¡°En la l¨®gica del narco, las mujeres en el negocio son f¨¢cilmente reemplazables¡±

Delcy Arboleda siempre so?¨® con bailar un currulao junto a su mam¨¢ cuando cumpliera 15 a?os. El d¨ªa lleg¨®, el pasado 24 de junio, pero sin m¨²sica ni fiesta. Su madre, Ilsy Johana Arboleda (Tumaco, 35 a?os), paga una condena de 55 meses de prisi¨®n en Estados Unidos por el delito de conspiraci¨®n asociado al tr¨¢fico de drogas. En la celebraci¨®n que le hizo su familia arreglaron un puesto en la mesa para Ilsy. Es el mismo asiento que est¨¢ vac¨ªo desde hace dos a?os, cuando fue capturada ¡ª seg¨²n su abogada Roc¨ªo Qui?onez, ¡°por haber sido pareja de una persona que se involucr¨® en el negocio del narcotr¨¢fico¡±.

La casa en la que esperan a la mujer es un palafito de madera, casi a borde del mar. Queda en el pueblo de Bocas de Curay del municipio Francisco Pizarro, en la costa pac¨ªfica colombiana. El poblado de poco m¨¢s de 7.000 habitantes se conecta con Tumaco, el puerto nari?ense, luego de tres horas en lancha r¨¢pida, o cinco en canoa. Queda frente a la ciudad, al otro lado de una amplia bah¨ªa. Pizarro aparece en los titulares de prensa por ser uno de los municipios en los que la alcaldesa debe despachar desde fuera, para preservar su vida, o por ser el pueblo en el que la gente, a modo de protesta, no acudi¨® a las urnas a elegir presidente en 2022 por el abandono al que los ha sometido el Estado.

En el expediente, que lleg¨® hasta la Corte Suprema de Justicia por su pedido de extradici¨®n, Ilsy Arboleda es se?alada de ser la pareja de un hombre involucrado en el tr¨¢fico de drogas. La justicia estadounidense tambi¨¦n se?ala que, en interceptaciones legales a su tel¨¦fono, encontraron que ella cumpl¨ªa un rol log¨ªstico en una organizaci¨®n criminal, organizando barcos con cargamentos, seg¨²n dice el documento. Su madre, ?ngela, defiende la inocencia de su hija. Sostiene que ¡°estas son las horas, los minutos y los segundos, que nosotros no nos damos cuenta por qu¨¦ est¨¢ pagando una c¨¢rcel¡±.

Ilsy Johana fue capturada el 22 de agosto de 2022 en Tumaco, en medio de una redada que hicieron en pleno centro de la ciudad. ¡°Ella iba pasando y vio que estaban deteniendo a un conocido, entonces se acerc¨® a preguntar qu¨¦ pasaba y los oficiales le pidieron la c¨¦dula. Cuando la entreg¨®, le dijeron que ten¨ªa un pedido de extradici¨®n desde 2020¡å, se?ala su defensora. La noticia lleg¨® a su casa materna cuando ya estaba siendo trasladada hacia una estaci¨®n de polic¨ªa, a la espera de una orden que la llevara hacia Bogot¨¢, mientras se tramitaba su extradici¨®n. Las fechas coinciden con el tiempo en que sostuvo una relaci¨®n con un hombre al que tambi¨¦n llevaron preso por delitos asociados al narcotr¨¢fico.

Los documentos del proceso indican que algunos de los testigos que entregaron informaci¨®n para su captura ¡°le identificaron la voz como la esposa o novia de¡±. Sin embargo, de esa informaci¨®n no hab¨ªa ni rastro en Colombia, donde Ilsy no ten¨ªa ning¨²n pendiente con la justicia. Ese fue el argumento central de su abogada. ¡°Las mujeres, en estos contextos rurales, pueden terminar judicializadas por ser parejas, madres o hijas de alguien involucrado en la cadena del narcotr¨¢fico, sin que eso compruebe su responsabilidad en la comisi¨®n de alg¨²n delito¡±, explica.

Lo advierte convencida de que, en un pa¨ªs donde la mayor¨ªa de mujeres cumplen roles de cuidado, las din¨¢micas criminales las terminan impactando, en muchas ocasiones, injustamente. ¡°A las mujeres se les suele usar en la cadena del narcotr¨¢fico para los roles que son f¨¢cilmente sustituibles¡±. Se refiere a que son frecuentemente las que venden la droga por menudeo, los ¡°correos humanos¡±, las que transportan los estupefacientes y, en muchos casos, las que exponen como anzuelos en alg¨²n negocio il¨ªcito. Y remata diciendo que Colombia es un pa¨ªs ¡°de pocas Griseldas¡±, para referirse a la poderosa narcotraficante colombiana a quien han llegado a comparar con Pablo Escobar.

La ¨²nica caracterizaci¨®n que ha hecho el Ministerio de Justicia sobre las mujeres judicializadas por delitos asociados a las drogas fue en 2019. Ese a?o, determinaron que el 53,4 % de las mujeres involucradas en procesos hab¨ªan tenido, por lo menos, un familiar condenado por alg¨²n delito de narcotr¨¢fico. ¡°Los principales eran sus parejas (38 %) o sus hermanos (20 %)¡±, dice el documento. A eso se refiere Isabel Pereira, de la organizaci¨®n Dejusticia, cuando advierte que cinco de cada diez mujeres que est¨¢n en prisi¨®n en Colombia, lo est¨¢n por delitos asociados a las drogas il¨ªcitas. Recuerda, adem¨¢s, que la mayor¨ªa son madre cabeza de familia o deben hacerse cargo de su n¨²cleo familiar, a¨²n cuando est¨¢n tras las rejas. ¡°En la l¨®gica del narco, las mujeres en el negocio son f¨¢cilmente reemplazables¡±, recalca.

Ilsy refleja a esa mayor¨ªa. Desde la c¨¢rcel en Miami (Florida), en donde paga su condena, trenza los cabellos de otras mujeres para ganarse algunos centavos de d¨®lar que le permitan comunicarse con su hija al menos cinco minutos a la semana. En Bocas de Curay esperan esa llamada. Dejan el tel¨¦fono sobre la ¨²nica superficie de la casa en la que entra se?al, una esquina entre la cocina y una de las habitaciones. ¡°Cuando ella me llama dice que se siente culpable de que yo le est¨¦ cuidando la hija¡±, se?ala su madre, ?ngela.

La se?ora cuenta que la habilidad de su hija con los peinados ha sido su moneda de transacci¨®n. ¡°Ofrece los peinados a cambio de que le paguen con un minuto para llamar a Colombia o de un plato de sopa¡±. Casi siempre elige a su familia. Desde su casa, Delcy (15 a?os) tambi¨¦n aprende a ganarse la vida con el cabello. Intercambia trenzas con sus amigas en el colegio, con la certeza de que, como le ha ense?ado su abuela, los dibujos que dejan en las cabezas son mapas hacia la libertad. ¡°Lo primero que voy a hacer cuando mi mam¨¢ salga de la c¨¢rcel es pedirle que me haga trenzas para ir al colegio¡±, cuenta, y sonr¨ªe t¨ªmidamente.

En los procesos judiciales de mujeres por delitos asociados al narcotr¨¢fico hay varias caracter¨ªsticas. Luz Piedad Caicedo, de la Corporaci¨®n Humanas, explica que, adem¨¢s de la sanci¨®n penal, deben enfrentar a la sanci¨®n social y moral que recae sobre ellas. ¡°Hemos identificado que es reiterado que, por ejemplo, los jueces les reprochen supuestamente no haber pensado en sus hijos o hijas antes de cometer alg¨²n delito¡±. Y explica que, aunque muchos de los hombres en prisi¨®n tambi¨¦n son padres, ¡°a ellos jam¨¢s les preguntan si pensaron en su familia. La sociedad no los responsabiliza de la misma forma¡±.

Caicedo se?ala que, con frecuencia, en estos casos las mujeres terminan aceptando los cargos por miedo, as¨ª puedan demostrar su inocencia. Entre otras cosas, porque la mayor¨ªa termina representada por abogados de oficio asignados por la Defensor¨ªa del Pueblo. ¡°Una mujer de estas siempre llega a donde un juez pensando, antes que nada, en qui¨¦n se va a quedar con sus hijos, porque las labores del cuidado son dif¨ªcilmente reemplazables. Lo primero que hace su defensor es decirle que acepte cargos para rebajar su pena¡±. Sin embargo, explica que, si fueran a juicio, ¡°el Estado dif¨ªcilmente tendr¨ªa c¨®mo comprobar su responsabilidad¡±.

Pensando justamente en las madres cabeza de familia encarceladas, el Gobierno de Petro ha sacado adelante la llamada Ley de Utilidad P¨²blica (2292 de 2023), que les brinda alternativas para resarcir su pena fuera de las rejas. Por ejemplo, pueden trabajar en entidades del Estado por tiempos determinados, y estar cerca de sus hijos. Un informe del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja y la Universidad Javeriana de Bogot¨¢, que fue el insumo principal para la construcci¨®n de esta ley, encontr¨® que la mayor¨ªa de mujeres en condiciones sociales vulnerables y madres cabeza de hogar, est¨¢n pagando penas por delitos asociados a drogas. Lo confirma Claudia Cardona, de Mujeres Libres, una organizaci¨®n social que vela por los derechos de las mujeres en las c¨¢rceles. ¡°De las 64 mujeres que hasta ahora han recibido decisiones favorables gracias a la ley, 47 estaban por delitos de estupefacientes¡±, cuenta a EL PA?S. Es el 73 % de las beneficiarias.

Roc¨ªo Qui?¨®nez, la defensora de Ilsy, conoce la Ley. Pero advierte que en Colombia, en un pa¨ªs que vive los coletazos del narcotr¨¢fico, la justicia no discrimina sobre la responsabilidad de una persona juzgada por esos delitos; es decir, que la severidad de las penas es la misma a¨²n teniendo grados de responsabilidad distintos. Se refiere al caso, al borde de la Playa del Morro, en Tumaco, cuando a su celular entra una llamada internacional. Desde el otro lado, Ilsy le cuenta que, por su buena conducta y por un costurero que ha liderado en la c¨¢rcel de Miami, le han reducido su pena. ¡°Sale este a?o o a comienzos del pr¨®ximo¡±, dice Roc¨ªo en voz alta. Son los ¨²nicos cinco o diez minutos que tiene, quiz¨¢ por el resto del mes, para escucharla hablar desde la prisi¨®n.

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* Este reportaje fue producido gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas de la Fundaci¨®n Gabo.

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