El 2024 cierra con peores registros de violencia de g¨¦nero que el a?o anterior
De acuerdo con la Defensor¨ªa del Pueblo, siguen en aumento los feminicidios o la trata
Para Catalina Leyva, de 24 a?os, la ilusi¨®n de un nuevo trabajo termin¨® en un feminicidio. El pasado 8 de diciembre desapareci¨® al asistir a una supuesta entrevista laboral. Pocas horas despu¨¦s, su cuerpo apareci¨® al sur de Bogot¨¢, con signos de violencia sexual. Ese ha sido el crimen m¨¢s medi¨¢tico en Colombia en la ¨²ltima semana, que se suma a los otros 745 feminicidios ¡ª 44 de ellos contra ni?as, 11 contra mujeres trans ¡ª que registr¨® la Defensor¨ªa del Pueblo entre enero y octubre de 2024. Este lunes Iris Mar¨ªn, la cabeza de la entidad, entreg¨® un informe que revela cifras preocupantes y crecientes sobre la violencia de g¨¦nero en el pa¨ªs, lo que la instituci¨®n tacha de una de las peores crisis de derechos humanos.
La cifra de feminicidios es la m¨¢s alta de las que ha entregado la defensor¨ªa en su historia, aunque no ha sido una entidad met¨®dica en ese seguimiento. Pero coincide con el dato para la misma fecha, lo es la m¨¢s alta del Observatorio Feminicidios Colombia, una oeneg¨¦ encargada de hacer seguimiento a ese delito, que tiene cifras anuales desde 2018. El dato nunca hab¨ªa llegado a 700, incluso en el transcurso completo de los 12 meses.
Aunque el feminicidio es el lado m¨¢s cruento y visible de la violencia machista, es solo una parte de un complejo entramado de agresiones que en Colombia han escalado con el paso de los a?os. Ni con la creaci¨®n del Ministerio de la Igualdad ni con la declaratoria de una emergencia nacional por la violencia de g¨¦nero, las dos en 2023, el Estado ha podido frenar la oleada. De acuerdo con el diagn¨®stico de Derechos Humanos que la Defensor¨ªa public¨® el pasado 9 de diciembre, tambi¨¦n aument¨® en 26% el delito de trata de mujeres, al llegar a 333 casos en 10 meses. Asimismo, la entidad denunci¨® que ocho departamentos (Caquet¨¢, Casanare, Cauca, Cesar, Meta, Magdalena, Guaviare y Huila) no cuentan con lugares destinados a proteger a las mujeres en extremo riesgo de ser asesinadas.
Las organizaciones sociales y el movimiento feminista han reclamado medidas efectivas y han se?alado los terribles impactos de la crisis, no solo en las mujeres, sino en todo el tejido social. En particular, se?alan la devastaci¨®n en las ni?as y ni?os que pierden a sus madres. Hasta septiembre, la oeneg¨¦ Hu¨¦rfanos por Feminicidios ha identificado a 239 ni?os y ni?as que han quedado en ese estado. Colombia no tiene pol¨ªticas espec¨ªficas para los menores. Pese a que hace m¨¢s de un a?o Carolina Botero, representante a la C¨¢mara por el Partido Verde, radic¨® un proyecto de ley para ello, sigue engavetado. Lo mismo ocurre con una iniciativa legislativa que busca penalizar de forma particular la violencia vicaria, la que ejercen los hombres contra los hijos e hijas de las mujeres que quieren agredir, como una forma de causarles da?o a trav¨¦s de terceros.
Adem¨¢s de la violencia vinculada a las relaciones de pareja, la Defensor¨ªa alerta que las mujeres enfrentan mayores riesgos en el actual recrudecimiento del conflicto armado. De las 325 alertas tempranas que ha emitido la entidad defensora de los derechos humanos en los ¨²ltimos siete a?os, 205 detallan vulnerabilidades particulares para ellas. Aclara que las mujeres migrantes, racializadas o que ejercen liderazgos enfrentan un riesgo incluso mayor. Ejemplo de ello fue la amenaza que recibieron las mujeres de Quibd¨® hace algunos meses, cuando la estructura narcoparamilitar del Clan del Golfo amenaz¨® con iniciar un ¡°Plan Feminicidio¡± en la ciudad.
A ese diagn¨®stico de creciente violencia se suma, seg¨²n la Defensor¨ªa, la representaci¨®n m¨ªnima de las mujeres en los espacios de poder en los que se planean las pol¨ªticas p¨²blicas que podr¨ªan protegerlas. De las 1.048 alcald¨ªas de Colombia, solo 146 son ocupadas por mujeres; de las 32 gobernaciones, apenas 6 son femeninas. Siendo m¨¢s del 50% de la poblaci¨®n, solo son el 29,3% de los congresistas y apenas el 29,03% de los magistrados de las altas cortes corresponde a magistradas.
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