Vaciar las c¨¢rceles de madres pobres

El presidente Gustavo Petro quiere vaciar las c¨¢rceles de mujeres pobres con hijos. ¡°5.000 mujeres saldr¨¢n de la c¨¢rcel 5 d¨ªas a la semana para cuidar sus hijos. Recibir¨¢n una renta ciudadana del estado para ese fin. Creo que as¨ª se construye una mejor sociedad¡±, dijo este s¨¢bado en sus redes sociales. El Gobierno nacional ha venido explicando que el objetivo principal de la reci¨¦n sancionada Ley 2292 de 2023 o de Alternatividad Penal con enfoque de g¨¦nero es que las mujeres cabeza de hogar que han sido condenadas por delitos leves como microtr¨¢fico, hurto o concierto para delinquir, con sentencias menores a ocho a?os, puedan prestar un servicio de utilidad p¨²blica que les permita conmutar sus penas. Para aplicar a la ley, las mujeres deber¨¢n demostrar que la comisi¨®n del delito estuvo asociada a la vulnerabilidad e incapacidad econ¨®mica para alimentar a su familia.

El autor del proyecto de ley fue el exsenador Rodrigo Lara y fue aprobado sin muchos reparos en 2021 por el Congreso de la Rep¨²blica. Despu¨¦s fue objetada por el entonces primer mandatario Iv¨¢n Duque. Meses despu¨¦s de estudiar los reparos, la Corte Constitucional los declar¨® improcedentes. Ese tr¨¢mite retras¨® un par de a?os la sanci¨®n presidencial, que finalmente fue realizada por Gustavo Petro. El presidente aprovech¨® el D¨ªa Internacional de la Mujer para hacerlo. Ahora la tarea de expedir el decreto que regule su implementaci¨®n ha quedado en manos del Ministerio de Justicia, que tiene un plazo m¨¢ximo de seis meses para hacerlo.

Diferentes oeneg¨¦s han se?alado la importancia de esta decisi¨®n, que no cuenta con precedentes en la regi¨®n e incorpora una perspectiva de g¨¦nero en la pol¨ªtica criminal como lo orientan las Reglas Bangkok de la ONU. ¡°Es un buen comienzo para adecuar la pol¨ªtica criminal, entendiendo que las mujeres en nuestra sociedad enfrentan condiciones estructurales de desigualdad particulares que las hacen m¨¢s vulnerables¡±, explica Juan Sebasti¨¢n Hern¨¢ndez, investigador en el ¨¢rea de Sistema Judicial de Dejusticia.

La medida se respalda en la investigaci¨®n Mujeres y prisi¨®n en Colombia: Desaf¨ªos para la pol¨ªtica criminal desde un enfoque de g¨¦nero, realizada por el Centro de Investigaci¨®n y Docencia Econ¨®micas (CIDE) de M¨¦xico, el Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja de y la Universidad Javeriana. El informe sostiene que el 75% de mujeres entrevistadas eran cabeza de familia y el 46% ten¨ªan hijos menores de 11 a?os. Igualmente, el estudio evidencia que las mujeres suelen ser los eslabones m¨¢s bajos dentro de las organizaciones criminales.

Desde Mujeres Libres ¡ª corporaci¨®n que agrupa mujeres que sufrieron la c¨¢rcel y a algunos de sus familiares ¡ª celebran la decisi¨®n: ¡°Las mujeres siempre somos juzgadas, por un lado nos llaman malas madres porque no tenemos c¨®mo alimentar a los hijos. Pero el Gobierno tampoco me brinda oportunidades para darle garant¨ªas a mi familia. Justamente, quienes m¨¢s se van a beneficiar de la ley son las familias. El prop¨®sito del servicio comunitario es permitir el restablecimiento del tejido social afectado por el delito¡±, sostiene su l¨ªder, Claudia Cardona.

Otro hito es la orientaci¨®n de los ministerios de Eduaci¨®n y Comercio, encargados de dise?ar una pol¨ªtica p¨²blica de empleabilidad, formaci¨®n y capacitaci¨®n para las mujeres en prisi¨®n en un t¨¦rmino m¨¢ximo de dos a?os. De acuerdo con Hern¨¢ndez, esto es un paso medular para enfrentar la crisis carcelaria: ¡°Uno de los problemas estructurales es que la resocializaci¨®n es muy pobre. Las actividades de trabajo y de formaci¨®n que le ofrecen a las personas privadas de la libertad no las preparan efectivamente para tener un trabajo en libertad. A las mujeres en particular les ponen tareas de resocializaci¨®n que reproducen estereotipos de g¨¦nero¡±.

En estos seis meses, el Gobierno tiene la tarea de realizar una exhaustiva pedagog¨ªa. Inicialmente lo har¨¢n con los jueces, encargados de evaluar los planes de servicios comunitarios que presenten las mujeres y certificar¨¢n si las presas realmente estaban en condiciones de marginalidad y esto les imped¨ªa sostener a su familia al momento del delito.

En paralelo, el ministerio de Trabajo deber¨¢ poner en marcha jornadas de socializaci¨®n de la medidas en los pabellones y prisiones femeninas. Cardona avizora que es crucial aterrizar el c¨®mo funcionar¨¢ la norma con las reclusas. ¡°Hemos recibido much¨ªsimas llamadas y muchos mensajes de las familias. Ser¨¢ imprescindible ir a las c¨¢rceles y explicar la ley. En la misma reglamentaci¨®n va a quedar claro que son procesos que pueden realizar las mismas mujeres, sin depender de un abogado¡±.

Por su parte, Hern¨¢ndez apunta que la regulaci¨®n debe ser precisa para evitar abusos a quienes presten el servicio, y apuesta por sanciones si fuera el caso. ¡°Deben haber mecanismos para proteger a las mujeres de potencial explotaci¨®n laboral y discriminaci¨®n, que por supuesto es algo que le pasa a todas las personas que salen de prisi¨®n. Es necesario que se construya un sistema escalonado de respuesta y se proponga un r¨¦gimen razonable para quienes incumplan¡±, dice el investigador.

La ley viene a aliviar las numerosas violaciones de derechos humanos que ocurren en las c¨¢rceles del pa¨ªs. La Corte Constitucional ha declarado en dos ocasiones estado de cosas inconstitucional el sistema penitenciario colombiano. ¡°La deshumanizaci¨®n de las personas en los actuales contextos carcelarios es evidente¡±, consign¨® la sentencia del tribunal. Uno de las mayores problem¨¢ticas tiene que ver con el hacinamiento que conforme a datos del INPEC alcanz¨® un 20% en junio del 2022.

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