Sobornos, campa?as e implicados ocultos: las preguntas no resueltas del ¡®caso Odebrecht¡¯ en Colombia

Saber mucho no significa que ya se conozca todo. Es lo que deja en el ambiente cada nuevo detalle que se revela sobre el cap¨ªtulo Colombia del caso Odebrecht, la red de pago de sobornos que operaba la multinacional brasilera de ese nombre en una decena de pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y que destap¨® el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a finales de 2016. Despu¨¦s de casi siete a?os, 11 condenas, m¨²ltiples confesiones, y un centenar de procesos penales contra exfuncionarios, congresistas, empresarios y un excandidato a la Presidencia de la Rep¨²blica, la madeja de corrupci¨®n y poder no termina de desenredarse.

La Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n ha querido dar por cerrado el horizonte de investigaciones esta semana. De un lado, el de los pagadores de coimas, anunci¨® la imputaci¨®n de delitos a 22 personas, entre ellas la cabeza de la compa?¨ªa brasile?a, Marcelo Odebrecht. Los se?al¨® de haber creado ¡°una empresa criminal para entregar m¨¢s de 80.000 millones de pesos (unos 20 millones de d¨®lares) en sobornos en Colombia¡±, seg¨²n inform¨® en un comunicado. Es la primera vez que las autoridades colombianas imputan cargos a los implicados brasile?os, se?alados de haber pagado sobornos para obtener la obra de un t¨²nel de alcantarillado en Bogot¨¢ llamado Tunjuelo - Canoas, luego la concesi¨®n vial llamada Ruta del Sol 2, despu¨¦s una adici¨®n a esta conocida como transversal Oca?a ¨C Gamarra y por ¨²ltimo para tener las obras de navegabilidad del r¨ªo Magdalena con la concesionaria Navelena. Para aceitar todo el mecanismo y tener buenas relaciones con los Ejecutivos, financi¨® irregularmente campa?as presidenciales en 2010 y 2014.

El anuncio del organismo se conoci¨® apenas dos d¨ªas despu¨¦s de que el presidente Gustavo Petro, empe?ado en sacudirse de los esc¨¢ndalos por presuntos aportes irregulares a su campa?a, reclamara castigos m¨¢s fuertes por el caso Odebrecht, tras el acuerdo que el Grupo Aval¨C el conglomerado propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento que se ali¨® por medio de su filial Corficolombiana con Odebrecht, para quedarse en 2009 con la Ruta del Sol 2, un tramo de la doble calzada que conecta al centro del pa¨ªs con la Costa Caribe ¨C firm¨® en Estados Unidos, reconociendo haber incumplido la Ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero y comprometi¨¦ndose a pagar una sanci¨®n de 80 millones de d¨®lares.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1691443338971365376?s=20

¡°Esta Fiscal¨ªa s¨ª dio resultados. Estos son resultados concretos, no son discursos, ni trinos¡±, respondi¨® el fiscal general Francisco Barbosa en la rueda de prensa. Petro y Barbosa llevan meses trenzados en marcadas tensiones pol¨ªticas.

El jefe de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, sentenci¨® que ¡°la Fiscal¨ªa ha develado casi por completo toda esta estructura de pago de sobornos. Ya se han judicializado, se han procesado, incluso condenado numerosas personas¡±. Sin embargo, en lugar de desaparecer, las dudas se siguen multiplicando.

La opini¨®n p¨²blica, por ejemplo, todav¨ªa no tiene certeza sobre la identidad de uno de los tres funcionarios de alto rango relacionados en el acuerdo del Grupo Aval como beneficiarios del pago de coimas.

Se sabe, por el texto del acuerdo, que perteneci¨® a la rama ejecutiva entre ¡°en o alrededor de 2010 y en o alrededor de 2018¡å, es decir, durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos, y que habr¨ªa recibido pagos por 3,4 millones de d¨®lares. El propio Santos se anticip¨® a tratar de despejar cualquier manto de duda.

¡°Si alguna de las partes del acuerdo entre Corficolombiana y las autoridades norteamericanas confirman la falacia que est¨¢ circulando sobre el supuesto soborno que yo recib¨ª, me encargar¨¦ de demostrar que es una calumnia temeraria, infame y contraevidente¡±, escribi¨® en X, antes Twitter.

Aunque la Fiscal¨ªa colombiana colabor¨® con las pesquisas norteamericanas, la entidad dice desconocer qui¨¦n ser¨ªa el denominado ¡°funcionario colombiano tres¡± y ha dado por judicializada a toda la cadena de implicados en el pa¨ªs. ¡°No existe en este momento ning¨²n soporte para iniciar investigaciones adicionales a lo que ya hemos esclarecido y judicializado previamente¡±, precis¨® el fiscal Jaimes, descartando nuevas indagaciones.

Los interrogantes que recaen en el expresidente Santos no paran ah¨ª. La Fiscal¨ªa ha confirmado aportes no solo a la campa?a del excandidato presidencial del uribismo ?scar Iv¨¢n Zuluaga, a quien ya imput¨® cargos, sino a las de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014, cuando fue reelegido. ¡°El comprobado aporte a la campa?a de Juan Manuel Santos de las dos campa?as son 3.540 millones de pesos. Y a la campa?a de Oscar Iv¨¢n Zuluaga 3.045 millones de pesos¡±, afirm¨® el fiscal Gabriel Jaimes.

El gerente de las dos campa?as de Santos, Roberto Prieto, acept¨® cargos por la financiaci¨®n ilegal de 2010, fue condenado a cinco a?os de prisi¨®n en 2019, y qued¨® libre en abril de 2022. Pero no hay claridad total de lo ocurrido en 2014, cuando el dinero no habr¨ªa ingresado directamente a la campa?a presidencial, sino que se habr¨ªa ido a pagar contratos de terceros, seg¨²n ha se?alado la Fiscal¨ªa al acusar a varios privados por el llamado caso Gistic.

Como expresidente, Santos goza de fuero especial, por lo que le corresponde a la Comisi¨®n de Acusaciones de la C¨¢mara de Representantes adelantar cualquier posible investigaci¨®n en su contra.

Otro de los nuevos frentes que ha abierto la Fiscal¨ªa de Barbosa, ansioso por mostrar resultados antes de finalizar su periodo en febrero de 2024, es la imputaci¨®n de cargos contra 33 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por haber aprobado modificaciones de contratos, como extensiones de plazos o pagos de obras no ejecutadas, que favorecieron a Odebrecht y a su socio Aval, causando millonarios perjuicios al Estado colombiano. Dichas modificaciones, seg¨²n la Fiscal¨ªa, se aprobaron entre 2013 y 2015, durante el primer mandato y la reelecci¨®n de Santos. ¡°Hacer una vinculaci¨®n de un tema [los aportes a la campa?a] con el otro, es uno de los aspectos que debe ser investigado por la Comisi¨®n de Acusaciones de la C¨¢mara¡±, subray¨® el fiscal Jaimes en entrevista con Caracol Radio.

Los interrogantes que persisten no empa?an solo a los poderes pol¨ªticos, sino econ¨®micos. Como el del grado de responsabilidad del Grupo Aval en los sobornos que rodearon la adjudicaci¨®n de la obra vial para la cual se ali¨® con Odebrecht. En el acuerdo con Estados Unidos acepta responsabilidad como persona jur¨ªdica, pero en la ley penal colombiana eso no es posible, o no de la misma manera. Aunque existe una condena a m¨¢s de 11 a?os de prisi¨®n contra el expresidente de Corficolombiana, Jos¨¦ El¨ªas Melo, solo se relaciona con la coima inicial de 2009, no las de los a?os 2013 a 2015, y es el ¨²nico exintegrante de la compa?¨ªa condenado en Colombia.

Sobre el exfiscal general N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, quien fue asesor jur¨ªdico de cabecera de Aval en la ¨¦poca de la cuestionada adjudicaci¨®n del contrato de la Ruta del Sol 2 y quien seg¨²n grabaciones de 2015 conoc¨ªa denuncias de pagos irregulares, el fiscal Jaimes ha declarado que ¡°no existen por el momento evidencias espec¨ªficas en su contra que le permitan a la Fiscal¨ªa darle una calidad de judicializaci¨®n al doctor Mart¨ªnez¡±. Los da?os en Colombia por la red de sobornos de Odebrecht se estiman en 514.000 millones de pesos (alrededor de 128 millones de d¨®lares), dinero que se ha quedado en los bolsillos de una de las m¨¢s grandes redes de corrupci¨®n de los ¨²ltimos tiempos.

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