Director de Indepaz: ¡°La violencia es muy r¨¢pida y el Gobierno va muy lento, por eso matan tantos l¨ªderes¡±

El l¨ªder ind¨ªgena Phanor Guazaquillo fue brutalmente asesinado en la tarde del pasado domingo 3 de diciembre. Durante el funeral de otro l¨ªder social de su comunidad en el cementerio de Puerto As¨ªs, Putumayo, un hombre con la cara cubierta por un tapabocas entr¨®, se acerc¨® y le dispar¨® varias veces enfrente de su esposa y de sus hijos. Antes de huir en una moto, el sicario volvi¨® a disparar para asegurarse de que no quedara vivo. El cuerpo agonizante de Guazaquillo, exconcejal del municipio m¨¢s poblado del departamento y autoridad tradicional del pueblo Nasa, fue llevado a un hospital en el coche f¨²nebre que horas antes hab¨ªa transportado a su amigo. Muri¨® antes de ser atendido.

En total, este a?o han sido asesinados 158 l¨ªderes sociales, una categor¨ªa que incluye a miembros de las juntas de acci¨®n comunal que representan la organizaci¨®n base de veredas y barrios de todo el pa¨ªs, a l¨ªderes ind¨ªgenas y de derechos humanos, y a cabezas de iniciativas campesinas o ambientales. Esa es una reducci¨®n significativa, pero que los expertos catalogan de insuficiente, frente a los 188 l¨ªderes que hab¨ªan sido asesinados hasta la misma fecha en 2022.

Adem¨¢s de los cambios en las cifras, hay una gran diferencia: las figuras p¨²blicas y los pol¨ªticos que antes denunciaban las muertes, ahora guardan silencio. El asesinato de l¨ªderes sociales fue una de las motivaciones del gran paro nacional que sac¨® a cientos de miles de personas a las calles en 2021; frenarlos fue una de las promesas con las que subi¨® el presidente Gustavo Petro al poder. Sin embargo, el asesinato de estas personas sigue siendo una constante. Eso demuestra que, a 16 meses de mandato, el plan para protegerlas que varias organizaciones de derechos humanos le presentaron al Gobierno, y que ¨¦ste se comprometi¨® a implementar, no se ha cumplido a cabalidad o no ha sido suficiente.

Leonardo Gonz¨¢lez, nuevo director de Indepaz, una organizaci¨®n que lleva el conteo de las muertes de l¨ªderes desde que se firm¨® el acuerdo de paz con las Farc en 2016, es enf¨¢tico en sus cr¨ªticas: ¡°Las acciones del Estado para proteger la vida de los l¨ªderes van en la direcci¨®n correcta, pero no son suficientes¡±, dice en entrevista con EL PA?S. Y a?ade: ¡°La violencia en los territorios es muy r¨¢pida y el Gobierno va muy lento, por eso matan tantos l¨ªderes¡±. Desde que se firm¨® la paz hasta hoy han sido asesinados 1.572 l¨ªderes sociales, m¨¢s de uno cada dos d¨ªas.

El d¨ªa anterior al asesinato de Guazaquillo, y el siguiente, tambi¨¦n fueron asesinados de forma violenta otros reconocidos l¨ªderes sociales en distintas regiones de Colombia.

El s¨¢bado 2 de diciembre, hombres armados entraron a la casa de Mar¨ªa Isabel Ramos, una lideresa del municipio de Solita, en el departamento amaz¨®nico de Caquet¨¢. Ramos era la presidenta de la Junta de Acci¨®n Comunal de la vereda Cusumbe. ¡°Fue asesinada al interior de una vivienda por hombres armados que llegaron hasta el lugar y la atacaron con arma de fuego¡±, reporta el Observatorio de Derechos Humanos y conflictividades de Indepaz.

El lunes 4 murieron Robiro Rojas Benavides, presidente de la Junta de Acci¨®n Comunal de la vereda Cordilleras Andinas del municipio de Los Andes Sotomayor, en el departamento de Nari?o, y Pedro Pablo Salas, l¨ªder campesino, miembro de la Junta Directiva de la Asociaci¨®n ACSOMAYO y de la guardia campesina, en Puerto Vega Teteye en Puerto As¨ªs. Los dos en el suroccidente del pa¨ªs y Salas en el mismo municipio en donde asesinaron al l¨ªder Guazaquillo. En la semana que termina, adem¨¢s, se registr¨® el asesinato de un firmante del acuerdo de paz, la muerte de otro l¨ªder y tres masacres, cada una con un saldo tr¨¢gico de tres fallecidos.

El congresista por las curules de paz, William Aljure, es aliado del Gobierno, pero cr¨ªtico de los asesinatos de l¨ªderes. As¨ª record¨® esta semana la muerte de Guazaquillo en una sesi¨®n plenaria de la C¨¢mara de Representantes a la que asisti¨® el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco: ¡°Ministro, estoy hablando del hombre que le present¨¦ (Guazaquillo), que le rogu¨¦ que cuid¨¢ramos, lo mataron ayer. Me duele¡±. Aljure insisti¨® en sus cr¨ªticas por el asesinato de su amigo: ¡°No quiero que el presidente Petro ni el director de la UNP, y menos usted Velasco, me vayan a llamar a decirme que qu¨¦ vamos a hacer con ellos, porque ya para qu¨¦, ya lo mataron¡±.

Ana Mar¨ªa Rodr¨ªguez Valencia es directora de la Comisi¨®n Colombiana de Juristas, una de las organizaciones que le present¨® el plan al Gobierno. La abogada y defensora de derechos humanos reconoce que la disposici¨®n y el di¨¢logo se han reactivado con la llegada de Petro a la presidencia, pero se?ala que hacen falta muchas acciones concretas para evitar las muertes. ¡°La situaci¨®n de los defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo muy dif¨ªcil, seguimos siendo uno de los pa¨ªses del mundo donde m¨¢s l¨ªderes asesinan. Eso no ha cambiado¡±.

Gonz¨¢lez y Rodr¨ªguez coinciden en que este Gobierno tiene una actitud mucho m¨¢s receptiva ante el problema que la que ten¨ªa el Ejecutivo anterior, y en que los asesinatos siguen en niveles altos por muchos factores adicionales a la aplicaci¨®n de la pol¨ªtica p¨²blica. Sin embargo, insisten en que desde la institucionalidad se pueden hacer m¨¢s cosas de las que se est¨¢n haciendo para proteger a las personas m¨¢s vulnerables. ¡°El plan que le presentamos al Gobierno se cumpli¨® de manera parcial. Se centr¨® en la puesta en marcha de los Puestos de Mando Unificado (PMU) por la vida. Son 100 espacios de articulaci¨®n interinstitucional que se crearon en los municipios donde el nivel de violencia contra los defensores es m¨¢s alto¡±, explica Rodr¨ªguez.

Estos PMU por la vida, sin embargo, se quedaron en la fase de la caracterizaci¨®n del conflicto en cada zona, m¨¢s que en la protecci¨®n concreta de la vida de las personas. ¡°Lastimosamente, no ha habido una articulaci¨®n entre el Gobierno y la Defensor¨ªa del Pueblo para atender las alertas tempranas que env¨ªa la entidad¡±, insiste Gonz¨¢lez. En todos los casos de asesinato de l¨ªderes de esta semana, la Defensor¨ªa hab¨ªa emitido alertas por el riesgo que enfrentan las comunidades a las que pertenec¨ªan, y de todas maneras los cr¨ªmenes se perpetraron. ¡°Muchas veces las instituciones no atienden las alertas tempranas y a la Defensor¨ªa le toca emitir un oficio de consumaci¨®n del riesgo¡±, explica Gonz¨¢lez.

El director de Indepaz, que en las ¨²ltimas semanas fue amenazado por grupos armados por sus denuncias, se?ala que la reducci¨®n del 15% en el asesinato de l¨ªderes es poca. Insiste en que siguen siendo mucho los muertos y muy graves las consecuencias para las comunidades. ¡°Esperamos que los asesinatos lleguen a cero¡±. Para lograrlo, Gonz¨¢lez cree que el primer paso es iniciar procesos de di¨¢logo con todos los grupos armados que operan en el territorio y avanzar en ceses al fuego con todos ellos. ¡°Hemos visto una correlaci¨®n entre los lugares donde se han firmado ceses al fuego, con la reducci¨®n de los asesinatos de l¨ªderes y un aumento de las muertes en los sitios donde los grupos han violado estos acuerdos¡±.

Por ejemplo, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nari?o y Caquet¨¢ hace presencia la disidencia de las extintas FARC conocida como Estado Mayor Central, con la que se pact¨® un cese que ha sido incumplido. All¨ª los niveles de los asesinatos de l¨ªderes se han mantenido muy altos. ¡°A los l¨ªderes los matan porque se interponen en los intereses econ¨®micos de los grupos armados. Defienden los territorios de megaproyectos de miner¨ªa, petr¨®leo, cultivos de palma, ganader¨ªa¡±, dice el director de Indepaz.

Ana Rodr¨ªguez explica que otro de los motivos de los asesinatos es ¡°el alt¨ªsimo grado de impunidad de la Fiscal¨ªa para esclarecer los cr¨ªmenes y condenar a quienes los cometen y, sobre todo, a quienes los ordenan. As¨ª es muy dif¨ªcil que cesen estos delitos¡±. Y concluye: ¡°El principal impacto del asesinato de un l¨ªder es que se le manda un mensaje a las comunidades de que se tienen callar, de que se tienen que conformar, de que no pueden reclamar sus derechos ni alzar la voz para denunciar. Es un mensaje de que hay que bajar la cabeza, obedecer y guardar silencio¡±.

Actualizaci¨®n: en la tarde de este lunes, despu¨¦s de publicado el art¨ªculo, la Corte Constitucional de Colombia declar¨® el Estado de Cosas Inconstitucional ante la violencia contra los l¨ªderes sociales. El alto tribunal considera que hay una vulneraci¨®n de los derechos de estos defensores que les afecta su seguridad y requiere medidas urgentes y estructurales para resolverse. ¡°La persecuci¨®n y el asesinato de l¨ªderes y lideresas sociales no solo implica la violaci¨®n de sus derechos fundamentales como individuos, sino que adem¨¢s representa la afectaci¨®n de las colectividades que lideran y de sus familias¡±.

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