"La reparaci¨®n a las v¨ªctimas de los paramilitares est¨¢ estancada en un 99%"

Con las elecciones presidenciales del pr¨®ximo 30 de mayo como escenario de fondo, dos recientes informes sobre la situaci¨®n de los derechos humanos en Colombia en 2009, publicados por la ONU y la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, trazan un balance bastante desalentador para el Estado colombiano. Gustavo Gall¨®n (Cali, 1952), director de la Comisi¨®n Colombiana de Juristas, ONG con car¨¢cter consultivo ante la ONU, viaj¨® la semana pasada a Madrid, donde se reuni¨® con funcionarios del Ministerio de Exteriores de Espa?a para "mantener la atenci¨®n" sobre la coyuntura en Colombia.

"El proceso de reparaci¨®n a las v¨ªctimas del paramilitarismo est¨¢ estancado en un 99%. Se van a cumplir cinco a?os de la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares y no existe una sentencia en firme que permita reparar a ninguna v¨ªctima", se?ala el jurista colombiano.

En el caso de la reparaci¨®n por v¨ªa administrativa, "ha habido una propuesta del Gobierno que establece unos topes de reparaci¨®n a las v¨ªctimas absurdos, que equivalen al 2% o 3% de lo que ser¨ªa una reparaci¨®n judicial. Para hacerse una idea, en caso de homicidio se les reconoce a los deudos 9.000 d¨®lares, pagaderos a 10 a?os".

Para Gall¨®n, la extradici¨®n de los jefes paramilitares a Estados Unidos ha logrado entrabar a¨²n m¨¢s el esclarecimiento de la verdad y la reparaci¨®n de las v¨ªctimas. Las confesiones de los jefes paramilitares han quedado fragmentadas y el acceso a los procesos judiciales se halla muy limitado.

El ¨²ltimo informe de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos se?ala su preocupaci¨®n por la existencia de casos de complicidad entre miembros de las fuerzas del Estado y grupos paramilitares.

"Esta es una vieja pr¨¢ctica del Ej¨¦rcito que actualmente se relaciona con la directiva secreta 29 de 2002 del Ministerio de Defensa, a trav¨¦s de la cual se le paga a particulares por informaci¨®n que permita la captura o muerte de combatientes irregulares. Estos particulares, muchos de ellos paramilitares o ex paramilitares, se han aliado con militares en servicio, quienes no reciben la recompensa directamente, pero al asociarse se reparten los beneficios de la misma", afirma Gall¨®n.

Las cifras y estad¨ªsticas, tanto las que provienen del Gobierno como de organizaciones no gubernamentales, coinciden en que el Estado colombiano ha avanzado en algunos campos: el n¨²mero de personas secuestradas por grupos irregulares pas¨®, seg¨²n cifras oficiales, de un promedio de 3.000 anuales en a?os anteriores, a 125 en 2010. O el n¨²mero de homicidios por a?o, que llegaron a 30.000, bajaron a 15.000 durante 2009, seg¨²n las cifras aportadas por el jurista colombiano.

Estos datos, sin embargo, deben ser vistos en su conjunto, de una forma global: "Qu¨¦ sacamos con que se hayan reducido los homicidios, cuando la violencia pol¨ªtica ejercida por agentes del Estado contra particulares se duplic¨®. Adem¨¢s de eso, el nivel de desplazamientos llega a los cuatro millones, que es una cifra s¨®lo superada en el mundo por Sud¨¢n", concluye Gall¨®n.