El desplazamiento forzado cumple 20 a?os de inconstitucionalidad en Colombia

El desplazamiento forzado es el delito que m¨¢s v¨ªctimas ha producido el conflicto armado en Colombia. El Registro ?nico de V¨ªctimas, con corte al 31 de diciembre de 2023, identifica a 8.578.269 personas afectadas desde 1985 ¡ªel segundo delito es el de homicidio, con 1.099.246 casos¡ª. Pese a ello, durante a?os la problem¨¢tica ocup¨® un lugar secundario en el debate p¨²blico y en las preocupaciones del Estado. Las acciones de tutela de quienes ped¨ªan la protecci¨®n de sus derechos se acumulaban en los despachos de los jueces. Hasta que una sentencia de la Corte Constitucional puso la negligencia estatal en el centro de la agenda, con una declaraci¨®n del Estado de Cosas Inconstitucional que este lunes cumple 20 a?os.

El Informe Final de la Comisi¨®n de la Verdad, presentado en junio de 2022, define el desplazamiento forzado como un hecho que se presenta ¡°cuando personas o grupos de personas se han visto obligadas a salir de su residencia o de su sitio habitual de trabajo por la fuerza o por intimidaci¨®n¡±, en particular por violaciones a los derechos humanos o para evitar efectos del conflicto armado. Las v¨ªctimas permanecen dentro del pa¨ªs y, en general, se desplazan desde las zonas rurales a las ciudades. Seg¨²n recuerda el informe, Colombia es uno de los Estados con m¨¢s desplazados en el mundo.

Ivonne Rodr¨ªguez, investigadora de la Comisi¨®n, comenta por tel¨¦fono que el desplazamiento es ¡°la cicatriz m¨¢s profunda¡± de un conflicto armado que ha estado marcado por el despojo de tierras. No solo es el delito con m¨¢s v¨ªctimas registradas, sino que suele ir de la mano de otros hechos: detr¨¢s de un desplazamiento suele haber amenazas, homicidios, desapariciones forzadas o violaciones. Asimismo, implica un cambio radical en la vida del afectado, que puede pasar de ser propietario de tierras a ser obrero, de cultivar comida a tener que comprarla. ¡°Es arrancar a una persona de su vida, de su esencia¡±, define la investigadora.

El impacto del desplazamiento es dif¨ªcil de medir. Rodr¨ªguez menciona, por ejemplo, que no es tan claro c¨®mo cuantificar los problemas de salud mental que tienen las v¨ªctimas o las p¨¦rdidas de conocimiento agrario que ha tenido Colombia por el vaciamiento de sus zonas rurales. ¡°Hay abuelos que desean retornar a sus pueblos, pero los hijos o los nietos crecieron en las ciudades y no quieren volver. Dicen que es peligroso, o que no saben c¨®mo trabajar en el campo¡±, explica. Las cifras, adem¨¢s, puede que ni siquiera sean fidedignas: muchos prefieren no reconocerse como v¨ªctimas por miedo al estigma o el rechazo.

La Corte Constitucional dict¨® su sentencia en un contexto especialmente dif¨ªcil. El 2002 hab¨ªa sido el a?o con el mayor n¨²mero de desplazados de la historia: 730.904 v¨ªctimas, seg¨²n la Comisi¨®n de la Verdad. El conflicto estaba en su peor momento, con enfrentamientos encarnizados entre la guerrilla y los paramilitares y un recrudecimiento de la violencia de los grupos armados contra la poblaci¨®n civil. El Estado apenas ten¨ªa herramientas para asistir a las miles de personas que llegaban a las ciudades. La ley de prevenci¨®n del desplazamiento forzado y atenci¨®n de v¨ªctimas de 1997 ten¨ªa varios vac¨ªos: los presupuestos eran limitados y no se garantizaba la coordinaci¨®n entre instituciones y el seguimiento de la problem¨¢tica.

La sentencia

El alto tribunal fundament¨® la declaraci¨®n del Estado de Cosas Inconstitucional en el alto volumen de tutelas que recib¨ªa por desplazamiento, lo que evidenciaba el bloqueo institucional del Estado para responder a los pedidos de asistencia humanitaria de tantas v¨ªctimas. ¡°Los procesos acumulados (...) se?alan que la vulneraci¨®n de los derechos afecta a buena parte de la poblaci¨®n desplazada, en m¨²ltiples lugares del territorio nacional y que las autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos¡±, se lee en el texto. El alto tribunal, adem¨¢s, criticaba ¡°la falta de correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas¡± y destacaba que los recursos no eran suficientes para un problema de una magnitud mayor a la que dimensionaba el Estado.

Para la Corte, el Estado ten¨ªa responsabilidad por una violaci¨®n estructural de derechos y, por consiguiente, ten¨ªa la obligaci¨®n de ayudar a las v¨ªctimas. Las autoridades nacionales y territoriales deb¨ªan tomar medidas para resolver problemas como la inexistencia de sistemas de evaluaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas, la falta de metas y la insuficiencia de recursos humanos y econ¨®micos. Adem¨¢s, el alto tribunal innov¨® al crear por primera vez una sala especial para hacerle seguimiento al problema, una medida que ha repetido desde entonces en otros cuatro asuntos (salud, sistema carcelario, crisis en La Guajira y seguridad de excombatientes de las FARC).

Paula Gaviria Betancur, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de las Naciones Unidas, remarca por tel¨¦fono que la sentencia dej¨® en claro que el Estado deb¨ªa subir sus est¨¢ndares. ¡°No toda respuesta vale. Tener una instituci¨®n no vale, tener una ley no es suficiente, tener un presupuesto no es suficiente (...). No es cualquier vivienda lo que se debe garantizar... es una vivienda digna. No es cualquier educaci¨®n... es una educaci¨®n de calidad¡±, se?ala la experta, que tambi¨¦n valora los procesos de participaci¨®n de la sociedad civil que impuls¨® el Estado de Cosas Inconstitucional y sus audiencias de seguimiento.

La jurisprudencia de la Corte ayud¨® a elaborar la ley de v¨ªctimas de 2011, que reconoci¨® por primera vez la existencia de un conflicto armado interno y de v¨ªctimas a las que hab¨ªa que reparar. Gaviria, que fue la primera directora de la Unidad para las V¨ªctimas (2012-2016), comenta que el Congreso tuvo en cuenta la necesidad que ya hab¨ªa establecido la Corte de prestar atenci¨®n a las especificidades de la violencia que sufren los grupos ¨¦tnicos y las mujeres. En su rol como relatora especial, destaca que hoy en d¨ªa varios pa¨ªses estudian leyes similares con base en las experiencias colombianas.

Cifras

El desplazamiento forzado ha disminuido en los 20 a?os transcurridos desde la sentencia. Las cifras de la Unidad para las V¨ªctimas se?alan que hubo 291.126 v¨ªctimas de este hecho en 2022, frente a las 434.829 que se registraron en 2004. Pero no necesariamente es a causa del Estado de Cosas Inconstitucional. Francisco Javier Daza, investigador de la Fundaci¨®n Paz y Reconciliaci¨®n, se?ala por tel¨¦fono que hubo ca¨ªdas significativas cuando se desmovilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia (2004-2006) y cuando se firm¨® el acuerdo de paz con las extintas FARC en 2016. ¡°El mensaje principal es que los procesos de paz funcionan. Buscar un camino negociado trae un beneficio en materia de estos hechos violentos¡±, afirma Daza.

El problema es que los grupos desmovilizados fueron reemplazados por otros actores de violencia y los n¨²meros volvieron a subir en a?os como 2011, 2018 y 2022. La cifra actual es menor que la de 2004, pero tambi¨¦n es evidente que ha habido un repunte desde 2020, cuando se registraron 104.866 v¨ªctimas. El panorama no es alentador: aunque todav¨ªa no hay datos consolidados de 2023, el Consejo Noruego para Refugiados alert¨® el jueves que en lo que va de 2024 ya se han registrado 3.000 desplazamientos en el Pac¨ªfico colombiano.

Sin embargo, los expertos consultados enfatizan en que no hay que quedarse solo con esas cifras para evaluar qu¨¦ ha pasado en los ¨²ltimos 20 a?os. Tambi¨¦n es importante considerar la capacidad que ahora tiene el Estado para asistir a quienes est¨¢n desplazados desde hace a?os y enfrentan condiciones discriminatorias para satisfacer sus derechos fundamentales. El presupuesto anual se ha multiplicado de 2 billones de pesos (alrededor de 574 millones de d¨®lares, al cambio de 2004) a 15 billones (unos 3.800 millones de d¨®lares) y ha habido avances importantes en ¨¢reas como la afiliaci¨®n de los desplazados al sistema de salud. Gaviria, en tanto, se?ala que hay mejoras sustanciales en los niveles de ingreso de las v¨ªctimas, seg¨²n una encuesta de seguimiento que a¨²n no ha sido publicada.

Efecto simb¨®lico

Los expertos destacan la importancia simb¨®lica que ha tenido la sentencia de la Corte Constitucional para posicionar el tema en la agenda del pa¨ªs. Carolina Moreno, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, resalta que los desplazados ahora tienen m¨¢s herramientas para reclamar sus derechos al Estado. ¡°Alguien que tiene una situaci¨®n as¨ª encuentra que hay un poder grand¨ªsimo en luchar con el Derecho en la mano y en hacer reclamos ante un juez¡±, explica en conversaci¨®n telef¨®nica con este peri¨®dico. ¡°El desplazamiento forzado ya no es visto como un efecto colateral de la guerra. Es una cuesti¨®n de derechos humanos¡±, a?ade.

Los medios de comunicaci¨®n, los pol¨ªticos y la sociedad civil est¨¢n m¨¢s pendientes de la poblaci¨®n afectada. ¡°Si no hubi¨¦ramos tenido esa sentencia, no tendr¨ªamos el mismo reconocimiento de esa poblaci¨®n, que era totalmente invisible en 2004¡å, asegura Moreno. Asimismo, las experiencias sobre c¨®mo apoyar a los desplazados han servido para pensar en herramientas de asistencia a otros grupos vulnerables. La profesora se?ala sus investigaciones sobre los migrantes venezolanos afectados por el conflicto armado y destaca que la jurisprudencia servir¨¢ cada vez m¨¢s ante el creciente n¨²mero de personas desplazadas por el cambio clim¨¢tico.

El alto tribunal ha destacado en sus autos de seguimiento los avances que realiz¨® el Estado tras los reclamos de 2004. Pero es improbable que se levante el Estado de Cosas Inconstitucional con cifras tan altas como las actuales. Adem¨¢s, genera preocupaci¨®n que se haya normalizado y que su impacto se haya ralentizado durante la ¨²ltima d¨¦cada. La magistrada Natalia ?ngel, coordinadora de la sala de seguimiento, lamenta que el desplazamiento forzado ¡°ha perdido centralidad¡± en el debate p¨²blico. ¡°Esto es grave, pues Colombia sigue siendo uno de los pa¨ªses con mayor n¨²mero de personas desplazadas en el mundo, y en los ¨²ltimos a?os los ¨ªndices de desplazamiento han ido en aumento¡±, comenta por escrito. Para ?ngel, la importancia de esta conmemoraci¨®n radica en ¡°llamar la atenci¨®n¡± sobre las problem¨¢ticas que a¨²n persisten.

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