Los colombianos presos en el infierno de Bukele

Claudia Marcela Colpas no ha sabido nada de su hijo Brandon Loaiza desde el 14 de febrero de 2023 a las seis y media de la ma?ana, cuando habl¨® con ¨¦l por ¨²ltima vez. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni un correo electr¨®nico. Nada en los casi seis meses que lleva preso e incomunicado en El Salvador, en una de las c¨¢rceles del r¨¦gimen de Nayib Bukele. ¡°Ese d¨ªa me pidi¨® la bendici¨®n, me dijo que se iba a trabajar y se despidi¨®¡±, recuerda Claudia Marcela en di¨¢logo con EL PA?S.

Brandon, de 19 a?os, sali¨® de su casa en una moto con otro compa?ero colombiano, sufrieron un accidente y mientras acordaban el pago de da?os con la persona que los hab¨ªa atropellado, lleg¨® la polic¨ªa. Los detuvieron, los llevaron a una estaci¨®n y los encarcelaron por supuestamente pertenecer a la peligrosa pandilla Mara 18, seg¨²n le cont¨® a Claudia Marcela una abogada de El Salvador que lleva el caso de su hijo. Los apresaron sin orden de captura, sin antecedentes penales, sin investigaci¨®n previa, sin ninguna prueba.

El delito que les imputaron ese d¨ªa a los dos colombianos fue el de hacer parte de agrupaciones il¨ªcitas. El mismo con el que el r¨¦gimen de Bukele ha encarcelado a m¨¢s de 69.000 personas en solo 15 meses desde que decret¨® el Estado de excepci¨®n, en marzo de 2022. Ingrid Escobar, directora de la ONG de El Salvador Socorro Jur¨ªdico Humanitario, que est¨¢ ayudando a las familias de los detenidos, afirma que del total de presos en este tiempo, al menos 20.000 son personas inocentes. ¡°Hay una violaci¨®n reiterada de derechos humanos a los colombianos presos en El Salvador. No sabemos cu¨¢ntos son exactamente los colombianos detenidos, pero a nuestra organizaci¨®n han llegado m¨¢s de 20 familias a pedir ayuda. Muchos de los capturados no reciben paquetes de higiene, ni de alimentos y est¨¢n encerrados en las mismas c¨¢rceles con asesinos, con violadores, con pandilleros de verdad¡±, explica Escobar por tel¨¦fono. Y a?ade: ¡°El r¨¦gimen de excepci¨®n de Bukele ha servido para capturar masivamente, pero no para hacer justicia¡±.

Claudia Marcela cuenta que su hijo lleg¨® el 25 de enero al pa¨ªs centroamericano en busca de un mejor futuro para ¨¦l y su familia. Seducido por el bitcoin, la prosperidad aparente y el supuesto regreso de la seguridad, Brandon dej¨® su trabajo en el Club Campestre de Pereira para ir a conseguir d¨®lares a El Salvador. Llevaba menos de un mes all¨ª cuando lo capturaron. ¡°A mi hijo lo detuvieron por ser colombiano, por ser pobre y por tener tatuajes¡±, dice Claudia Marcela con tristeza. ¡°?l tiene tatuada una M peque?a en una de sus manos, que es la inicial de mi nombre, por eso lo acusaron de pandillero¡±. Ella ha intentado por todos los medios saber c¨®mo est¨¢ Brand¨®n, pero ha sido imposible comunicarse con ¨¦l. Despu¨¦s de muchas solicitudes a la embajada, a la canciller¨ªa y al consulado de Colombia en El Salvador, le dijeron en una respuesta oficial que por disposiciones de las autoridades de ese pa¨ªs no est¨¢n permitidas las comunicaciones con los privados de la libertad. ¡°Lo ¨²nico que pido, dice Marcela, es una prueba de supervivencia, una foto, una carta, escuchar su voz de nuevo, saber que est¨¢ bien de salud, si ha podido comer, si lo humillan o lo golpean¡±.

La misma angustia de Claudia Marcela la vive en este momento Erika Loaiza, hermana de Felipe G¨®mez Loaiza, el otro joven colombiano que fue capturado ese 14 de febrero. Tiene 31 a?os, es padre de dos hijos, una de un a?o y otro de cuatro, y lleg¨® a El Salvador el 22 de diciembre de 2022. ¡°Se fue en b¨²squeda de mejores oportunidades. Un amigo de ¨¦l que vive all¨¢ lo llam¨® y le dijo que le estaba yendo muy bien, que hab¨ªa progreso y que era seguro. Lleg¨® con esa ilusi¨®n¡±, cuenta Loaiza. Felipe viv¨ªa en Cartago, Valle del Cauca, y trabajaba como agricultor en una finca. En El Salvador viv¨ªa del comercio, vend¨ªa ropa y accesorios, hasta el d¨ªa en que lo capturaron. Al igual que a Brandon, lo acusaron de pertenecer a la Mara 18. Su familia tampoco sabe nada de ¨¦l desde esa fecha. Los tatuajes que ten¨ªa, con las huellas, los nombres y las fechas de nacimiento de sus hijos, tambi¨¦n jugaron en su contra. ¡°Tener tatuajes no los hace criminales¡±, insiste Erika.

Sin embargo, para el r¨¦gimen de Bukele parece que los tatuajes s¨ª son prueba de delitos. Beatriz Helena Mu?oz, esposa de Cristian David Corrales, otro joven colombiano detenido en El Salvador, denunci¨® que en un noticiero de Bukele hab¨ªan puesto la foto del rostro de su pareja llena de tatuajes falsos para hacerlo pasar como un criminal. ¡°A Cristian le hicieron un montaje absurdo. ?l no tiene ning¨²n tatuaje¡±, denuncia Beatriz, mientras compara las fotos reales de su esposo con las que aparecen en la portada del noticiero en el que lo muestran como un pandillero con tatuajes por toda la cara. Ella tampoco sabe nada de Cristian desde el d¨ªa de su captura. ¡°Estoy muy angustiada. Nosotros habl¨¢bamos todos los d¨ªas por videollamada. Ahora ni siquiera s¨¦ si est¨¢ con vida¡±, se lamenta.

Beatriz Mu?oz, Erika Loaiza y Claudia Marcela Colpas son tres de las m¨¢s de 35 madres, esposas y hermanas de colombianos presos en El Salvador que se organizaron para exigirle al Gobierno de Gustavo Petro que les ayude a garantizar los derechos humanos de sus familiares presos. En una carta, las mujeres de distintas regiones de Colombia, que hasta hace unas semanas no se conoc¨ªan y ahora comparten una tragedia com¨²n, le solicitan al presidente que interceda para que las autoridades de El Salvador les den respuestas concretas sobre el estado de sus familiares. ¡°Llevamos varios d¨ªas sin tener informaci¨®n de ellos y cuando la solicitamos, la embajada de El Salvador no nos la brinda. Raz¨®n por la cual no sabemos si est¨¢n enfermos o con vida en estos momentos¡±.

Su angustia se intensifica cada vez que se enteran de la muerte de alg¨²n preso en las c¨¢rceles de Bukele. Seg¨²n la ONG Socorro Jur¨ªdico Humanitaria, en los 15 meses del estado de excepci¨®n han fallecido 156 personas, el 60% por violencia y 30% por negligencia m¨¦dica. ¡°En los ¨²ltimos d¨ªas, han muerto dos beb¨¦s que nacieron en cautiverio porque no los atendieron¡±, denuncia la abogada Escobar.

Las firmantes de la carta dirigida a Petro afirman que ninguno de sus familiares tiene antecedentes en Colombia y que son j¨®venes trabajadores. ¡°Ellos est¨¢n siendo acusados sin contar con una representaci¨®n legal y/o jur¨ªdica¡±, dice el documento. ¡°Se?or presidente, recurrimos a usted en medio de nuestra angustia. Somos personas de escasos recursos y no contamos con los medios para poder viajar a El Salvador, y poder tener conocimiento acerca de la situaci¨®n jur¨ªdica y de salud de nuestros seres queridos. Por esto solicitamos que, a trav¨¦s de la canciller¨ªa y el embajador en el pa¨ªs de El Salvador, se pueda realizar la gesti¨®n para poder saber el estado en que se encuentran nuestros familiares¡±.

En la carta, apoyada por la organizaci¨®n El Salvador Patria Querida, las mujeres anuncian que viajar¨¢n a Bogot¨¢ para realizar un plant¨®n en frente de la embajada los d¨ªas 11 y 12 de julio. ¡°Como no conocemos a nadie en la ciudad de Bogot¨¢ y no contamos con familiares en la ciudad, queremos solicitarle muy comedidamente si nos pudiera ayudar a llegar al lugar y/o un albergue para poder pasar la noche con nuestros familiares¡±, le piden al presidente.

En una breve respuesta a las preguntas de EL PA?S, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia explica que la misi¨®n consular ¡°estableci¨® contacto con las autoridades judiciales salvadore?as para instar por la garant¨ªa al debido proceso, la defensa y el respeto a los derechos humanos en el marco de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos de los colombianos presos en El Salvador¡±. La canciller¨ªa, dirigida por ?lvaro Leyva, tambi¨¦n afirma que han visitado en varias oportunidades a los detenidos y se prest¨® la debida asistencia consular y el acompa?amiento a sus familiares. Los familiares niegan ese acompa?amiento y dicen que se sienten abandonados por el Gobierno.

Por ahora, los familiares de los colombianos presos en El Salvador solo piden que sean tratados con un m¨ªnimo de dignidad. El problema, recuerda la abogada Ingrid Escobar, es que en el r¨¦gimen de excepci¨®n de Bukele se han perdido todos los derechos de los procesados. ¡°Ac¨¢ no se garantiza el derecho al debido proceso, ni el derecho de audiencia, ni a ser vencidos en un juicio justo, no se les respeta la presunci¨®n de inocencia¡±. Escobar, que el 15 de julio denunciar¨¢ ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos las violaciones a los derechos humanos de Bukele, asegura que los jueces de El Salvador ¡°ni siquiera saben el mont¨®n de colombianos que tienen metidos en la c¨¢rcel supuestamente por ser maras o pandilleros¡±. Lo m¨¢s probable, afirma, es que estos j¨®venes queden libres despu¨¦s de un a?o cuando la fiscal¨ªa no encuentre pruebas suficientes para condenarlos. Y concluye: ¡°Lo grave es que las c¨¢rceles de Bukele son centros de tortura y muerte¡±.

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