La Corte Constitucional da v¨ªa libre a la controvertida ampliaci¨®n de la base naval en Gorgona

Hasta los pasillos del Congreso de la Rep¨²blica llegaron, esta semana, una veintena de manifestantes. Le piden al Gobierno Nacional frenar la ampliaci¨®n de la estaci¨®n naval de Gorgona, la isla m¨¢s biodiversa de Colombia y un parque natural en el Oc¨¦ano Pac¨ªfico. La propuesta estaba pausada mientras la Corte Constitucional estudiaba su viabilidad, esa corporaci¨®n ha dado luz verde para que comiencen las obras directamente, sin hacer una consulta previa a los pueblos afro de Guapi Abajo, en el litoral continental. Los pescadores se han opuesto al proyecto por considerar que pone en riesgo la conservaci¨®n de la fauna marina y su supervivencia como comunidades nativas.

El Parque Nacional Natural Gorgona abarca 61.687 hect¨¢reas que incluyen las islas Gorgona y Gorgonilla y una extensa ¨¢rea marina que alberga el arrecife m¨¢s grande del Pac¨ªfico colombiano. Es hogar de corales ¨²nicos y de diversas especies como tortugas marinas, delfines y ballenas jorobadas. El proyecto de ampliaci¨®n se gest¨® durante el mandato de Juan Manuel Santos y desde 2015 tiene una licencia ambiental, que fue entregada de manera expr¨¦s.

La Corte anul¨® una decisi¨®n del Tribunal Superior de Bogot¨¢, de abril pasado, que ordenaba suspender las obras, que consisten en ampliar las construcciones actuales y llevarlas a dos niveles, aumentar el muelle a 162 metros de largo y erigir una torre de 50 metros para instalar un radar. Ese ¨²ltimo, seg¨²n el proyecto presentado por la Armada Nacional, ser¨ªa utilizado para actividades de seguridad y monitoreo en las aguas m¨¢s transitadas por los narcotraficantes de la regi¨®n.

Anderson Betancourt, del comit¨¦ Salvemos Gorgona, advierte en di¨¢logo con este diario que ¡°es totalmente incoherente con sus discursos, que el presidente Gustavo Petro y la ministra Muhamad defiendan este atentado a la biodiversidad y a la soberan¨ªa nacional y seguiremos luchando hasta su cancelaci¨®n definitiva¡±. Se refiere tambi¨¦n a la petici¨®n que elevaron los pescadores, organizados en un consejo comunitario afro, hace m¨¢s de una d¨¦cada para que se cumpliera con la consulta previa, un requisito para los proyectos que intervengan a territorios con la presencia de los grupos ¨¦tnicos. ¡°Es evidente que si se va a construir y operar una infraestructura militar en un sitio que soporta el stock pesquero de la regi¨®n y del que depende la econom¨ªa tur¨ªstica de la zona, se van a afectar los medios de vida de las comunidades aleda?as¡±, se?ala Betancourt.

Para la Corte, el proyecto no afectar¨ªa el territorio de la comunidad afro de Guapi Abajo. ¡°Se trata de cuestionamientos generales de oposici¨®n al proyecto sustentados en su inconveniencia por razones medioambientales. N¨®tese que se trata de cuestionamientos abstractos, frente a los cuales no se hace una correlaci¨®n espec¨ªfica con alguna afectaci¨®n directa o espec¨ªfica a la comunidad¡±, se lee en la sentencia, que firman los togados Paola Meneses, Cristina Pardo y Jos¨¦ Fernando Reyes. Consideran que el proyecto ¡°no genera ninguna afectaci¨®n directa¡± al consejo comunitario y aseguran que podr¨¢n continuar desarrollando sus actividades en la isla. ¡°Al interior del ¨¢rea protegida est¨¢n restringidas las actividades de pesca, tanto industrial como artesanal¡±, precisan.

Desde el comit¨¦ Salvemos Gorgona, que articula a distintas oeneg¨¦s con el consejo comunitario, han seguido llamando la atenci¨®n del Gobierno para frenar el proyecto. Ya han confirmado que presentar¨¢n un incidente de nulidad contra la sentencia, la ¨²ltima salida jur¨ªdica. En la reciente Cumbre Mundial de Biodiversidad (COP16) de Cali, se manifestaron en el centro de la ciudad. En el evento, Betancourt advirti¨® que el proyecto ¡°atenta contra un ¨¢rea natural protegida, afect¨¢ndola irreversiblemente y viol¨® los derechos de las comunidades que han cuidado la zona en los ¨²ltimos 40 a?os¡±. Es una intervenci¨®n que en los ¨²ltimos meses se ha repetido en el Capitolio, la sede del Ministerio de Ambiente y las calles de varias ciudades.

El Gobierno Nacional ha defendido la iniciativa y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha dicho que se trata de una obra que tiene como prop¨®sito mejorar las condiciones de los uniformados de la Armada Nacional. Ha generado ruido es que, en 2015, el financiamiento de los casi 12 millones de d¨®lares que costaba la obra lo iba a aportar el Gobierno de Estados Unidos. Muhamad descart¨® esa posibilidad en febrero pasado. ¡°Ese dinero ahora ser¨¢ destinado a la transici¨®n energ¨¦tica de la zona, que es una de las mayores apuestas para implementar en Gorgona el uso de paneles solares y minimizar los riesgos de derramamiento de combustible utilizado para el transporte de lanchas¡±, dijo entonces.

Sin embargo, el Gobierno no est¨¢ unido en esa postura. Desde 2022, la vicepresidenta Francia M¨¢rquez ha expresado su preocupaci¨®n por las obras y ha liderado varias mesas t¨¦cnicas con l¨ªderes sociales, el Ministerio de Ambiente y Parques Naturales. ¡°Acompa?o la lucha de las comunidades. Primero el cuidado de la casa grande y segundo el desarrollo no puede hacerse a costa de la vida gente de la naturaleza y a costa del bienestar¡±, dijo en su momento. Alexandra V¨¢squez, representante a la C¨¢mara por el partido oficialista Colombia Humana, tambi¨¦n ha cuestionado las obras. ¡°Lamentable decisi¨®n de la Corte Constitucional de autorizar la construcci¨®n de un radar y la ampliaci¨®n de la estaci¨®n de guardacostas, proyectos que podr¨ªan impactar irreversiblemente su ecosistema y las comunidades locales¡±.