El condenado clave de Aval por el ¡®caso Odebrecht¡¯ alimenta nuevas dudas sobre el conglomerado

Lejos de cerrar el esc¨¢ndalo sobre el pago de millonarios sobornos de Odebrecht en Colombia a cambio de jugosos contratos de obras p¨²blicas, el acuerdo reci¨¦n suscrito entre el Grupo Aval y las autoridades de Estados Unidos abri¨® interrogantes y una nueva andanada de cr¨ªticas al conglomerado de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Jos¨¦ El¨ªas Melo, el expresidente de Corficolombiana ¨C la compa?¨ªa del grupo que se asoci¨® con Odebrecht para obtener la concesi¨®n de la carretera conocida como Ruta del Sol II tras la entrega de sobornos ¨C rechaz¨® el acuerdo de Aval con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisi¨®n de la Bolsa de Valores (SEC, por sus siglas en ingl¨¦s) en el que el conglomerado acepta haber incumplido las disposiciones antisoborno de la Ley de Pr¨¢cticas Corruptas en el Extranjero de ese pa¨ªs y se compromete a pagar una sanci¨®n de 80 millones de d¨®lares. Melo, condenado por el caso en Colombia se?alado de haber participado en el pago de coimas, argumenta que el pacto contiene conclusiones ¡°contrarias a la verdad¡±, si se basan en actuaciones suyas.

Aunque en el acuerdo no aparece el nombre de Melo, se menciona a un ¡°ejecutivo de Corficolombiana¡± que se desempe?¨® desde 2008 hasta aproximadamente 2016, periodo que coincide con el que el prestigioso abogado dirigi¨® la empresa de inversiones.

Antes de llegar al mundo financiero y a la compa?¨ªa de la familia Sarmiento, Melo fue secretario de la Junta Monetaria del Banco de la Rep¨²blica, viceministro de Hacienda y Cr¨¦dito P¨²blico, superintendente Bancario y ministro de Trabajo en la d¨¦cada de los noventa. En 2019, fue condenado a 11 a?os y nueve meses de prisi¨®n por cohecho y celebraci¨®n indebida de contratos. La justicia colombiana encontr¨® que el directivo de Aval supo de las reuniones en las que funcionarios de la multinacional brasile?a pactaron sobornos por 6,5 millones de d¨®lares con el exviceministro de Transporte Gabriel Garc¨ªa Morales para la adjudicaci¨®n del tramo de la doble calzada que conecta al centro del pa¨ªs con la Costa Caribe.

El acuerdo de acusaci¨®n diferida, como se denomina el pacto entre el Grupo Aval y las autoridades norteamericanas, hace una descripci¨®n detallada de los hechos por los que las empresas de Sarmiento Angulo han vuelto a quedar en el centro del debate p¨²blico, y que no tienen que ver con los sobornos de 2009, sino con hechos posteriores, conocidos en Colombia desde que estall¨® el esc¨¢ndalo hace siete a?os.

El documento se?ala que entre 2012 y 2015, las empresas que formaban parte del concesionario de la Ruta del Sol II, a trav¨¦s de un ejecutivo de Corficolombiana, dos ejecutivos de Odebrecht y dos intermediarios, ¡°a sabiendas y deliberadamente conspiraron y acordaron con otros para ofrecer y pagar corruptamente m¨¢s de U$ 23 millones en sobornos a, y en beneficio de, funcionarios del Gobierno colombiano¡±. El objetivo fue ¡°obtener ventajas indebidas a fin de obtener y retener negocios¡±, espec¨ªficamente, para adicionar a la doble calzada otra v¨ªa que la atraviesa, conocida como la transversal Oca?a-Gamarra.

Melo niega haber conocido o aprobado alg¨²n acuerdo de soborno para la aprobaci¨®n de la adici¨®n. ¡°De ninguna manera particip¨¦ en los sobornos pagados a funcionarios del Gobierno de Colombia por el proyecto Ruta del Sol II por US$28 millones entre 2014 y 2016 a que alude el punto 15 del documento de la SEC¡±, sostuvo en un comunicado p¨²blico.

El condenado agrega que en los procesos penales en Colombia ¡°se demostr¨® el conocimiento, responsabilidad y autonom¨ªa de gesti¨®n que personas vinculadas con Grupo Aval y Corficolombiana, distintas de Jos¨¦ El¨ªas Melo Acosta, ten¨ªan de manera directa e independiente respecto de las decisiones financieras, operativas y contables tanto de la Concesionaria Ruta del Sol II como del consorcio constructor Consol, en las cuales obviamente Jos¨¦ El¨ªas Melo Acosta nunca intervino¡±. En suma, Melo dice que ¨¦l no tuvo que ver con los sobornos para la adici¨®n, y que los responsables y quienes conocen lo ocurrido son otras ¡°personas vinculadas con Grupo Aval y Corficolombiana¡±.

La respuesta crea un nuevo manto de duda. Para el analista Juan Carlos Fl¨®rez, abre el interrogante sobre qu¨¦ allegados a la familia Sarmiento Angulo, o miembros del grupo familiar, tienen la informaci¨®n que Melo niega conocer. ¡°Lo que esto estar¨ªa revelando es que en el acuerdo con la justicia de los Estados Unidos el chivo expiatorio es Melo porque all¨ª se le se?ala como el funcionario clave de los Sarmiento Angulo, pero ¨¦l est¨¢ diciendo que exist¨ªa un sistema paralelo de toma de decisiones, tanto para resolver c¨®mo se les iba a entregar la obra como para entregar sobornos¡±, se?ala Fl¨®rez.

En el acuerdo, adem¨¢s, se habla de tres funcionarios colombianos, sin incluir nombres. El primero, dice el texto, ten¨ªa un alto cargo en el poder legislativo. Ser¨ªa el exsenador Bernardo ¡°el ?o?o El¨ªas¡±, quien estuvo ocho a?os en la c¨¢rcel. El segundo era un ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura: ¡°Las pistas apuntan a Juan Sebasti¨¢n Correa, quien actuaba como enlace de la ANI con el Congreso y quien fue la ficha clave de Otto Bula para pagar sobornos. Correa fue inhabilitado por 18 a?os por la Procuradur¨ªa por recibir una coima de 100 millones de pesos¡±, indic¨® el periodista Daniel Coronell. El enigma recae sobre el tercero, un funcionario de alto rango en la rama ejecutiva entre ¡°en o alrededor de 2010 y en o alrededor de 2018¡å, durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. Ese tercer funcionario habr¨ªa recibido pagos por 3,4 millones de d¨®lares y sobre su identidad se han tejido rumores, discusiones y c¨¢balas.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, opina que, si bien la justicia colombiana ha actuado en el esc¨¢ndalo con multas y condenas, no significa que el caso est¨¦ cerrado. ¡°El acuerdo tiene las implicaciones de ser un reconocimiento en el que se da cuenta de que se sobornaron funcionarios en Colombia. La Fiscal¨ªa tiene formas de cooperaci¨®n internacional o puede adelantar sus propias investigaciones a fin de determinar qui¨¦nes fueron esos funcionarios p¨²blicos sobornados, para que sean judicializados¡±. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoci¨® que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscal¨ªa de Colombia proporcionaron asistencia sustancial en las investigaciones.

El acuerdo, y la reacci¨®n de quienes han investigado todo el esquema de sobornos como el presidente Gustavo Petro, ha vuelto a recordar las grabaciones de 2015 en las que quedaba en evidencia que el exfiscal N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez conoc¨ªa de denuncias de pagos irregulares desde antes de que estallara el esc¨¢ndalo y de ser nombrado fiscal en 2016. Mart¨ªnez era uno de los abogados externos m¨¢s relevantes del Grupo Aval para la ¨¦poca en la que el consorcio liderado por Odebrecht se qued¨® con la megaobra vial.

Las grabaciones salieron a la luz p¨²blica a fines de 2018, d¨ªas despu¨¦s de la extra?a muerte de Jorge Enrique Pizano, quien era el interlocutor de Mart¨ªnez en los audios y vigilaba el correcto manejo de los recursos como comptroller del proyecto. Seg¨²n la Fiscal¨ªa, el deceso ocurri¨® por causas naturales. Apenas tres d¨ªas despu¨¦s, su hijo de 30 a?os, Alejandro, falleci¨® al ingerir agua de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre. En las pesquisas que se adelantan en Colombia, sigue abierta una l¨ªnea de investigaci¨®n sobre presuntas amenazas a testigos para favorecer al exfiscal Mart¨ªnez y a Sarmiento Angulo.

Otro frente que sigue abierto es el de la financiaci¨®n irregular de campa?as pol¨ªticas. Despu¨¦s de la imputaci¨®n de cargos al excandidato uribista Oscar Iv¨¢n Zuluaga y a su hijo David Zuluaga por recibir aportes de la firma brasile?a, el Centro Democr¨¢tico ha exigido que se investigue a la campa?a de Juan Manuel Santos, tambi¨¦n salpicada por denuncias sobre la presunta financiaci¨®n de Odebrecht.

En medio del revuelo por el acuerdo, el presidente Gustavo Petro, atrapado en medio de los cuestionamientos por el supuesto ingreso de dineros del narcotr¨¢fico a su campa?a, tambi¨¦n ha buscado volver el foco a sus antecesores, lo que ha llevado a un choque frontal con Mart¨ªnez.

Entre tanto, Aval tendr¨¢ que seguir cooperando con las autoridades de los Estados Unidos hasta que concluyan las investigaciones y procesos relacionados con las coimas por la adici¨®n o hasta el final de un plazo de tres a?os. ¡°Se entiende que la compa?¨ªa debe en todo momento proporcionar informaci¨®n completa, veraz y precisa¡±, indica el documento. Solo si cumple con todas sus obligaciones, cesar¨¢ definitivamente el proceso penal.

El penalista Fabio Humar explica que ¡°los gringos son 100 veces m¨¢s pragm¨¢ticos que la justicia colombiana, y le dicen a una empresa: ¡®usted cometi¨® unas irregularidades, ac¨®jase a un sistema de terminaci¨®n anticipada con el pago de multas y unos compromisos de mediano plazo. Yo suspendo la persecuci¨®n. O v¨¢monos hasta el final, pero sepa que tengo todas las de ganar¡¯¡±. En el 99% de los casos, las empresas se acogen a esa terminaci¨®n anticipada similar a un principio de oportunidad en Colombia, concluye el jurista.

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