La crisis migratoria alimenta el empleo infantil en Estados Unidos, un agujero con 6.000 casos en 2023

El trabajo consist¨ªa en operar una m¨¢quina que transforma planchas de metal en componentes para autos. El lugar era la planta de Smart en Luverne, Alabama, que proporciona componentes para la f¨¢brica de la automotriz Hyundai del mismo Estado. La persona a cargo de esta labor trabaj¨® entre 50 y 60 horas semanales durante un m¨ªnimo de seis meses. Todos estos datos constan en una reciente demanda interpuesta por el departamento de Trabajo y es que quien realizaba el trabajo era una ni?a de 13 a?os. A veces no hay que viajar a lugares remotos para ponerle cara al empleo infantil.

La demanda, algo infrecuente en estos casos, abre un procedimiento judicial con la automotriz Hyundai, un fabricante de componentes¡ªSmart, desde 2023 ITAC Alabama¡ª y una empresa de contrataci¨®n, Best Practice Services. Hyundai dice que el trabajo infantil est¨¢ en contra de los valores de la empresa y que es injusto que les incluyan en una demanda por lo que hace un proveedor.

La realidad es que la situaci¨®n de esta ni?a no es un hecho aislado en Estados Unidos. El departamento de Trabajo ha verificado un aumento de los casos de trabajo infantil contraviniendo las leyes federales, el Fair Labor Standard Act de 1938 que incluye legislaci¨®n para el trabajo de menores. El a?o pasado se investigaron casos que afectan a 5.792 ni?os en todo el pa¨ªs, y cientos de ellos estaban empleados en ocupaciones peligrosas. El Departamento no hace p¨²blicos los nombres ni la nacionalidad de los menores pero Reuters y The New York Times han investigado que en numerosos casos quienes terminan trabajando en f¨¢bricas son ni?os migrantes latinos, muchos de ellos llegados a Estados Unidos sin la compa?¨ªa de adultos.

¡°Hay aspectos en el estatus de los j¨®venes inmigrantes no acompa?ados que les hace m¨¢s vulnerables a este tipo de situaciones¡±, explica Nina Mast, analista de la Red de Investigaci¨®n y An¨¢lisis del Economic Policy Institute (EPI). ¡°Por su situaci¨®n pueden estar forzados a trabajar en puestos quiz¨¢ con sueldos m¨¢s elevados que en un turno de restaurante de comida r¨¢pida pero a la vez poniendo en peligro su salud, su seguridad y su educaci¨®n y no tienen un padre o guardi¨¢n que asegure que lo que hacen es apropiado¡±. Daniel Costa, director de Investigaci¨®n de Ley y Pol¨ªtica Inmigratoria del EPI, explica que los menores migrantes tienen ¡°todo tipo de presiones¡± por su estatus precario, lo que los lleva a aceptar condiciones dif¨ªciles. Adem¨¢s, no tienen ning¨²n incentivo para reportar la situaci¨®n de la ilegalidad por la situaci¨®n migratoria en la que est¨¢n.

La analista apunta a que hay un consenso bipartidista sobre el hecho de que las multas por las violaciones a la legislaci¨®n laboral son bajas y nada disuasorias. Las multas son un costo m¨¢s, apenas notable, del negocio para muchas grandes empresas. Las leyes ¡°son importantes pero relativamente d¨¦biles para est¨¢ndares laborales, adem¨¢s de anticuadas¡±, eval¨²a Mast.

Elevar la penalizaci¨®n econ¨®mica, sin embargo, es solo una de las pr¨¢cticas que se pueden actualizar o incorporar a la lucha contra el trabajo infantil ilegal. Otra alternativa que se?alan los expertos es perseguir criminalmente estas pr¨¢cticas siempre y cuando se vaya contra la organizaci¨®n empresarial y no contra gestores de nivel medio que pueden ser tambi¨¦n vulnerables al abuso que haya dentro de la organizaci¨®n¡±, matiza Mast.

Tara Watson, economista centrada en pol¨ªtica y red social, adem¨¢s de inmigraci¨®n, en el centro de an¨¢lisis Brookings, explica que las multas no son suficientes y que hay motivos para considerar la criminalidad en casos en los que se contrate a un ni?o de 11 a?os para una actividad peligrosa. Una de sus propuestas es mejorar la aplicaci¨®n de la ley por parte del departamento de Trabajo, algo complicado cuando est¨¢ infradotado en materia de presupuestos y personal.

Costa explica que hay menos de 800 investigadores, un nivel m¨ªnimo hist¨®rico desde los a?os setenta, que suena escaso cuando son los responsables de vigilar un mercado laboral de 160 millones de personas. ¡°Se podr¨ªa multiplicar por tres el n¨²mero de personal en el departamento y a¨²n as¨ª estar por debajo de lo que se necesita¡±, apunta. El nivel de financiaci¨®n no se ha actualizado desde 2006 hasta 2022. Costa apunta que se dedican 25.000 millones de d¨®lares al a?o al ICE (encargado del cumplimiento de la ley migratoria), pero apenas 2.000 millones para proteger los est¨¢ndares laborales y las agencias de trabajo. Actualizar la legislaci¨®n a la realidad del siglo XXI es otra de las materias pendientes, as¨ª como reelaborar la lista de labores peligrosas para menores. Actualmente hay una lista con 17 actividades de este tipo, pero no se ha actualizado en mucho tiempo por m¨¢s que se ha intentado.

Mast cree que para incentivar el reporte de estas ilegalidades hay que eliminar la responsabilidad criminal de los padres: ¡°A nivel estatal hay lugares donde se criminaliza a los padres que est¨¢n al tanto de la ilegalidad del empleo de un hijo y eso crea un efecto negativo¡±. Estos especialistas consideran que se puede dar a las familias un alivio monetario por reportar violaciones, algo que hasta ahora no ocurre porque las multas se destinan a un fondo general, aunque en los ¨²ltimos meses el departamento de Trabajo ha obligado a que la empresa entregue el equivalente al beneficio de este trabajo infantil a los menores. Esto se debe a uno de los mayores acuerdos a los que se ha llegado en esta materia. El Gobierno acord¨® con una procesadora y distribuidores de pollos de Los ?ngeles que, entre otras cosas, se restara un mill¨®n de d¨®lares de los beneficios conseguidos con la labor opresiva de ni?os menores de 14 a?os que usaban cuchillos afilados para deshuesar la carne.

Incrementar el salario m¨ªnimo y que no haya un subm¨ªnimo dependiendo de la edad, adem¨¢s de apoyar a los trabajadores de tal manera que puedan protestar por las condiciones de trabajo y permitir los reportes an¨®nimos de circunstancias ilegales con una aplicaci¨®n son algunas de las v¨ªas que se est¨¢n intentando llevar a cabo para lograr un cambio.

Acci¨®n deferida

Hay una novedad fundamental desde principios de 2023, cuando el departamento de Seguridad Nacional anunci¨® el proceso de acci¨®n deferida para proteger de deportaci¨®n a trabajadores migrantes que fueran v¨ªctimas o testigos de violaciones de leyes laborales. Esta acci¨®n ya exist¨ªa, como recuerda Costa, pero la administraci¨®n de Biden la formaliz¨®. Aun as¨ª, muchas de las medidas que se pueden poner en marcha ahora requieren la acci¨®n del Congreso y eso complica que salgan adelante. Seg¨²n Costa, no solo cuesta contar con los votos republicanos en esta materia, sino tambi¨¦n con algunos dem¨®cratas.

Aunque hay ciertas modificaciones a nivel estatal que refuerzan algunas de las herramientas para frenar el trabajo de menores como elevar multas o eliminar la responsabilidad criminal de los padres, Mast dice que se est¨¢n produciendo una serie de intentos en algunos Estados ¡°por legalizar las violaciones que est¨¢n ocurriendo en algunas industrias¡±.

Especialmente preocupa el inter¨¦s por eliminar los permisos de trabajo por parte de una agencia o departamento de educaci¨®n o la ampliaci¨®n de trabajos de riesgo. En Florida se aprob¨® inicialmente una ley que permitir¨ªa a menores de 17 y 16 a?os trabajar en escaleras y tejados, lo que est¨¢ prohibido a nivel federal. Mast considera que esto solo es un ejemplo entre muchos: ¡°Finalmente no se puso en marcha, pero es el tipo de cambios que se quieren hacer¡±.