Colombia prepara el regreso de las cuestionadas fumigaciones con glifosato contra los cultivos de coca
El Gobierno de Iv¨¢n Duque expide un decreto para reactivar el pol¨¦mico m¨¦todo pese a su impacto en la salud y en el medio ambiente
El Gobierno de Iv¨¢n Duque est¨¢ a punto de cumplir su prop¨®sito, largamente postergado, de que Colombia regrese a las cuestionadas fumigaciones a¨¦reas con glifosato contra los cultivos de hoja de coca. El presidente, al que le queda poco m¨¢s de un a?o de mandato, firm¨® este lunes un decreto que establece las reglas de la aspersi¨®n a¨¦rea para regular ¡°el control de riesgos para la salud y el medio ambiente¡±, y as¨ª cumplir con algunos de los requisitos que le ha exigido la Corte Constitucional. Desde que se suspendieron las fumigaciones en 2015, acad¨¦micos, ambientalistas y organizaciones sociales han rechazado el uso de este herbicida potencialmente cancer¨ªgeno.
El anuncio reabre una discusi¨®n que ha despertado pasiones a lo largo de los a?os. El propio Duque ha argumentado con insistencia que Colombia necesita todas las herramientas para combatir el narcotr¨¢fico, incluido el glifosato. Su antecesor, Juan Manuel Santos, abog¨® por cambiar el enfoque en la lucha global contra el tr¨¢fico de drogas, y pidi¨® abordar el problema como un asunto de derechos humanos y salud p¨²blica ¡ªincluso en su discurso de aceptaci¨®n del Nobel de Paz por el acuerdo que sell¨® con las FARC¡ª. El actual mandatario ha marcado una l¨ªnea m¨¢s dura y un regreso al prohibicionismo, al tiempo que ha favorecido la erradicaci¨®n forzosa en detrimento de la sustituci¨®n voluntaria pactada con las comunidades de campesinos.
Colombia ha fumigado cultivos il¨ªcitos con glifosato desde los a?os ochenta. Aunque Estados Unidos promueve su uso, el Gobierno de Santos suspendi¨® las aspersiones a¨¦reas en 2015 ante recomendaciones de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud (OMS) y un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precauci¨®n. En otra sentencia de 2017, el alto tribunal determin¨®, entre otros requisitos, que las autoridades solo pueden reactivar las fumigaciones si establecen con investigaciones cient¨ªficas que esas aspersiones no producen da?o a la salud ni al medio ambiente.
El decreto de esta semana ¡°no reactiva autom¨¢ticamente el programa de erradicaci¨®n de cultivos il¨ªcitos mediante aspersi¨®n a¨¦rea, y para el efecto es necesario que el Consejo Nacional de Estupefacientes [CNE] verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos¡±, ha matizado el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. ¡°El programa estar¨¢ enfocado a cultivos industrializados y tecnificados, y cultivos nuevos con injerencia de grupos armados organizados, residuales y grupos criminales narcotraficantes¡±, ha se?alado por su parte su compa?ero de Gabinete en la cartera de Defensa, Diego Molano, quien vaticina que las aspersiones se reactivar¨¢n en este trimestre, en un proceso que podr¨ªa extenderse hasta junio.
Para que las avionetas de la fuerza p¨²blica vuelvan a arrojar el herbicida sobre los cultivos de coca a¨²n faltan varios pasos. Entre otros, los conceptos del Instituto Nacional de Salud y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, de manera que el Ejecutivo pueda citar al CNE, la entidad nacional de pol¨ªtica de drogas. Varios frentes todav¨ªa est¨¢n envueltos en procesos jur¨ªdicos. Sin embargo, se da por descontado que el CNE aprobar¨¢ las fumigaciones, pues la mayor¨ªa de sus miembros son funcionarios nombrados por Duque.
¡°El Gobierno ha sido absolutamente sordo a las cr¨ªticas¡±, valora Isabel Pereira, coordinadora del ¨¢rea de pol¨ªtica de drogas del centro de pensamiento Dejusticia, que destaca entre diversos pronunciamientos la carta de finales del a?o pasado en la que siete relatores de Naciones Unidas ¨Cel de Sustancias T¨®xicas, la de Afrodescendientes, el de Medio Ambiente, el de Derecho a la Alimentaci¨®n, la de Derecho a la Salud, la de Situaci¨®n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Ind¨ªgenas¨C le ped¨ªan a Duque no regresar al glifosato. ¡°El decreto es un acto desafiante de terquedad que demuestra que no est¨¢n interesados en escuchar a la comunidad internacional, ni a la comunidad acad¨¦mica, ni mucho menos a las comunidades que ser¨ªan afectadas por la aspersi¨®n¡±, apunta Pereira. ¡°La evidencia no va a afectar la manera como toman las decisiones¡±, se lamenta al advertir que la reglamentaci¨®n a¨²n presenta vac¨ªos con respecto a los est¨¢ndares que fij¨® la corte.
Colombia se mantiene por mucho como el principal productor mundial de hoja de coca, la materia prima para la coca¨ªna. Luego de haber alcanzado m¨¢ximos hist¨®ricos, las hect¨¢reas dedicadas a la coca han comenzado a marcar una tendencia a la baja en el Gobierno de Duque gracias a a?os de enormes esfuerzos. La superficie total se ubic¨® en 154.000 hect¨¢reas al cierre del 2019, de acuerdo con el m¨¢s reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Il¨ªcitos de Naciones Unidas (SIMCI), la medici¨®n oficial. Fue el segundo a?o consecutivo de una modesta disminuci¨®n frente al r¨¦cord de 171.000 hect¨¢reas en 2017. El Gobierno culpa al narcotr¨¢fico de la crisis de seguridad que sufre el pa¨ªs, que incluye un creciente n¨²mero de masacres y el incesante asesinato de l¨ªderes sociales.
¡°La inseguridad en el campo colombiano ha empeorado constantemente en a?os recientes mientras los grupos armados compiten entre s¨ª y se enfrentan al Ej¨¦rcito. La erradicaci¨®n redoblada, y potencialmente la fumigaci¨®n a¨¦rea, podr¨ªan intensificar la violencia al empujar a los agricultores a las garras de los grupos armados, sin detener la resiembra de coca¡±, advert¨ªa en febrero un informe del centro de an¨¢lisis International Crisis Group. ¡°Colombia y Estados Unidos, el principal respaldo externo de las pol¨ªticas antinarc¨®ticos de mano dura en Am¨¦rica Latina, deber¨ªan pasar la p¨¢gina en el uso de la fuerza contra los cultivadores de coca en un intento por reducir el suministro mundial de coca¨ªna. Impulsar las econom¨ªas rurales, seguir adelante con la sustituci¨®n de cultivos y evitar enfrentamientos con los cultivadores ser¨ªa una mejor pol¨ªtica¡±, conclu¨ªa el documento.
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