Un par¨¦ntesis a la ineficiente erradicaci¨®n forzada de la coca

¡°Las operaciones de erradicaci¨®n forzada de los cultivos de mata de coca se suspendieron¡±, declar¨® el nuevo director de la Polic¨ªa, el general Henry Sanabria. Los cr¨ªticos de la medida prontamente se?alaron que Colombia ser¨ªa un ¡°Tsunami de droga¡±, mientras que quienes empujan la reforma a la pol¨ªtica de drogas aplaudieron el anuncio. D¨ªas m¨¢s tarde, en medio de la visita de una delegaci¨®n de la Casa Blanca, el Gobierno rectific¨®, aclarando que priorizar¨ªa la sustituci¨®n y que le erradicaci¨®n forzada ser¨ªa el plan B. Pero ?por qu¨¦ no pensar en poner un par¨¦ntesis a la erradicaci¨®n forzada?

Los problemas de la erradicaci¨®n forzada no son nuevos. Si bien su uso intensivo ha provocado descensos temporales, la manera como se ha implementado ha mostrado niveles de eficacia bajos, y costos altos. Adem¨¢s, decisiones judiciales y condiciones de seguridad adversas, limitan su aplicaci¨®n en los enclaves cocaleros.

Durante la administraci¨®n Duque obstinadamente se presion¨® por la reactivaci¨®n de la aspersi¨®n a¨¦rea, con poca convicci¨®n en el desarrollo alternativo. Se opt¨® entonces por incrementar la erradicaci¨®n manual forzada, pasando de 23 grupos m¨®viles destinados a esta tarea en 2018 a casi 200 en 2021, dirigiendo una parte importante de las capacidades rurales de la Fuerza P¨²blica a arrancar matas de coca. Pero mientras que la erradicaci¨®n forzada se increment¨® 72% (una cifra que no exenta de dudas), los cultivos de coca ¨C seg¨²n las estimaciones de la Casa Blanca ¨C se incrementaron 13%, llegando a 234.000 hect¨¢reas.

En a?os recientes, la erradicaci¨®n forzada ha chocado con los fallos de la justicia y las dif¨ªciles condiciones de seguridad en las zonas de cultivos de coca. Por ejemplo, en Tumaco, Nari?o, el segundo municipio con m¨¢s hect¨¢reas sembradas, en mayo de 2021 un tribunal orden¨® suspender las operaciones de erradicaci¨®n, por no incluir la consulta previa ni seguir lo planteado en el Acuerdo de Paz. Tras la decisi¨®n, las hect¨¢reas erradicadas forzosamente disminuyeron en ese a?o 72%.

En Catatumbo, uno de los principales enclaves cocaleros, en los cuatro a?os de la administraci¨®n Duque los niveles de erradicaci¨®n fueron muy bajos. En Tib¨², el municipio con m¨¢s cultivos de coca en Colombia, se erradicaron en promedio el 8% de los cultivos de coca cada a?o. En El Tambo, Cauca, que ocupa el tercer lugar, el promedio fue del 6%. Una compleja combinaci¨®n de control territorial por parte de grupos armados ilegales y de resistencia de las comunidades, los convirtieron en zonas vetadas.

En cambio, la erradicaci¨®n forzada se aplic¨® intensamente donde se pudo. En 2021, el 58% de las 103.257 ha. erradicadas se encontraban en tres departamentos: Putumayo (33%), Bol¨ªvar (16%), Caquet¨¢ (10%). Adem¨¢s, diez municipios concentraron el 47% de las hect¨¢reas erradicadas forzosamente.

A¨²n no contamos con las cifras del Sistema de Monitoreo de Naciones Unidas (SIMCI), que siguen engavetadas en alg¨²n despacho del Gobierno, por lo que es dif¨ªcil estimar a estas alturas el impacto de estas operaciones. Lo que s¨ª es posible afirmar es que la manera como ha sido usada esta herramienta ha producido choques con las comunidades, profundizado las tensiones con la Fuerza P¨²blica, y desviado la atenci¨®n de las prioridades en materia de seguridad.

Seg¨²n la Fuerza P¨²blica, de 2020 a julio de 2022 se presentaron 3.870 incidentes en las operaciones de erradicaci¨®n forzada, que incluyeron manifestaciones y bloqueos por parte de los pobladores. En un municipio como Puerto As¨ªs, Putumayo, solo en 2021, se registraron 237 eventos.

En algunos casos, el saldo ha sido la muerte de campesinos y miembros de la Fuerza P¨²blica, as¨ª como m¨²ltiples heridos. En el periodo de 2018 a julio de 2022, las cifras oficiales dan cuenta de 356 v¨ªctimas que hac¨ªan parte de los escuadrones de erradicaci¨®n: 80 civiles y 276 miembros de la Fuerza P¨²blica, la mayor¨ªa de ellos heridos o muertos como consecuencia de las minas antipersonal.

Adem¨¢s, con las din¨¢micas de resiembra, la erradicaci¨®n forzada se parece al perro que se muerde la cola. Una vez el grupo de erradicaci¨®n termina su jornada, arrancando de una a tres hect¨¢reas al d¨ªa, avanza hacia el siguiente lote. Cuando el escuadr¨®n se aleja, los cultivadores de coca vuelven a sembrar. Por esta raz¨®n mientras que las cifras anuales de erradicaci¨®n son presentadas como un logro ¨C infladas ante la ausencia de verificaci¨®n -, este en realidad es un esfuerzo operativo perdido.

Bajo estas condiciones, es razonable y necesario hacer un par¨¦ntesis en la erradicaci¨®n forzada, con reglas claras y mecanismos de contenci¨®n que involucren a los actores locales. El comienzo de del Gobierno Petro abre una nueva oportunidad para construir acuerdos con las comunidades, en los que el Estado asuma compromisos realistas ¨C no promesas en el aire-, enfocados en la transformaci¨®n territorial, mientras que avanza la erradicaci¨®n voluntaria. Es decir, hacer bien lo que dice el Acuerdo de Paz, corrigiendo los errores del actual Programa de Sustituci¨®n (PNIS).

La clave est¨¢ en pasar de un enfoque asistencialista dirigido a las familias, a la integraci¨®n econ¨®mica de los territorios, priorizando la oferta de bienes y servicios. Pero nada de esto funciona sin seguridad y las limitaciones fiscales generan un escenario de incertidumbre.

En este par¨¦ntesis la erradicaci¨®n forzada, en lugar de funcionar fijando cuotas y metas de manera deliberada, se dirigir¨ªa estrat¨¦gicamente a los cultivos industriales y aquellos casos donde haya un claro incumplimiento de los acuerdos. Dado el d¨¦ficit de presencia de la Fuerza P¨²blica en la ruralidad, esto permitir¨ªa reasignar responsabilidades, dirigiendo sus capacidades a la protecci¨®n de las comunidades, as¨ª como a la interrupci¨®n de la producci¨®n y el tr¨¢fico, de coca¨ªna.

Mientras que se avanzan en el largo camino de la regulaci¨®n, el gobierno deber¨ªa comenzar por arreglar lo que tiene a la mano, aprovechando la disposici¨®n al di¨¢logo de los Estados Unidos. Pero para ello necesita pasar de los anuncios que pueden generar falsas expectativas e incentivos para aumentar los cultivos, a una hoja de ruta clara que nos saque de la inercia de la erradicaci¨®n forzada de la coca.

*¡°Juan Carlos Garz¨®n es investigador asociado de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz y experto en politicas de seguridad y drogas¡±¡±

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