consejer¨ªa de Inclusi¨®n Social del Gobierno andaluz ha optado por actuar en otro ¨¢mbito. En vez de promover el uso de un lenguaje claro desde el origen del documento, ha decidido licitar, con cargo a fondos europeos Next Generation, el desarrollo de un sistema inform¨¢tico que traduzca sus textos a espa?ol comprensible, con un coste superior a los 300.000 euros y un plazo de ejecuci¨®n de ocho meses tras la firma del contrato.
La justificaci¨®n de la Junta andaluza parte de asumir la deficiencia en la comunicaci¨®n comprensible de resoluciones, plazos para solicitar recursos o requerimientos de documentaci¨®n: ¡°La administraci¨®n tiende a utilizar un lenguaje complejo, no siempre comprensible por la ciudadan¨ªa y, especialmente, por las personas mayores, con alg¨²n tipo de discapacidad, con menor nivel formativo o que no conocen correctamente el castellano, entre otros colectivos¡±. Seg¨²n la consejera de Inclusi¨®n Social, Loles L¨®pez, ¡°la real y plena inclusi¨®n de las personas con discapacidad parte [empieza] por garantizar medidas de accesibilidad universal y [la] prestaci¨®n de los apoyos necesarios¡±
Pedro Calb¨® Roca, director general de Personas con Discapacidad y responsable del proyecto, explica que el traductor ser¨¢ para uso de los funcionarios y que el ciudadano podr¨¢ recurrir a la versi¨®n traducida, si la precisa. ¡°No va dirigido solo a las personas con discapacidad, sino que va dirigido a cualquier persona que tenga una necesidad de disponer de ese escrito con un lenguaje jur¨ªdico formal en un lenguaje de claro¡±, insiste.
Calb¨® justifica el recurso a la inteligencia artificial en vez de utilizar un lenguaje claro desde el principio: ¡°El n¨²mero de funcionarios que tiene la Junta de Andaluc¨ªa es enorme y no todo el mundo tiene capacidad de escribir directamente en lenguaje claro. El volumen de escritos que generamos es muy amplio y diverso, por tanto, todo eso exigir¨ªa formar a cada uno de los trabajadores de la Junta que realiza alg¨²n tipo de escrito para que tuviera la capacidad para adaptar el lenguaje¡±.
Koreneva, profesora de traducci¨®n, saluda la iniciativa de la Junta, aunque con matices. ¡°Si no tenemos otra cosa, por lo menos, de algo servir¨¢. En principio est¨¢ bien, siempre que funcione¡±, afirma la especialista, quien coincide en la percepci¨®n general sobre el lenguaje administrativo: ¡°Es horrible¡±.
Pero su apoyo a la propuesta andaluza incluye algunas cautelas. ¡°Tiene que ser muy fiable, sobre todo, en notificaciones tan importantes como alguna resoluci¨®n judicial o notificaciones tributarias, que son bastante complejas. Sabemos que los traductores autom¨¢ticos no son perfectos y, si cometen un error, el usuario se arriesga a no cumplir plazos o no entregar documentaci¨®n espec¨ªfica requerida¡±.
Calb¨® coincide en esta cautela y es, precisamente, su argumento para recurrir a un traductor espec¨ªfico propio y descartar las aplicaciones ya existentes: ¡°Primero, para adecuarnos al tipo de resoluciones de la Junta de Andaluc¨ªa. Por otro lado, porque es un lenguaje muy formal que tiene unas consecuencias jur¨ªdicas cuando lo recibe el ciudadano. Tenemos que asegurar que esa traducci¨®n sea lo m¨¢s fiel posible para garantizar bien los efectos jur¨ªdicos o para que la persona entienda qu¨¦ efectos va a tener ese escrito. Entendemos que es mucho mejor tener una aplicaci¨®n interna espec¨ªfica que ha sido testada y aprobada por nosotros. Con herramientas est¨¢ndares no tendr¨ªamos la garant¨ªa al 100%¡±.
Koreneva mantiene las cautelas y advierte de que las m¨¢quinas fallan incluso en materias propias de Inclusi¨®n Social, ya que un traductor autom¨¢tico, seg¨²n detalla la profesora, ¡°no considera la igualdad de g¨¦nero¡± y tiende a sustituir el femenino por el masculino porque las fuentes con la que se entrena ya incluyen ese sesgo. ¡°Este tipo de herramientas se puede usar para facilitarnos el trabajo, pero no nos pueden sustituir porque no son fiables al 100%. Si es algo importante y puede tener consecuencias legales, yo no me atrever¨ªa a usarlo¡±, explica.
La experta, que aboga por la presencia de supervisi¨®n humana de los sistemas, admite, como el responsable de la Junta andaluza, que es dif¨ªcil conseguir que los redactores de textos legales y administrativos recurran a un lenguaje com¨²n. ¡°Ellos dominan ese vocabulario, trabajan con ¨¦l y no conocen las alternativas. Creo que no ser¨ªan capaces¡±, lamenta. Tampoco conf¨ªa en la propuesta argentina de establecer una ¡°autoridad¡± que revise los textos. ¡°Los tr¨¢mites ya son lentos como para incluir un tiempo de revisi¨®n¡±, reflexiona.
La IA ya lo hace
La interpretaci¨®n de textos administrativos o legales ya la realizan las aplicaciones de inteligencia artificial m¨¢s populares. La versi¨®n gratuita de ChatGPT, de OpenAI, explica la farragosa comunicaci¨®n que utilizaba la profesora de la UPO como ejemplo de forma muy precisa: ¡°Informa sobre un acto administrativo que no se pudo llevar a cabo por razones que no son responsabilidad de la administraci¨®n (como que no se haya podido localizar al destinatario)¡±. A continuaci¨®n, desgrana los elementos relevantes del texto y concluye: ¡°Es importante prestar atenci¨®n a este tipo de notificaciones, ya que suelen tener plazos espec¨ªficos para responder o actuar. Si tienes dudas, es recomendable contactar con la administraci¨®n que envi¨® el aviso para obtener m¨¢s informaci¨®n¡±.
Gemini, de Google, tambi¨¦n acierta en un resultado que la propia m¨¢quina define como ¡°Traducci¨®n y explicaci¨®n simplificada¡±: ¡°Te enviamos este nuevo aviso (con el n¨²mero NCC889902087667****) para que se lleve a cabo una acci¨®n oficial que no pudimos realizar antes (con el aviso NCC98876657890****). La raz¨®n por la que no se pudo entregar el aviso anterior es porque no pudimos encontrarte en la direcci¨®n que ten¨ªas registrada.¡± Incluso aporta versiones a¨²n m¨¢s simples: ¡°En otras palabras: La administraci¨®n p¨²blica est¨¢ intentando notificarte algo importante, pero tuvo problemas para entregarte el primer aviso¡±. A partir de ah¨ª, detalla las posibles implicaciones y la relevancia de la comunicaci¨®n. Adem¨¢s, sugiere c¨®mo actuar y tambi¨¦n recomienda contactar con el remitente en caso de duda.
Pero Calb¨® insiste en que no son v¨¢lidas para el prop¨®sito de la administraci¨®n andaluza. ¡°Desde un punto de vista inform¨¢tico, hemos analizado las actuales herramientas que hay en el mercado y creemos que es m¨¢s efectivo y eficaz esta soluci¨®n [el traductor propio y espec¨ªfico]¡±.
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