Una serie de asesinatos de ni?os reabre el debate sobre la cadena perpetua en Colombia

Un nuevo caso de violencia infantil estremeci¨® a Colombia esta semana. Alexis Delgado, un ni?o de apenas dos a?os, fue hallado muerto y enterrado en una finca del municipio de San Cayetano, en el c¨¦ntrico departamento de Cundinamarca. El cuerpo ten¨ªa signos de estrangulamiento y de violencia sexual. Este jueves en la noche las autoridades se?alaron como responsable a su t¨ªo, quien fue arrestado y ser¨¢ investigado por homicidio, tortura y acceso carnal violento. Una semana antes fue capturado Brayan Campo por el homicidio de Sof¨ªa Delgado, una ni?a de 12 a?os, que fue hab¨ªa desaparecido a finales de septiembre en el Valle del Cauca. Los cr¨ªmenes han conmovido al pa¨ªs, han indignado a miles y han provocado que se reabra el viejo debate de c¨®mo castigar apropiadamente a los violadores y asesinos de ni?os.

Varios pol¨ªticos, en su mayor¨ªa de la derecha ideol¨®gica, han salido en tromba a reclamar la cadena perpetua, una pena que la Constituci¨®n proh¨ªbe. Una de las primeras en pedir tal castigo para Campo, el asesino confeso de Sof¨ªa, fue la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. ¡°Debemos pensar en establecer la cadena perpetua para los monstruos que asesinan ni?os¡±, dijo en X la pol¨ªtica del centroderechista Partido de la U. Lo hizo justo el d¨ªa en el que se hall¨® el cuerpo de Sof¨ªa Delgado. Tres d¨ªas despu¨¦s, detall¨® por el mismo medio su propuesta: ¡°Una campa?a ciudadana para pedir al Congreso una ley para que castigue de por vida a quienes violen, maltraten o maten a un ni?o¡±. Se trata de una iniciativa ya conocida en el pa¨ªs: en 2010, la pol¨ªtica Gilma Jim¨¦nez impuls¨® un refer¨¦ndum con la misma motivaci¨®n. Aunque aquel proyecto fracas¨®, las voces que lo alientan siguen vigentes.

Una treintena de congresistas de distintas agrupaciones pol¨ªticas, seg¨²n un conteo de El Espectador, apoyan revivir esa misma idea o la de la castraci¨®n qu¨ªmica a los violadores. Entre los legisladores que m¨¢s figuran est¨¢ la congresista Erika Tatiana S¨¢nchez, presidenta de la Comisi¨®n Infancia y Adolescencia de la C¨¢mara. La representante santandereana incluso pidi¨® analizar las opciones jur¨ªdicas para alcanzar el ¡°ideal¡± de ¡°castigar con la vida y con la pena de muerte¡± a los asesinos de menores. Esta visi¨®n la respaldan congresistas de formaciones tradicionales, como Juli¨¢n Peinado, del Partido Liberal, que sostiene que para estos criminales no puede haber resocializaci¨®n.

Los ni?os enfrentan una grave ola de violencia en Colombia. Entre enero y agosto, 375 fueron v¨ªctimas de homicidio, seg¨²n Medicina Legal. La cifra, ligeramente menor que en el mismo periodo de 2023 (393), mantiene en alerta a las autoridades, especialmente en el Valle del Cauca, departamento que lidera la lista de casos, con 86; seguido de Atl¨¢ntico, con 32; y Antioquia, con 31. Los abusos sexuales siguen elevados. Durante los primeros ocho meses del a?o, se realizaron 11.871 ex¨¢menes m¨¦dicos a menores por presunto abuso sexual.

Una medida inconstitucional

El planteamiento que defiende la cadena perpetua presenta un gran escollo: la Corte Constitucional ha dicho que no es v¨¢lida. En 2021, declar¨® inexequible una reforma constitucional del a?o anterior que modificaba el art¨ªculo 34 de la Constituci¨®n ¡ª¡°Se proh¨ªben las penas de destierro, prisi¨®n perpetua y confiscaci¨®n¡±¡ª para permitir las condenas de por vida a este tipo de criminales. Seg¨²n el alto tribunal, la norma, apoyada por el entonces presidente Iv¨¢n Duque, violaba el principio de la dignidad humana, que es la base del Estado Social y Democr¨¢tico de Derecho.

Al a?o siguiente, los jueces encontraron que una ley que modificaba el C¨®digo Penal para crear una sanci¨®n de condena perpetua revisable era contraria a la Constituci¨®n. Aquella normativa consist¨ªa en la posibilidad de imponer una condena vitalicia con la obligaci¨®n de que la justicia la revisara al cabo de 25 a?os para establecer si el responsable se hab¨ªa resocializado y, en tal caso, permitirle la libertad.

¡°Lastimosamente, hay una gran divisi¨®n en el criterio pol¨ªtico y el criterio jur¨ªdico que lleva a que se reabran propuestas vetadas hace apenas tres a?os¡±, analiza en conversaci¨®n telef¨®nica el abogado penalista Juan Jos¨¦ Castro. Para el experto, este tipo de propuestas son un reflejo de ¡°populismo punitivo¡±. ¡°Detr¨¢s de todo esto est¨¢ la intenci¨®n de figurar para tratar de sacarle r¨¦ditos pol¨ªticos de situaciones tremendamente tristes¡±, a?ade.

La gobernadora del Valle reconoce las limitaciones jur¨ªdicas de su propuesta. ¡°Si no se puede imponer una cadena perpetua, que sea de 90 a?os, lo importante es que estas personas no salgan ni tengan principio de oportunidad¡±, indica a este diario por tel¨¦fono. Para Toro, ¡°si no hay sanciones fuertes, va a seguir el mismo problema¡±. La Corte Constitucional se pronunci¨® al respecto en 2023, cuando defini¨® que la pena m¨¢xima en el pa¨ªs pod¨ªa ser de 50 a?os, luego de que otra ley ¡ªde nuevo impulsada por Duque¡ª la subiera a 60 a?os. Para los jueces, ese lapso en la pr¨¢ctica equivale a una condena vitalicia y aumentarla violar¨ªa la dignidad humana.

Carlos Fernando Motoa, senador del partido de derecha Cambio Radical, concede que ¡°existe cierto populismo punitivo¡± en el Congreso. ¡°A los pocos minutos de que nos enteramos del caso de Sof¨ªa, ya varios [congresistas] salieron a proponer algo que ya vet¨® la Corte¡±, dice el pol¨ªtico vallecaucano, que vot¨® a favor de la cadena perpetua en 2020. Ahora, asegura, es pragm¨¢tico, pues sostiene que los legisladores deben buscar alternativas. ¡°El efecto disuasorio del aumento de penas no est¨¢ funcionando¡±, por lo que propone un punto medio: reabrir el debate de la castraci¨®n qu¨ªmica, una propuesta que ha rondado el Congreso por a?os.

Populista o no, para la senadora de la Alianza Verde, Ang¨¦lica Lozano, el renacer de este tipo de proyectos surge del hartazgo. ¡°Es comprensible que la gente pida la pena de muerte o prisi¨®n perpetua, especialmente porque estos cr¨ªmenes impactan a los m¨¢s vulnerables: los ni?os. Es el reflejo de la ira ante la injusticia, de la impotencia frente a la impunidad¡±, se?ala por mensaje de texto.

?Rebaja de penas?

Para todos los pol¨ªticos consultados, el mayor problema es la impunidad de los violadores y asesinos de ni?os. En el caso de Sof¨ªa Delgado, por ejemplo, su asesino hab¨ªa sido procesado por presuntamente abusar de una menor, pero estaba de nuevo en la calle por el vencimiento de t¨¦rminos en su detenci¨®n. Ante este panorama, la Fiscal¨ªa y la Corte Suprema de Justicia incorporaron en su propuesta de reforma judicial un art¨ªculo que permite la reducci¨®n de penas de los delitos contra menores si el acusado colabora con la justicia. Seg¨²n ambas instituciones, y con el respaldo del Ministerio de Justicia, los condenados cumplir¨¢n as¨ª su condena en totalidad y se limitar¨¢ la impunidad.

Como era de esperarse, este punto gener¨® un amplio rechazo a nivel social y pol¨ªtico. M¨¢s de 120 congresistas han firmado una proposici¨®n para eliminar el art¨ªculo de ra¨ªz. El senador Motoa propone buscar un consenso para permitir que la rebaja aplique ¨²nicamente a los acusados que permitan desmantelar una banda criminal contra menores. Lozano, por su parte, aprecia ¡°la intenci¨®n¡± del proyecto, pero cree que el mensaje que env¨ªa es errado.

Al otro extremo, para quienes la cadena perpetua es una de las soluciones de la violencia infantil, la reforma es ¡°indignante¡±, seg¨²n dijo el representante Peinado en un debate parlamentario. ¡°No hay ninguna forma de establecer a los ni?os y sus derechos como una moneda de cambio con los criminales¡±, deplor¨®. Para la gobernadora Toro, que sostiene que reducir las penas es algo que ¡°no puede pasar¡±, tambi¨¦n se debe trabajar en la prevenci¨®n de los delitos.

El penalista Castro se declara a favor de priorizar la prevenci¨®n sobre el castigo. ¡°Nos preocupamos solo cuando el ni?o ya est¨¢ muerto o la ni?a violada, ah¨ª se ve la mediocridad de los legisladores, porque no ponen el mismo empe?o en formular pol¨ªticas preventivas¡±, apunta, a la vez que justifica que no hay estudios que demuestren que un aumento de las penas tenga un factor disuasorio para que se cometan m¨¢s cr¨ªmenes. Una de las medidas que aprob¨® el a?o pasado el Congreso es la implementaci¨®n de la ¡®Alerta Rosa¡¯, una reproducci¨®n de la ¡®Alerta Amber¡¯ de Estados Unidos, la cual, notifica a todos los tel¨¦fonos celulares de una ciudad o un municipio cuando se denuncia la desaparici¨®n de un ni?o. La senadora Lozano, autora de la ley, pide que se implemente pronto. ¡°Es vital y urgente que ese decreto se expida ya¡±, exhorta.

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