Hora de cambios en la paz total

La estrategia de la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro requiere un cambio. En cuesti¨®n de una semana dos, crisis simult¨¢neas generan de nuevo dudas sobre la conducci¨®n de los di¨¢logos. El secuestro del padre del futbolista Luis D¨ªaz puso en evidencia que el ELN sigue secuestrando como pr¨¢ctica com¨²n, a pesar de que este delito viola el Derecho Internacional Humanitario y a pesar de estar en una mesa de di¨¢logo con cese al fuego vigente. A esto se suma la decisi¨®n de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de levantarse de la mesa con el argumento de que no han retirado las tropas de algunas zonas.

El secuestro de don Luis Manuel D¨ªaz es grave m¨¢s all¨¢ de ser familiar de una estrella del f¨²tbol. Este delito es inaceptable y condenable como lo es cualquier secuestro de cualquier persona y m¨¢s si es un civil. Por eso esa guerrilla debe dejar ya de secuestrar y liberar a todas las personas que tiene en su poder. Eso no debe ser objeto de ninguna negociaci¨®n. Llama la atenci¨®n que en el comunicado el ELN diga que ¡°...al verificarse que se trata del padre de Lucho D¨ªaz se orienta su liberaci¨®n por ser familiar del gran deportista al que queremos todos los colombianos¡±. No se trata de liberarlo porque es el padre de un deportista, lo deben liberar a ¨¦l y a todos los civiles porque es un delito que no pueden seguir cometiendo y punto. Hablan tambi¨¦n en ese mensaje, que insulta al pa¨ªs, sobre los ¡°comandos en misiones econ¨®micas¡±, porque as¨ª es como llaman al secuestro.

Esto se ve¨ªa venir desde cuando Pablo Beltr¨¢n, uno de los negociadores del ELN, dijo en junio que las ¡°las actividades de financiaci¨®n seguir¨¢n¡±. Sabemos que para esa guerrilla los secuestros y extorsiones son ¡°retenciones¡± e ¡°impuestos¡± y seg¨²n esa declaraci¨®n no estaban acordados en el cese al fuego que estaban pactando y que comenz¨® finalmente el 3 de agosto. ?Se acept¨® negociar con una guerrilla a la que las fuerzas leg¨ªtimas del Estado no atacan mientras el grupo ilegal sigue agrediendo a la poblaci¨®n civil? La liberaci¨®n de todos los secuestrados debe ser una condici¨®n obligatoria para cualquier mesa de di¨¢logo si el Gobierno quiere que el proceso tenga un m¨ªnimo de legitimidad en medio del cada vez m¨¢s estrecho espacio pol¨ªtico para avanzar.

Mientras tanto, las disidencias del Estado Mayor Central en su comunicado hablan del compromiso que se habr¨ªa adquirido de retirar a las tropas de sus zonas de influencia y al quejarse de lo que consideran incumplimiento del Estado dicen: ¡°...se sigue privilegiando la visi¨®n militarista sobre la intervenci¨®n social, los militares deber¨ªan salir de las zonas como fue el compromiso, sin embargo la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza¡­¡±.

?Se pact¨® un ¡°despeje¡± con el Estado Mayor Central? Esa palabra tiene para Colombia una muy ingrata recordaci¨®n porque fue la estrategia que se us¨® en el Gobierno de Andr¨¦s Pastrana cuando se entregaron a las FARC cinco municipios con una extensi¨®n 42.000 kil¨®metros cuadrados sin presencia de la fuerza p¨²blica para facilitar los di¨¢logos de paz. Al final fue otro intento fallido porque la guerrilla utiliz¨® la zona para fortalecerse y cometer todo tipo de delitos.

Si es cierto, como lo se?alan en su comunicado las disidencias, que se pact¨® un retiro de la fuerza p¨²blica, estamos ante un despeje y convendr¨ªa saber de qu¨¦ extensi¨®n, en qu¨¦ zonas, bajo qu¨¦ condiciones. Con el desastre de lo que pas¨® en los di¨¢logos del Cagu¨¢n, el pa¨ªs entendi¨® que no se pueden hacer despejes para sacar a la fuerza p¨²blica de zonas de influencia de grupos ilegales mientras se negocia. Se pueden pactar algunos puntos de concentraci¨®n al terminar el proceso, algunos lugares para ubicar a las tropas, pero reclamar que salgan las fuerzas leg¨ªtimas del Estado de zonas completas del territorio nacional va m¨¢s all¨¢ de un cese al fuego y har¨ªa bien el Gobierno en hacer claridad sobre lo acordado.

Todos los procesos tienen crisis y momentos extremos porque se negocia con grupos ilegales y se trata, justamente, de desactivar una guerra que se sigue librando. En este caso, sin embargo, desde el primer momento se han cometido errores en la manera en que se ha manejado el proceso, o los procesos de las mesas paralelas. Tal vez lo m¨¢s grave es que el Gobierno dio mucho de entrada sin hacer mayores exigencias a los grupos armados. El cese al fuego bilateral, lo saben los expertos en negociaci¨®n, es un punto de llegada porque el Estado no puede cesar la acci¨®n contra el crimen organizado a cambio de nada.

La salida negociada ha sido la mejor estrategia para bajar los ¨ªndices de violencia, como lo revelan numerosos estudios. Es claro desde hace tiempo que la posibilidad que plantean algunos de ¡°eliminar militarmente¡± a la totalidad de los miembros de grupos ilegales es imposible porque se alimentan de manera permanente de las rentas ilegales, el reclutamiento forzado y las deplorables condiciones sociales de muchas zonas en donde act¨²an. La f¨®rmula de guerra total se ha ensayado con las nefastas consecuencias que conocemos. Mantener abierta la puerta de di¨¢logo es un deber, como tambi¨¦n lo es fortalecer la presencia del Estado con todas sus herramientas en las zonas vulnerables.

Lo que no puede pasar es que por errores en la conducci¨®n de las mesas se cierre el cada vez m¨¢s estrecho margen pol¨ªtico para apostar a la salida negociada. Cada error cometido en la mesa alimenta las salidas guerreristas y pone vidas en riesgo. Cada paso en falso se va a pagar con muertos y sufrimiento de las comunidades. Es momento entonces para que el Gobierno haga ver que tiene el control de las negociaciones y deje de otorgar ventajas a los grupos ilegales, que se deben ganar con acciones concretas el derecho a negociar. El primero de ellos debe ser parar toda hostilidad contra la poblaci¨®n civil y eso implica dejar de secuestrar, extorsionar, amenazar e intimidar a las comunidades.

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