La violencia en Colombia golpea a las autoridades locales

La violencia que ha dejado cientos de l¨ªderes sociales asesinados en los ¨²ltimos a?os ahora se ensa?a con las autoridades locales. El asesinato de Elmer Abon¨ªa, alcalde de Guachen¨¦ (Cauca), marc¨® el inicio de una oleada. Ocurri¨® una semana antes de finalizar su mandato, a fines de diciembre. Pocos d¨ªas despu¨¦s, la noche de a?o nuevo, un atentado acab¨® con la vida de Eliecid ?vila, concejal de Tulu¨¢, en el vecino Valle del Cauca. Al igual que ellos, en diferentes zonas del pa¨ªs, desde alcaldes hasta personeros son blanco de ataques. Ejemplo reciente de ello fue el secuestro de 18 d¨ªas a Jefferson El¨ªas Murillo, delegado de la Registradur¨ªa en Choc¨®. O el ataque al esquema del alcalde de en Tumaco (Nari?o), F¨¦lix Henao Casanova, el 7 de enero.

Esa seguidilla de cr¨ªmenes han puesto en alerta a funcionarios p¨²blicos de todo el pa¨ªs. Un temor del que se han hecho eco la Procuradur¨ªa, las personer¨ªas locales ¨D36 personeros municipales ya han sido intimidados¨D y la Defensor¨ªa, entidades encargadas de velar por los derechos humanos, que le han pedido medidas urgentes de control al Gobierno. ¡°Acallar las voces de los l¨ªderes sociales y querer privar de sus funciones a quienes sirven desde la Administraci¨®n municipal, como conductas criminales que atentan contra los derechos humanos, derivan en un impacto negativo para la construcci¨®n del tejido social¡±, sostuvo en un comunicado sobre la situaci¨®n en Tumaco el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Tras el asesinato en Guachen¨¦, la Federaci¨®n Colombiana de Municipios revel¨® que desde el 2011 no se presentaba el asesinato de un alcalde en pleno ejercicio y a manos de un grupo ilegal. ¡°Nos urge que la paz total, que tanto ha anunciado el Gobierno, sea una realidad en todas las regiones del pa¨ªs y hechos como el ocurrido el d¨ªa de hoy donde perdi¨® la vida el doctor Abon¨ªa Rodr¨ªguez y uno de sus escoltas fue herido no se repitan. Ser funcionario p¨²blico no debe ser una profesi¨®n de riesgo¡±, manifest¨® Gilberto Toro Giraldo, el director ejecutivo del gremio de peque?os municipios.

El coordinador de la l¨ªnea de democracia de la fundaci¨®n PARES, Alejandro Alvarado, respalda esa preocupaci¨®n, pues sus investigaciones evidencian un aumento en los hechos de violencia pol¨ªtica. ¡°Nuestro quinto informe sobre violencia electoral mostr¨® que, mes a mes ven¨ªan, aumentando los ataques contra candidatos¡±, cuenta v¨ªa telef¨®nica. ¡°Y ya van 12 alcaldes, reci¨¦n posesionados, que han tenido que salir de sus municipios por distintos tipos de amenazas, que ahora tambi¨¦n reciben funcionarios como los personeros. Esto tiene que ver con la actividad de ese tipo de cargos, relacionados con la protecci¨®n de los derechos humanos y de las comunidades¡±, a?ade.

La misma Defensor¨ªa lleva meses advirtiendo del dif¨ªcil contexto que enfrentan los servidores p¨²blicos en las regiones, antes de que el asesinato del mandatario caucano marcara un nuevo pico. En junio del a?o pasado, esa entidad revelaba que 12 alcaldes de siete departamentos cumpl¨ªan su mandato fuera de sus municipios, amedrentados por grupos margen de la ley. En el mismo informe en el que revel¨® esos datos, se informaba del desplazamiento de otros funcionarios locales, entre concejales, personeros municipales, corregidores y presidentes de Juntas de Acci¨®n Comunal, en 12 de los 32 departamentos de Colombia.

Los ataques a los servidores p¨²blicos han ido creciendo, como el conflicto en general. Abon¨ªa sufri¨® el robo de algunas de las armas y camionetas que conformaban su esquema de protecci¨®n un a?o antes de ser asesinado, un preludio al ataque. Y las elecciones regionales de octubre pasado se dieron en medio de esa violencia en algunas zonas como Cartagena del Chair¨¢, en Caquet¨¢, donde los candidatos hicieron campa?a en medio de amenazas y con Edilberto Molina, su alcalde de entonces, despachando desde un municipio vecino.

Ahora, los nuevos mandatarios enfrentan el mismo problema. El reci¨¦n posesionado alcalde de Tulu¨¢, Gustavo V¨¦lez, ha asegurado en varios medios de comunicaci¨®n que ha recibido amenazas. Incluso, sali¨® electo pese a que hizo campa?a desde su casa debido a los constantes atentados y mensajes de La Oficina, la banda ilegal que delinque en la ciudad de 218.812 habitantes a su cargo.

Tal panorama ha tensionado las relaciones de la Administraci¨®n de Gustavo Petro con algunas autoridades locales, por cuenta de su ambiciosa pol¨ªtica de paz total. Ejemplo de ello son las declaraciones de Molina que hizo durante su mandato en Cartagena del Chair¨¢. Las intimidaciones en su contra proven¨ªan de las disidencias de las extintas FARC reunidas bajo el Estado Mayor Central, con las que el Gobierno ha iniciado di¨¢logos de paz. ¡°Gracias a los beneficios de cese al fuego e inicios de proceso de paz con estas disidencias, les ha permitido crecer econ¨®mica y militarmente¡±, expres¨®. En un sentido similar se situ¨® el alcalde de Tulu¨¢, que ha reclamado m¨¢s protecci¨®n y coordinaci¨®n. ¡°Yo necesito el apoyo del Gobierno Nacional. Yo le pido que nos acompa?e. Hasta hoy no hemos tenido ning¨²n tipo de conversaci¨®n con el Gobierno Nacional, solo a nivel departamental¡±, expres¨® en una entrevista en la emisora Blu Radio.

Ese asedio a los funcionarios tiene un eco muy grande en las poblaciones, ya apaleadas por la violencia, que sienten que el Estado no puede proteger ni a sus servidores m¨¢s visibles. ¡°Es terror¨ªfico lo que pasa en el Cauca; el asesinato del alcalde de Guachen¨¦ es prueba de lo que esta sociedad grita desde el desespero. Si un funcionario p¨²blico no tiene garant¨ªas, imag¨ªnense el resto de ciudadan¨ªa¡±, sentencia Edwin Capaz, un l¨ªder ind¨ªgena del Cauca. Alvarado, el investigador de PARES, detalla que detr¨¢s del aumento en hechos violentos contra servidores p¨²blicos est¨¢ el fortalecimiento de los actores armados. ¡°Son estructuras mucho m¨¢s determinadas a usar la violencia, digamos tambi¨¦n por la degradaci¨®n misma de estos grupos¡±, detalla.

Hasta el momento, el Gobierno no ha creado una estrategia de protecci¨®n particular para los servidores p¨²blicos. La encargada de evaluar el riesgo y brindarles protecci¨®n es la Unidad Nacional de Protecci¨®n (UNP), como ocurre con la poblaci¨®n en general. Para el investigador, es clave que el Gobierno mejore muy pronto ese mecanismo. En m¨²ltiples ocasiones, funcionarios le han reclamado a esa entidad la disminuci¨®n de sus esquemas, la demora en la asignaci¨®n o el mal estado de los autom¨®viles. As¨ª lo hizo Ivonne Giraldo, concejal Jamund¨ª (Valle del Cauca), que fue intimidada durante campa?a y, luego de ser electa, cuando el hostigamiento continuaba, segu¨ªa sin protecci¨®n. ¡°Pido especialmente a la UNP que atienda esta alerta y me brinde la protecci¨®n que garantice mi seguridad y la de mi familia; no podemos normalizar estos actos contra l¨ªderes sociales y representantes, quienes, por el contrario, debemos sentir la confianza y protecci¨®n del Estado para el ejercicio de nuestras funciones¡±, clam¨® la concejal, a quien los grupos armados le han exigido abandonar su curul.

Alvarado considera que dedicar esfuerzos en reforzar esas medidas, mientras pol¨ªticas de m¨¢s largo aliento como la paz total dan resultados, resulta urgente y crucial para evitar que el pa¨ªs regrese dos d¨¦cadas atr¨¢s, a sus peores ¨¦pocas de violencia pol¨ªtica. ¡°No podemos repetir errores del pasado, no nos pueden matar a un alcalde, un concejal, un personero. Hay que protegerlos, sin diferenciar su origen pol¨ªtico¡±, sentencia.

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