El fiscal Barbosa insiste en sus cr¨ªticas al Gobierno por supuestos beneficios a narcotraficantes
La entidad acusatoria considera que una concesi¨®n a peque?os cocaleros abre la puerta a suspender las penas a narcos
El fiscal general, Francisco Barbosa, no est¨¢ satisfecho con las explicaciones del Ejecutivo sobre supuestas concesiones a narcotraficantes en la reforma de pol¨ªtica criminal y penitenciaria. ¡°Creo que deber¨ªamos hacer un gran pacto en donde el Gobierno plantee de una vez por todas que ninguna norma que pase por el Congreso va a buscar el beneficio narcotraficante¡±, ha declarado este jueves en Caracol Radio. El funcionario ya hab¨ªa expresado sus cr¨ªticas el mi¨¦rcoles, durante una audiencia p¨²blica en el Legislativo. Considera que la figura de suspensi¨®n de ejecuci¨®n de la pena que propone la reforma para peque?os agricultores de coca tambi¨¦n beneficia a comercializadores de la droga o de sus insumos.
El Gobierno radic¨® la reforma de pol¨ªtica criminal y penitenciaria a principios de febrero, con el objetivo de ¡°humanizar las c¨¢rceles¡± y terminar con el hacinamiento de los presos. Incluye medidas para consolidar la justicia restaurativa, agilizar la concesi¨®n de beneficios judiciales, eliminar delitos y ajustar algunas de las penas m¨¢ximas. El fiscal general opina que es un proyecto ¡°bien intencionado¡± e ¡°interesante¡± por sus modalidades de reparaci¨®n a las v¨ªctimas.
Sin embargo, Barbosa se revela preocupado por un par¨¢grafo que establece que los jueces podr¨¢n aplicar el beneficio de suspensi¨®n de ejecuci¨®n de la pena si el condenado participa en el Programa Nacional Integral de Sustituci¨®n de cultivos de uso il¨ªcito (PNIS) o en ¡°cualquier otro programa de tr¨¢nsito a la legalidad¡±. Seg¨²n el fiscal, esa redacci¨®n abre la puerta a beneficiar a toda la cadena de producci¨®n de las drogas de uso il¨ªcito, y no solo a los eslabones m¨¢s d¨¦biles. ¡°Hay que hablarle al pa¨ªs con claridad. Digamos de frente que queremos un camino distinto en el narcotr¨¢fico¡±, ha comentado en sus declaraciones radiales.
El ministro de Justicia, N¨¦stor Osuna, ya le hab¨ªa respondido el mi¨¦rcoles, durante la audiencia. ¡°Ni este proyecto ni ning¨²n otro deben tener la menor sospecha de tener alguna inspiraci¨®n o anhelo de favorecer narcotraficantes¡±, coment¨®. Para ¨¦l, el texto es claro en especificar que la concesi¨®n est¨¢ pensada para peque?os agricultores en situaci¨®n de pobreza. No obstante, ha prometido que se revisar¨¢ la redacci¨®n: ¡°Si esa previsi¨®n no resultara suficiente, la reforzamos, la adecuamos, para que no haya ninguna suspicacia o posibilidad interpretativa que nos vaya a resultar en que se beneficie a narcotraficantes¡±.
La explicaci¨®n no parece haber sido suficiente para Barbosa. El fiscal ha vuelto este jueves a sembrar dudas sobre las intenciones del Gobierno. ¡°Si no se logra algo en el sometimiento [a la justicia], pues se lo mete por este proyecto¡±, ha se?alado en Caracol Radio, en referencia al proyecto que tambi¨¦n debate el Congreso y que busca reglamentar las negociaciones con el crimen organizado. Para Barbosa, el Ejecutivo ha abierto varios frentes paralelos que son contraproducentes: ¡°No puede empezar a abrir boquetes por todos lados. Si empieza a abrir boquetes, este pa¨ªs empieza a hacer agua¡±.
La Fiscal¨ªa y el Gobierno llevan meses de desacuerdos y debates. El m¨¢s notorio ha sido la negativa de la entidad acusatoria de levantar las ordenes de captura de los voceros de grupos del crimen organizado hasta que no haya una ley de sometimiento a la justicia. ¡°No existe un marco normativo¡±, dictamin¨® la vicefiscal en enero. La tensi¨®n baj¨® tras reuniones entre Barbosa y el presidente de la Rep¨²blica, Gustavo Petro.
En la audiencia del mi¨¦rcoles, Barbosa reiter¨® varias cr¨ªticas que ha realizado al Ejecutivo. Dijo que el proyecto de sometimiento no incluye ¡°ni una palabra¡± sobre las v¨ªctimas del crimen organizado, algo que ya hab¨ªa resaltado a principios de febrero en una lista de nueve cuestionamientos. Adem¨¢s, coment¨® que los acuerdos del cese al fuego bilateral con cuatro grupos armados han impactado negativamente en las capacidades operativas de la Fiscal¨ªa. ¡°No hay erradicaci¨®n, no hay incautaci¨®n, no hay destrucci¨®n de laboratorios y tenemos 356 ¨®rdenes de captura sin ejecutar contra los homicidas de reincorporados y de defensores de derechos humanos¡±, enfatiz¨®.
Contra la eliminaci¨®n de delitos
La reforma de pol¨ªtica criminal y penitenciaria incluye la eliminaci¨®n de delitos que para Barbosa deben ser mantenidos. El fiscal ha reiterado este jueves que el incesto debe penalizarse, pese a que el ministro recordara el mi¨¦rcoles que el delito sexual agravado por parentesco otorga penas m¨¢s altas. ¡°En este pa¨ªs, usted tiene un riesgo enorme de normalizar la conducta que despenalice. No podemos mandar este tipo de mensajes¡±, ha se?alado en sus declaraciones radiales. Para ¨¦l, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional se?al¨® en 1998 que ¡°las relaciones incestuosas son indeseables desde el punto de vista de estabilidad, cohesi¨®n y armon¨ªa de la instituci¨®n familiar¡±.
Otro delito que el fiscal no quiere que desaparezca es el de inasistencia alimentaria. Osuna explic¨® que ya existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, establecido por el Congreso en 2021. Considera que es m¨¢s eficiente, ya que establece restricciones como la inhabilidad para contratar con el Estado o a impedir que los hijos salgan del pa¨ªs. En cambio, la justicia penal se demora y casi nunca llega a dictar sentencias. Barbosa argumenta que las denuncias penales habilitan espacios de mediaci¨®n que han sido eficientes. ¡°El Ministerio quiere pasarlos a la jurisdicci¨®n civil, pero ah¨ª hay demoras de hasta 10 a?os¡±, ha subrayado.
Las cr¨ªticas no han derivado en mayores tensiones entre la entidad acusatoria y el Ejecutivo. El fiscal ha indicado que se siente c¨®modo y ¡°tranquilo¡± con el Gobierno de Petro. Aunque ha indicado que los pol¨ªticos ¡°nunca hab¨ªan puesto a la Fiscal¨ªa en este nivel de tensi¨®n¡±, ha resaltado que se siente escuchado en sus reuniones con el presidente y sus participaciones en los debates parlamentarios.
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