Colombia se queja de la corrupci¨®n, pero no protege a quienes la denuncian

En Colombia existe una preocupaci¨®n generalizada alrededor de la corrupci¨®n. Los pol¨ªticos la usan constantemente en sus discursos y los medios de comunicaci¨®n a diario la traen a colaci¨®n en sus portadas e informativos. El pasado enero, la medici¨®n What Worries the World de la firma Ipsos revel¨® que la corrupci¨®n es el tercer asunto que m¨¢s genera inquietud entre los colombianos, con 33%, siendo solo superado por el...

En Colombia existe una preocupaci¨®n generalizada alrededor de la corrupci¨®n. Los pol¨ªticos la usan constantemente en sus discursos y los medios de comunicaci¨®n a diario la traen a colaci¨®n en sus portadas e informativos. El pasado enero, la medici¨®n What Worries the World de la firma Ipsos revel¨® que la corrupci¨®n es el tercer asunto que m¨¢s genera inquietud entre los colombianos, con 33%, siendo solo superado por el desempleo (41%) y la violencia (38%). En las encuestas peri¨®dicas del InvamerPoll suele ser el problema m¨¢s grave que se?alan los ciudadanos. No obstante, la ley no cuenta con mecanismos para proteger a los denunciantes de hechos de corrupci¨®n ¡ªtambi¨¦n conocidos, por su nombre en ingl¨¦s, como whistleblowers¡ª y prevenir que cr¨ªmenes asociados a este tipo de situaciones sigan present¨¢ndose.

El analista militar estadounidense Daniel Ellsberg, quien filtr¨® informes clasificados al New York Times sobre la guerra de Vietnam durante la d¨¦cada de los 70, es uno de los ejemplos m¨¢s conocidos a nivel mundial de lo que es un whistleblower. Aquellos documentos, que posteriormente public¨® la prensa, demostraron que la Casa Blanca minti¨® a los ciudadanos y al Congreso sobre el desarrollo adverso de ese conflicto. Es un episodio tan ic¨®nico en la historia pol¨ªtica reciente de Estados Unidos que fue llevado al cine por Rod Holcomb, en 1993, y por Steven Spielberg, en 2017.

Denunciantes como Ellsberg abundan en otros pa¨ªses, incluyendo a Colombia. Uno de los casos m¨¢s sonados recientemente involucra a Martha Mancera, la fiscal general interina. En 2021, Fabio Gonz¨¢lez y Pablo Bola?os, investigadores del Cuerpo T¨¦cnico de Investigaci¨®n (CTI) de la Fiscal¨ªa, le advirtieron que Francisco Javier Mart¨ªnez, funcionario de esa misma instituci¨®n en Buenaventura, Valle del Cauca, colaboraba activamente con capos de la mafia para exportar contrabando y droga. Gonz¨¢lez y Bola?os manifiestan que, en vez de suministrarles protecci¨®n y apoyo, Mancera reaccion¨® con retaliaciones: fueron enviados a regiones lejanas y les abrieron un proceso penal por falsedad en documento p¨²blico. Denunciaron y no fueron auxiliados, pese a que sus hallazgos fueron la base para que Mart¨ªnez fuera capturado el pasado 22 de febrero.

La decisi¨®n de ambos de dar un paso al frente y delatar a su compa?ero termin¨® tray¨¦ndoles consecuencias adversas. Algo similar le sucedi¨® a Ellsberg, quien tuvo que enfrentar un juicio en su contra ¡ªque gan¨®¡ª y soportar se?alamientos p¨²blicos de algunos sectores que consideraban la filtraci¨®n de documentos como una traici¨®n. Para evitar consecuencias desfavorables para los whistleblowers e incentivar a m¨¢s personas a denunciar abusos de poder o hechos de corrupci¨®n, distintas jurisdicciones han creado leyes que les protegen.

La Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE) desde 2019 le ha recomendado a Colombia que adopte una ¡°urgente legislaci¨®n que proporcione protecciones claras e integrales de represalias a denunciantes en los sectores p¨²blico y privado¡±. El organismo de cooperaci¨®n, en varios de sus informes, rese?¨® lo acontecido con Jorge Enrique Pizano, auditor del megaproyecto de infraestructura Ruta del Sol II, quien falleci¨® en noviembre de 2019 bajo extra?as circunstancias ¡ªlas autoridades indican que muri¨® por causas naturales, su familia sostiene que se trat¨® de un homicidio¡ª despu¨¦s de denunciar que los dineros de la obra estaban siendo malversados.

Los llamados para crear esa legislaci¨®n han sido en vano. Andr¨¦s Hern¨¢ndez, director de Transparencia por Colombia, atribuye la demora a la falta de voluntad pol¨ªtica. ¡°El Congreso no ha querido dar un debate serio sobre este tema. La C¨¢mara de Representantes ha recibido proyectos de ley, y no han visto ni siquiera el primer debate. Es evidente que si lo que quiero atacar es la corrupci¨®n, deber¨ªa proteger a quien la denuncia¡±, cuestiona. Una de las iniciativas de las que hace menci¨®n es la que present¨® la Administraci¨®n de Iv¨¢n Duque con el nombre ¡°ley Pedro Pascasio Mart¨ªnez¡±, en honor al soldado preadolescente del ej¨¦rcito libertador que no sucumbi¨® ante los intentos de soborno de un comandante espa?ol y prefiri¨® entregarlo a sus superiores. El proyecto, que estuvo lejos de lograr la aprobaci¨®n, propon¨ªa recompensas para los denunciantes de hechos de corrupci¨®n.

Para el exministro Fernando Cepeda es clave que los denunciantes reciban alg¨²n tipo de retribuci¨®n. ¡°Todo lo que rodea el whistleblowing tiene tres elementos fundamentales: la denuncia, el denunciante y la recompensa. Si no hay una recompensa significativa, no vale la pena pedirle a alguien que se someta a semejante esfuerzo. En Estados Unidos hay ejemplos de recompensas que han llegado a cientos de millones de d¨®lares. La ¨²nica forma de que en Colombia funcione es que se entreguen recompensas que oscilen entre el 10% y 30% de lo que se evita que se robe¡±, asegur¨®. La norma a la que se refiere es la Ley de Reforma de Wall Street y Protecci¨®n al Consumidor Dodd-Frank, aprobada en 2010.

Adem¨¢s de Estados Unidos, otros 12 pa¨ªses miembros de la OCDE tienen reglas de la protecci¨®n de los whistleblowers. La mayor¨ªa incluyen incentivos y premios, as¨ª como cap¨ªtulos que obligan al sector privado a implementar medidas para facilitar las denuncias al interior de sus corporaciones. El abogado penalista Juan Camilo Mu?et¨®n les ve utilidad. Insiste en que si bien cada compa?¨ªa deber¨ªa llevar a cabo pr¨¢cticas de este estilo, la legislaci¨®n puede resultar ¨²til. ¡°La estrategia va m¨¢s all¨¢ de perseguir la comisi¨®n de delitos, tambi¨¦n permite identificar comportamientos corruptos que no necesariamente son un crimen¡±, afirma con respecto a malas pr¨¢cticas internas.

Actualmente cursa en el Congreso una iniciativa para proteger a los denunciantes de hechos de corrupci¨®n. El proyecto, que fue presentado por la bancada oficialista y el Ministerio de Justicia en memoria de Jorge Enrique Pizano, a¨²n no ha sido debatido. Cuenta ¡°con un buen ambiente¡±, asevera el representante David Racero. ¡°Nuestro proyecto de ley busca establecer mecanismos para garantizar la protecci¨®n de los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal del denunciante y de su n¨²cleo familiar¡±, public¨® en su cuenta de X.

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