El Gobierno de Petro acelera un plan alternativo de salud
Mientras la C¨¢mara de Representantes posterga el debate de la propuesta m¨¢s sonada de Gustavo Petro, el Ejecutivo interviene varias EPS, busca la primera licencia obligatoria de un medicamento y propone incluir en el sistema general el pago de los accidentes de tr¨¢nsito
¡°El SOAT se ha convertido en un instrumento de captura delictiva de dineros de la salud¡±, trin¨® en la ma?ana de este jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se refer¨ªa al seguro obligatorio de accidentes de tr¨¢nsito que deben pagar los due?os de los veh¨ªculos para alimentar un fondo, que a su vez asume el costo de la atenci¨®n de las v¨ªctimas de los choques. El presidente hac¨ªa eco de una propuesta de su ministro de Salud de eliminar esa reserva para que el sistema general de salud sea el que pague en esos casos. Es uno de los ajustes que viene adelantando un Gobierno que ha hecho del tema sanitario una bandera. Ante la dificultad para sacar adelante en el Congreso su reforma al sistema completo, avanza en un plan alternativo para darle un papel cada vez mayor al Estado, que es el norte de la propuesta.
Desde inicios de a?o, Petro centr¨® su Gobierno en tres reformas legales. La del sistema de salud fue la prioritaria: la radic¨® en el Congreso antes que la laboral y la pensional; convoc¨® a manifestaciones en apoyo de ese acto, que usualmente pasa de agache; rompi¨® su coalici¨®n de Gobierno e hizo su primer remez¨®n ministerial cuando encontr¨® resistencias en algunos miembros de su Gabinete y en partidos hasta entonces aliados en el Legislativo. A pesar del capital pol¨ªtico invertido, la propuesta no ha avanzado: sigue en la C¨¢mara de Representantes, m¨¢s af¨ªn al Gobierno que el Senado, y solo ha sido aprobada en la Comisi¨®n S¨¦ptima.
La plenaria de la C¨¢mara tiene el proyecto hace tres meses y no ha avanzado. Parece insalvable la discusi¨®n sobre qui¨¦n afiliar¨¢ a los ciudadanos, administrar¨¢ el riesgo de asegurarlos y contratar¨¢ con las cl¨ªnicas y los laboratorios, si un solo ente estatal como propone Petro o unas entidades p¨²blicas y privadas que compitan entre s¨ª, como ocurre hoy con las llamadas EPS. Hace pocas semanas aprob¨® crear una subcomisi¨®n que buscaba acercar a defensores y cr¨ªticos del proyecto, y este martes estaba citada para votar sobre el texto. A menos de cuatro meses de las elecciones locales, no hubo qu¨®rum. Es probable que no lo haya hasta que los ciudadanos pasen por las urnas, e incluso entonces no est¨¢ claro que tenga los votos suficientes. Mientras tanto, el Gobierno hace otras movidas.
Sobre el uso del SOAT hay denuncias, desde hace a?os, de cobros de servicios inventados, conocidos como ¡°accidentes fantasmas¡±. Ante la alta tasa de evasi¨®n del seguro entre los due?os de motocicletas, el Gobierno decidi¨® en diciembre de 2022 reducir el costo del seguro, que se paga a aseguradoras privadas, para esos veh¨ªculos. La idea era lograr que muchos m¨¢s lo pagaran, pero no ocurri¨®. ¡°Lo que se hab¨ªa planteado al hacer una rebaja en las motocicletas era que eso pudiera redundar en que se inscribieran m¨¢s y en que tuvi¨¦ramos m¨¢s legalidad en el transporte. Pero no lo estamos viendo como quisi¨¦ramos¡±, explico el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo este mi¨¦rcoles. Fue entonces cuando propuso eliminarlo de tajo.
Para hacerlo, sin embargo, habr¨ªa que pasar por el Congreso, y es jur¨ªdicamente inviable incluirlo en la reforma que ya fue aprobada en un debate. Para el exministro de Salud Augusto Gal¨¢n, cabeza de la oeneg¨¦ ¡®As¨ª vamos en salud¡¯, tiene sentido eliminar el SOAT. Tambi¨¦n propone hacerlo con otro seguro paralelo que paga algunas atenciones m¨¦dicas: el de riesgos laborales. Sin embargo, argumenta que para que la unificaci¨®n funcione, hay que atender al c¨®mo. ¡°Esto debe estar debidamente financiado. Uno no puede trasladar esas responsabilidades si no mejora la financiaci¨®n del sistema general¡±, argumenta.
Por su parte, la exdirectora del gremio de las EPS, Paula Acosta, encuentra que la propuesta del SOAT es una cortina de humo ¡°para distraer del problema de fondo, que es la crisis financiera que atraviesa el sector.¡± Recuerda que hay demoras en algunos giros de recursos del Estado a las EPS, lo que debilita sus finanzas, y que en los ¨²ltimos meses el Gobierno ha intervenido a tres de ellas: en mayo fue Asmet Salud, que tiene 2 millones de afiliados, especialmente en el sur del pa¨ªs; en junio Savia Salud, con 1,7 millones de afiliados en Antioquia, y que tiene como mayores accionistas a la Gobernaci¨®n de ese departamento y a la Alcald¨ªa de Medell¨ªn; y en septiembre a Famisanar, que tiene como accionista mayoritario a la caja de compensaci¨®n familiar Cafam y cuenta con 3 millones de afiliados.
En solo 4 meses, casi 7 millones de personas pasaron a estar asegurados por EPS que temporalmente maneja el Gobierno. Se suman a otros casi 11 millones que est¨¢n en Nueva EPS, de la que el Gobierno es accionista junto con varias cajas de compensaci¨®n, incluyendo a Cafam. ¡°Este es un sistema excepcional en materia de salud, porque ha intentado todas las medidas de excepci¨®n para tratar de cambiar el sistema¡±, dice Gal¨¢n con sarcasmo.
¡°Las intervenciones a Famisanar y Savia Salud generan presi¨®n a las otras EPS¡±, afirma Acosta, quien tambi¨¦n fue viceministra de protecci¨®n social a inicios del Gobierno de Juan Manuel Santos. Se refiere a que los argumentos de la Superintendencia de Salud para remover a los gerentes y designar otros administradores, que tienen que ver tanto con problemas de atenci¨®n como con debilidades financieras. Como se trata de un problema estructural, que se repite en otras EPS ¡ªy que ¨¦stas indican que se debe en buena medida a problemas del Gobierno, como hacer un giro muy bajo por cada afiliado o demorarse en transferir el dinero¡ª son alertas que tensionan al sector entero.
Gal¨¢n va un paso m¨¢s all¨¢ y muestra su extra?eza por la m¨¢s reciente de esas medidas. ¡°Hay demasiados rumores que no son claros, particularmente con la intervenci¨®n de Famisanar. ?Qu¨¦ significa que haya sido en julio la primera EPS a la cual le prorrogan la habilitaci¨®n por 5 a?os, y un mes despu¨¦s la intervienen?¡±, cuestiona el exministro. En efecto, en agosto la misma Superintendencia renov¨® el permiso de Famisanar para funcionar, lo que significa que cumpl¨ªa con los est¨¢ndares. Apenas un mes despu¨¦s, encontr¨® que enfrenta graves problemas, que incluyen graves debilidades financieras, pues debe 2,2 billones de pesos y solo tiene activos por 1 bill¨®n.
Como fuere, con las intervenciones el Gobierno aumenta su control sobre el sistema de salud, ya no eliminando las EPS como propone en la reforma, sino administr¨¢ndolas. En un campo diferente, la hist¨®rica decisi¨®n de declarar de inter¨¦s p¨²blico un medicamento para el VIH apunta en el mismo sentido. Y la eliminaci¨®n del SOAT, que saca del juego a aseguradoras privadas, tambi¨¦n.
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