Los avances del plan B de Petro para la salud

En apenas una semana, el Gobierno de Gustavo Petro consolid¨® en varios frentes sus iniciativas para cambiar el funcionamiento del sistema de salud de Colombia. Con su plan A para ello, una reforma legal, avanzando a paso lento en el Congreso, ha optado por un camino paralelo, en el que otro tipo de decisiones le permiten acercarse a su meta: un esquema en el que el Estado juega un papel m¨¢s preponderante. Ese plan alternativo estaba claro ya en octubre, co...

En apenas una semana, el Gobierno de Gustavo Petro consolid¨® en varios frentes sus iniciativas para cambiar el funcionamiento del sistema de salud de Colombia. Con su plan A para ello, una reforma legal, avanzando a paso lento en el Congreso, ha optado por un camino paralelo, en el que otro tipo de decisiones le permiten acercarse a su meta: un esquema en el que el Estado juega un papel m¨¢s preponderante. Ese plan alternativo estaba claro ya en octubre, con la intervenci¨®n de entidades, la b¨²squeda de la primera licencia obligatoria de un medicamento y la propuesta de incluir en el sistema general el pago de los accidentes de tr¨¢nsito. Pero ahora, con el nuevo a?o, se acelera.

Los pasos fueron r¨¢pidos. El domingo, el Ministerio de Salud anunci¨® una demanda judicial contra 21 de las 28 Entidades Promotoras de Salud (EPS) del pa¨ªs. Las EPS son las instituciones a las que se afilian los colombianos para que estas les provean los servicios de salud, cumpliendo una labor de aseguramiento. El objetivo central de su reforma ha sido acabarlas, aunque la realidad pol¨ªtica ha llevado a que sobrevivan en el texto actual del proyecto de ley con funciones sustancialmente reducidas. La demanda del Estado, quien las financia con recursos propios y aportes de los ciudadanos a un fondo p¨²blico, muestra el nivel de hostilidad.

El Ministerio argumenta que esas 21 EPS han incumplido su obligaci¨®n de mantener el dinero suficiente en sus reservas t¨¦cnicas, un fondo de precauci¨®n para garantizar los servicios en caso de una crisis. Lo hace con sustento en un informe de septiembre de la Superintendencia de Salud, instituci¨®n que depende del Ministerio y debe vigilar a la EPS, sobre la situaci¨®n financiera de ellas. En el pasado, la Superintendencia us¨® datos inexactos y enga?osos de ese mismo reporte, pero con corte al mes de junio, para criticar a las EPS, algo que quedaba claro en varias tablas anexas al reporte de mitad de a?o. En el de septiembre no aparecen esos anexos.

M¨¢s all¨¢ de la complejidad contable de esas cifras, la demanda pone en aprietos a entidades que vienen alegando que el Estado no les gira suficientes recursos por cada afiliado para pagar un plan preestablecido de salud, y se demora en reconocer los gastos que est¨¢n por fuera de ese plan. El Ministerio, que define cu¨¢nto y cu¨¢ndo pagarles, alega ante un juez que est¨¢n violando el derecho a la salud porque les falta el dinero para poder pagar los servicios que les brindan las cl¨ªnicas y hospitales. As¨ª, refuerza la amenaza de que la Superintendencia tome el control de m¨¢s EPS, cuando en los ¨²ltimos ocho meses ha intervenido tres de ellas, que suman siete millones de afiliados, con argumentos que incluyen debilidades financieras.

Adem¨¢s, resalta que el problema que enfrent¨® la EPS Sanitas en noviembre, cuando la cadena de farmacias Cruz Verde se neg¨® a seguirle vendiendo algunos medicamentos, f¨¢cilmente puede afectar a otras, y hace m¨¢s dif¨ªcil que las EPS tengan acceso a recursos de inversionistas o del sector financiero. Al final, se trata de problemas financieros estructurales que afectan a todas las EPS. Y una quiebra sist¨¦mica de ellas obligar¨ªa a que el Estado intervenga, con urgencia, el sistema de salud.

Dos d¨ªas despu¨¦s de la sonada demanda, el martes, el Gobierno logr¨® una aut¨¦ntica victoria en la puja por controlar la EPS con m¨¢s afiliados, casi 11 millones en un pa¨ªs de 50 millones de habitantes. Se trata de la Nueva EPS, de la que son socios el Estado y varias cajas de compensaci¨®n ¡ª entidades de los trabajadores y los empleadores, encargadas de dar bienestar a sus trabajadores afiliados¡ª, que suman la mitad m¨¢s una de sus acciones. Tras un cambio en la junta directiva en noviembre pasado, esta semana los nuevos miembros sacaron a quien fue su presidente por 15 a?os, Jos¨¦ Fernando Cardona, y fue elegido en su cabeza un aliado pol¨ªtico del presidente, el abogado Aldo Cadena.

Cadena, militante de la extinta guerrilla del M-19 como Petro, fue su secretario de salud como alcalde de Bogot¨¢, y ha encabezado el sindicato nacional de la salud y la seguridad social. Ha sido importante en las recientes campa?as de Petro a la presidencia, especialmente en los departamentos de Sucre y Bol¨ªvar, donde gerenci¨® la victoriosa campa?a de 2022. El presidente celebr¨® el anuncio en su cuenta de X: ¡°Ha sido nombrado presidente de la Nueva EPS, Aldo Cadena. Su objetivo es priorizar la construcci¨®n del sistema preventivo de la salud p¨²blica en todo el territorio nacional¡±, afirm¨®.

La funci¨®n de la Nueva EPS, en principio, no es construir un sistema p¨²blico, sino una red de prestadores para sus afiliados que debe incluir un aspecto preventivo. Eso mismo aplica para todas las EPS, privadas, p¨²blicas o mixtas. Pero el deseo del Gobierno, manifestado en su reforma a la salud, es que sea Nueva EPS quien asuma la carga de todo el sistema: el texto del proyecto establece que la transici¨®n entre el modelo actual y el nuevo sea que Nueva EPS reciba todos los afiliados del pa¨ªs.

Ese mismo martes, Petro celebr¨® el tercer avance del plan B en la semana: un proyecto para recuperar los centros de salud p¨²blicos de las regiones m¨¢s apartadas. ¡°Todos los Centros de Atenci¨®n Primaria en salud p¨²blica que hay en el pa¨ªs deben ser reparados y puestos a funcionar en toda Colombia. Est¨¢n los recursos presupuestados para eso¡±, dijo entonces en su red social favorita. La intenci¨®n, alineada con la misi¨®n que le se?al¨® a Cadena de tener un sistema preventivo p¨²blico en todo el pa¨ªs y con la visi¨®n del ministro de Salud de tener hospitales en todos los municipios, es recuperar la infraestructura de 1.500 puestos de salud rurales.

El Ministerio de Interior se encargar¨¢ de hacer convenios con las Juntas de Acci¨®n Comunal (JAC), asociaciones de vecinos bien organizadas y que suelen ser fundamentales en las veredas, proporcionando el dinero y el acompa?amiento t¨¦cnico necesarios para que las comunidades puedan arreglar y reabrir sus centros de salud. ¡°Reparar un puesto de salud y ponerlo a punto no necesita de una gran complejidad t¨¦cnica¡±, afirm¨® al respecto el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco.

El plan, que encaja en la iniciativa de delegar m¨¢s funciones en organizaciones sociales y en incentivar la llamada econom¨ªa popular, est¨¢ apenas arrancando. El dinero saldr¨¢, seg¨²n Velasco, de un convenio entre el ministerio a su cargo y el de Salud, que tiene un presupuesto nacional de seis billones de pesos (alrededor de 1.500 millones de d¨®lares) destinados a la infraestructura. Adem¨¢s de las dudas planteadas por algunos expertos sobre el proyecto de obras, queda el m¨¢s complejo de c¨®mo ponerlos a funcionar en un pa¨ªs con d¨¦ficit de personal de salud.

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