Interceptaciones de ambulancias y asesinatos de personal m¨¦dico: la violencia que asedia a los equipos de salud

Los ataques al personal m¨¦dico son una de las mayores violaciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, como lo exponen cifras y casos recientes. El pasado 16 de abril hombres armados detuvieron una ambulancia que transitaba, junto a otros veh¨ªculos, por la v¨ªa que comunica a la poblaci¨®n rural de La Uni¨®n Peneya con el municipio de La Monta?ita, en el departamento de Caquet¨¢. Los subversivos obligaron a los ocupantes a descender y pegaron panfletos alusivos al Frente Rodrigo Cadete en las puertas del veh¨ªculo, que transportaba muestras de laboratorio al hospital departamental Mar¨ªa Inmaculada de Florencia. ¡°Te invitamos a unirte a nuestras filas guerrilleras¡±, dec¨ªan los afiches de esa estructura, que es parte de las disidencias de las antiguas FARC agrupadas en el Estado Mayor Central (EMC).

Ese d¨ªa el veh¨ªculo no llevaba a ninguno de los pacientes que con frecuencia requieren traslados desde zonas de dif¨ªcil acceso para recibir atenci¨®n m¨¦dica de mayor complejidad. Sin embargo, la gerente del centro hospitalario, Cindy Tatiana Vargas, advierte que lo ocurrido golpea la prestaci¨®n de los servicios. ¡°Afecta bastante porque atemoriza al personal de salud que va hasta las zonas veredales. Hace a?os que no se ve¨ªan este tipo de situaciones, ni agresiones a la misi¨®n m¨¦dica y esto hace m¨¢s dif¨ªcil que el personal quiera o pueda desplazarse¡±, explica en conversaci¨®n con EL PA?S.

La Uni¨®n Peneya conoce bien los sufrimientos del conflicto. Hace 20 a?os, cerca de 3.000 habitantes tuvieron que abandonar sus casas y sus tierras por enfrentamientos entre grupos armados que se disputaban el negocio de la coca. Desafiando las cicatrices del desplazamiento, los pobladores retornaron en el a?o 2007. Dos a?os despu¨¦s, la comunidad recibi¨® el Premio Nacional de Paz por la resiliencia que signific¨® la haza?a del retorno.

Pero los fantasmas de la guerra siguen apareciendo. Esta vez con la interceptaci¨®n de la ambulancia, un hecho que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, calific¨® como una clara violaci¨®n al DIH. ¡°Esta agresi¨®n contraviene gravemente las normas rectoras del derecho internacional humanitario, que establece una protecci¨®n especial para las personas y los bienes civiles, como tambi¨¦n para quienes realizan misiones humanitarias y m¨¦dicas en favor de la poblaci¨®n civil¡±, afirm¨® el funcionario.

Dos d¨ªas despu¨¦s de la retenci¨®n de la ambulancia, a unos 900 kil¨®metros de ese lugar, un hombre irrumpi¨® en un consultorio particular del edificio de la Cl¨ªnica Medell¨ªn, en el exclusivo barrio El Poblado de la capital de Antioquia. El sujeto, identificado como Jhon Ferney Cano, asesin¨® a disparos al m¨¦dico ur¨®logo Juan Guillermo Aristiz¨¢bal, de 58 a?os, e hiri¨® a su asistente. Luego se atrincher¨® en un consultorio al que le prendi¨® fuego. Cuando la Polic¨ªa logr¨® ingresar a la fuerza, estaba muerto, con el arma al lado.

El Ministerio de Salud y Protecci¨®n Social inst¨® a las autoridades a actuar para que cr¨ªmenes como el del m¨¦dico Aristiz¨¢bal no se repitan, ni queden en la impunidad. ¡°El personal sanitario desempe?a un papel crucial en la protecci¨®n y preservaci¨®n de la vida de las personas, y es inaceptable que sean objeto de violencia y ataques en el ejercicio de su noble labor (¡­) es imperativo que se implementen medidas efectivas para garantizar su protecci¨®n y seguridad en Medell¨ªn y en todo el pa¨ªs¡±, destac¨® la entidad en un comunicado.

Seg¨²n datos del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja (CICR), el 2023 fue uno de los periodos con m¨¢s ataques violentos contra los equipos de salud en Colombia, en los ¨²ltimos seis a?os, con 511 casos, cinco veces m¨¢s de los reportados en 2018. El 27% de ellos estuvo relacionado con el conflicto armado. Los restantes fueron agresiones de distintos actores, incluidos pacientes, contra el talento humano, ambulancias o instituciones. La mayor¨ªa fueron contra la vida y la integridad del personal sanitario e impactaron a auxiliares, m¨¦dicos, profesionales de enfermer¨ªa, psicolog¨ªa, odontolog¨ªa, conductores de ambulancias y equipos de salud p¨²blica, quienes sufrieron las consecuencias f¨ªsicas y emocionales, se?ala el informe del CICR.

La intensidad de la violencia se refleja en el asesinato de nueve personas el a?o pasado. Cinco de ellas eran sanadores tradicionales de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. ¡°Dicha p¨¦rdida no solo despoja a las comunidades ind¨ªgenas, afrodescendientes y campesinas de los conocimientos ancestrales de quienes les cuidan desde una perspectiva cultural, sino que adem¨¢s pone en riesgo la supervivencia de las poblaciones que ya no cuentan con la primera respuesta que, en ocasiones, es la ¨²nica asistencia de salud disponible en sus territorios¡±, alerta el documento de la organizaci¨®n humanitaria.

Profesionales y trabajadores de la salud no solo soportan el estr¨¦s de turnos que parecen interminables. Muchos lo hacen en condiciones precarias y bajo la zozobra en zonas con presencia de grupos armados. La primera experiencia laboral de Alejandra*, una m¨¦dica de 27 a?os que prest¨® el servicio social obligatorio en Barranca de Up¨ªa (Meta), estuvo marcada por una noche de violencia. El puesto de salud en el que hac¨ªa el rural se convirti¨® en escenario de una asonada cuando una turba de agresores lleg¨® a asesinar a un herido que recib¨ªa atenci¨®n en urgencias. M¨¦dicos y enfermeras tuvieron que esconderse para proteger su vida en medio de gritos y destrozos materiales.

¡°Inicialmente el ataque no iba dirigido a la misi¨®n m¨¦dica, pero se sali¨® de control y quer¨ªan atacarnos. Nuestro delito fue tratar de salvaguardar la vida del paciente¡±, cuenta la joven. Despu¨¦s de una noche de p¨¢nico a la que sobrevivieron, ella y su compa?ero de turno empezaron a recibir amenazas, acus¨¢ndolos de auxiliar a un supuesto paramilitar. ¡°Parte de mi terapia fue darme cuenta de que yo no he sido ni la primera persona, ni la ¨²ltima, por desgracia, a la que le ha pasado algo as¨ª. El impacto fue muy negativo. Sentimos que el Estado nos abandon¨®¡±, lamenta.

Las intimidaciones le impidieron terminar el servicio social, un requisito para obtener su tarjeta profesional y buscar un empleo que le permitiera pagar las deudas de sus estudios. Solo despu¨¦s de varios intentos, la exoneraron del requerimiento. ¡°Nos revictimizaban cada d¨ªa, y eso nos gener¨® estr¨¦s y ansiedad. Continuamos en control de psiquiatr¨ªa y es por todo lo que tuvimos que vivir durante y despu¨¦s del ataque¡±, relata. De acuerdo con el CICR, el 86% de profesionales que participan en su programa de salud mental para personal de salud v¨ªctima de la violencia presenta niveles preocupantes de sufrimiento psicol¨®gico, s¨ªntomas de ansiedad, dificultades cognitivas e irritabilidad, ¡°adem¨¢s del sufrimiento individual que supone una limitaci¨®n en su capacidad para cuidar a los dem¨¢s¡±.

La Mesa Nacional de Misi¨®n M¨¦dica, una instancia liderada por el Ministerio de Salud y Protecci¨®n Social, ha enfatizado que cualquier acto violento contra el personal m¨¦dico, independientemente de la causa o de qui¨¦n lo cometa, da?a a quienes est¨¢n consagrados a cuidar de otras personas y deja sin asistencia a los usuarios y comunidades cuya salud depende de los profesionales agredidos.

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