La guerra civil del aguardiente en Colombia

Esta vez han sido Cundinamarca y Caldas, dos regiones en el centro del pa¨ªs, los departamentos involucrados en un nuevo cap¨ªtulo de la guerra del aguardiente en Colombia. Las autoridades cundinamarquesas desataron el conflicto la semana pasada al revocar el permiso de venta e ingreso del aguardiente Amarillo de Manzanares producido por la industria licorera caldense. El episodio revive la pol¨¦mica en torno a un modelo regional de monopolio rent¨ªstico sobre los destilados, instaurado por ley en el siglo XIX para proteger la producci¨®n local, y cuyo esp¨ªritu perdura m¨¢s de 100 a?os despu¨¦s.

La batalla de fondo se prev¨¦ encarnizada. La Industria Licorera de Caldas, productora departamental del anisado amarillo, contaba desde 2017 con un permiso para comercializar su licor en Cundinamarca hasta 2027. Esta ¨²ltima regi¨®n, de forma intempestiva, rompi¨® el contrato bajo el argumento de que la empresa caldense presuntamente incumpli¨® con cierto requisito asociado a una reducci¨®n en la graduaci¨®n del aguardiente. El caso, lejos de resultar aislado, se suma a otros intentos de veto que han involucrado en a?os recientes a las licoreras de Antioquia, Caldas o Tolima.

Para intentar acercarse al fondo del asunto habr¨ªa que recordar que el entramado fiscal colombiano otorga a cada regi¨®n productora de licores el monopolio rent¨ªstico sobre la producci¨®n y comercializaci¨®n dentro de cada territorio. Si un departamento aspira a vender sus destilados en otra regi¨®n, debe tributar en ese destino. Por eso la empresa departamental de Caldas habr¨ªa pagado desde 2017 m¨¢s de 35.000 millones de pesos a Cundinamarca en impuestos y derechos para la explotaci¨®n. La historia se desarrolla dentro de un marco de desconfianza regional cuyos principios hist¨®ricos han sido refractarios a la competencia.

Juan Gonzalo Zapata, investigador de la Fundaci¨®n para la Educaci¨®n Superior y el Desarrollo (Fedesarollo), hila m¨¢s fino y explica que el argumento t¨¦cnico empu?ado por la licorera cundinamarquesa es que el permiso de venta del aguardiente Amarillo de Manzanares estipulaba que cada botella deb¨ªa tener 24 grados de alcohol y las que se est¨¢n comercializando, sin embargo, tienen una graduaci¨®n de 30: ¡°El trasfondo es que el aguardiente tapa verde de N¨¦ctar, que es de 24 grados, es uno de los puntos fuertes en las ventas de la empresa de Cundinamarca y su negocio se est¨¢ viendo afectado con la buena acogida que ha tenido el Amarillo en Bogot¨¢ y Cundinamarca¡±.

Casos como este han llevado a que los pol¨ªticos locales impongan un pulso de hierro en el Congreso para salvaguardar algunos beneficios con la tesis de que cada intento de abrir el mercado es una amenaza para los recursos de los impuestos que se canalizan hacia la red sanitaria (37%) y de deportes (3%) de sus Gobernaciones. A pesar de todo, el pa¨ªs expidi¨® en 2016 una ley incluida en las aspiraciones colombianas de acceder a la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE). Aquella ley 1816 clarific¨® y despej¨® las normas para la entrada de licores extranjeros, que antes enfrentaban un sinn¨²mero de barreras, y termin¨® por resquebrajar ¡°el monopolio desde afuera¡±, apunta Juan Gonzalo Zapata.

Tambi¨¦n forz¨® a la Federaci¨®n de Departamentos y otros actores a centrar sus disputas en el comercio local. El mercado acab¨® abri¨¦ndose, en alguna medida, y el consumo de whisky y vino en Colombia aument¨®, por ejemplo. En paralelo las arcas de los departamentos, que a¨²n reciben sumas millonarias, se vieron afectadas. Solo as¨ª se explica la tensi¨®n que ha despertado el caso del aguardiente, la bebida anisada t¨ªpica del pa¨ªs, en un mercado que apenas se despereza a pesar de que a¨²n conserva ciertos tintes coloniales: ¡°El aguardiente de Manzanares ten¨ªa todos los permisos de introducci¨®n vigentes. El gobernador de Cundinamarca, Nicol¨¢s Garc¨ªa, se dio cuenta de que el aguardiente Amarillo se volvi¨® tremendamente popular, en especial entre los j¨®venes, y de forma arbitraria deneg¨® los permisos para proteger su industria¡±, explica el abogado de la Industria Licorera de Caldas, Pablo Felipe Robledo.

Para intentar clarificar la figura jur¨ªdica de ¡°monopolio rent¨ªstico¡± fijada por la ley colombiana en el caso de los licores, el abogado Jorge Enrique S¨¢nchez, representante de la empresa distribuidora del aguardiente Amarillo para Cundinamarca y Caldas, subraya que se ha malinterpretado con la de ¡°monopolio comercial¡±. Explica que son dos conceptos diferentes. El primero garantiza a los territorios el acceso exclusivo a las rentas asociadas con las ventas de licores destilados a trav¨¦s del cobro de impuestos. El segundo, a?ade, es ¡°una violaci¨®n abierta a la libre competencia que no est¨¢ contemplada por nuestras normas¡±.

Un embrollo apenas normal para un pa¨ªs de leyes e interminables vericuetos jur¨ªdicos. Y de agujeros negros. Aquella ley de 2016 tambi¨¦n da carta blanca a los gobernadores para instaurar una salvaguarda o blindaje de entre 5 y 10 a?os renovables para congelar la entrada de cualquier aguardiente for¨¢neo, durante ese lapso, en caso de que la salud de la industria local se viera amenazada: ¡°Ac¨¢ lo que realmente est¨¢ ocurriendo¡±, concluye S¨¢nchez, ¡°es que N¨¦ctar (Cundinamarca) viene en una debacle terrible desde hace cuatro a?os. Es una empresa muy mal manejada. Han perdido entre un 15% y un 20% del volumen de producci¨®n anual. Por eso hab¨ªa que inventarse una de vaqueros y bloquear al competidor que estaba mordiendo cada vez m¨¢s participaci¨®n de mercado¡±.

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