Acabar con un fetiche colombiano

No hay mejor forma para describir lo que son las camionetas blindadas y los escoltas para los colombianos de alto nivel que aquella definici¨®n que de la palabra ¡®fetiche¡¯ hace la Real Academia de la lengua espa?ola: ¡°¨ªdolo u objeto de culto al que se le atribuyen poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos primitivos¡±.

M¨¢s all¨¢ de que con esta definici¨®n quedamos como un pueblo primitivo, cosa que no entraremos a discutir ac¨¢ aunque los indicios sobran, no hay duda de que en Colombia el tener una especie de peque?a guardia personal, con todo y veh¨ªculo 4x4, genera entusiasmo y ¨¦xtasis a algunos que ven eso como una prueba de poder y estatus.

Por alguna deformaci¨®n social, que adem¨¢s parece ser aceptada por las autoridades, quienes andan en camioneta adscrita a un esquema de seguridad oficial ¨C que es proporcionado por la Unidad Nacional de Protecci¨®n ¨C se sienten legitimados para parquear por horas en lugares donde el resto de los mortales lo tiene prohibido. Tal vez sea esa misma deformaci¨®n social la que hace que los beneficiarios con un esquema de seguridad, que pagamos todos con nuestros impuestos, sientan que el personal que les fue asignado para su protecci¨®n no tiene como ¨²nica funci¨®n cuidarlos y evitar que se concrete alguna amenaza contra su vida, sino que los ven como si el Estado, a nombre de todos los colombianos, les hubiera entregado una especie de mayordomo personal que sirve para llevar el mercado, acompa?ar a los ni?os o incluso ayudar con los asuntos propios del hogar.

Sin embargo, como estamos en el autodenominado gobierno del Cambio, uno esperar¨ªa que empiece la racionalizaci¨®n de la asignaci¨®n de este tipo de programas de protecci¨®n para que el cuantioso dinero que se gasta en ellos de verdad cumpla las funciones que la ley ha definido.

El presidente Petro podr¨ªa dar el primer paso derogando el decreto 1064 de 2022, firmado por el entonces presidente Duque a menos de mes y medio de terminar su mandato y que en su momento denunci¨® el columnista Yohir Akerman como un texto que garantizaba seguridad pr¨¢cticamente vitalicia para el entonces ministro del interior, Daniel Palacios; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Victor Mu?oz; y la jefe de gabinete, Mar¨ªa Paula Correa.

Cuando se conoci¨® la historia, el gobierno Duque defendi¨® el decreto y esa asignaci¨®n de escoltas y carros blindados se?alando que el texto dejaba estipulado que cada cuatro a?os se har¨ªa una revisi¨®n a dichos esquemas, ?pero hay necesidad de esperar tanto?

Basta con la expedici¨®n de un nuevo decreto que derogue el 1064, aunque dudo mucho que futuros beneficiarios del mismo (a saber, el actual ministro del interior, Alfonso Prada; el actual jefe del Departamento Administrativo de Presidencia, Mauricio Lizcano; o la jefe de gabinete, Laura Sarabia) quieran ser los promotores de privarse ellos mismos de su acceso al fetiche.

Tal vez me equivoque. Tal vez el decreto est¨¢ en camino. Pero no dudo que ser¨ªa un gran primer paso para empezar con la purga del largo muy largo listado de colombianos que no necesitan que nosotros les paguemos el carro, los escoltas y, de paso, el mayordomo personal.

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