Nomen nescio: nombre desconocido (s)

En medio de la discusi¨®n sobre la existencia o no de 20.000 cuerpos sin identificar en un hangar del aeropuerto El Dorado, una cifra revelada por el Comit¨¦ de la ONU contra la desaparici¨®n forzada, se diluyeron los hallazgos principales de la tercera visita del organismo al pa¨ªs: la desaparici¨®n forzada es una realidad latente en el pa¨ªs y tiene un ¨ªndice de impunidad del 98%.

En Colombia estamos acostumbrados a dar debates sobre las formas y no sobre el fondo. Si bien es necesario esclarecer la fuente oficial que le report¨® al Comit¨¦ la cifra de 20.000 cuerpos sin identificar y qui¨¦n en el Gobierno estuvo a cargo de revisar el documento previo a su publicaci¨®n, el debate deber¨ªa estar centrado en el informe de hallazgos preliminares, que es muy diciente sobre la situaci¨®n de derechos humanos en varios territorios del pa¨ªs. Al tiempo que el informe reconoce y exalta la labor desempe?ada por la Unidad de B¨²squeda de Personas dadas por Desaparecidas, tambi¨¦n ¡°lamenta¡± que la implementaci¨®n de las recomendaciones de la Comisi¨®n de la Verdad sea limitada.

Seg¨²n el documento, al menos siete circunstancias dan continuidad a esta violaci¨®n de derechos humanos, entre ellas el reclutamiento forzado de ni?as, ni?os y adolescentes, la trata de personas con fines de explotaci¨®n sexual, la desaparici¨®n en medio del desplazamiento forzado y la migraci¨®n, la desaparici¨®n en medio de protestas sociales y las desapariciones en relaci¨®n con los conflictos por la tierra.

La delegaci¨®n del Comit¨¦ alerta que ¡°genera preocupaci¨®n la ausencia de la institucionalidad en varias partes del territorio¡±, sobre todo en zonas en las que los grupos armados se han reacomodado y ahora ejercen una gobernanza armada que limita tanto la asistencia a las v¨ªctimas como su falta de acceso a la justicia. Una situaci¨®n a la que se suma su falta de confianza en la institucionalidad, pues se?alan que no denuncian por las repuestas deficientes y la inacci¨®n de algunas instituciones.

Justamente esa falta de justicia y esas dificultades para denunciar hacen que exista un subregistro en el n¨²mero de casos reportados. Los datos m¨¢s recientes, recolectados por la Comisi¨®n de la Verdad, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz y la ONG Human Rights Data Analysis Group, hablan de alrededor de 121.768 personas desaparecidas entre 1985 y 2011. Esa base de datos estima que el n¨²mero total de v¨ªctimas podr¨ªan llegar a 210.000.

Fue apenas en 2000, bajo la Ley 589, que Colombia reconoci¨® la desaparici¨®n forzada como un delito espec¨ªfico. Hasta entonces, las desapariciones se tipificaban como otros cr¨ªmenes, como el secuestro o el desplazamiento forzado. A partir de los datos recogidos por la Comisi¨®n de la Verdad, los principales responsables de esta violaci¨®n continuada de m¨²ltiples derechos humanos fueron los grupos paramilitares (52%), la extinta guerrilla de las FARC (24%), y los grupos paramilitares en asocio con el extinto DAS y miembros de la fuerza p¨²blica, o directamente los agentes de estatales (8%).

Pese a que existan informes que identifican a los presuntos responsables, como el de la Comisi¨®n de la Verdad, los del Centro Nacional de Memoria Hist¨®rica y los de distintos organismos internacionales, el Comit¨¦ ha advertido que el ¨ªndice de impunidad podr¨ªa llegar al 98%. Es decir, existe un problema estructural que no ha sido abordado adecuadamente desde hace d¨¦cadas y que se ha profundizado gobierno tras gobierno, todo en detrimento de la verdad, justicia y reparaci¨®n para las v¨ªctimas.

Las cifras hablan por s¨ª solas y ante la magnitud de los hechos ?no ser¨ªa pertinente que la JEP abriera un macro caso sobre desaparici¨®n forzada? Para el Comit¨¦, la transversalizaci¨®n de la desaparici¨®n forzada en los dem¨¢s macro casos no da cuenta de la dimensi¨®n y sistematicidad que tuvo y sigue teniendo. Hay que recordar que sus primeros registros datan de finales de la d¨¦cada del 70 y principios del 80, durante la puesta en marcha del Estatuto de Seguridad de Julio C¨¦sar Turbay Ayala, y se han extendido hasta hoy, cuando existen desapariciones trasfronterizas en el contexto de los procesos migratorios, seg¨²n las entrevistas realizadas por el Comit¨¦ y referidas en el informe.

En la misma JEP se han revelado hechos escabrosos con relaci¨®n a este crimen. El testimonio de William Gacharn¨¢, exdirector de la C¨¢rcel Modelo de Bogot¨¢, da cuenta de su magnitud: m¨¢s de 100 desaparecidos, centros de tortura y fosas comunes al interior del penal en la d¨¦cada del 90. Al ¨¦l se suman los relatos de otros comparecientes ante el Tribunal y la vasta documentaci¨®n de los expedientes de Justicia y Paz que, con corte a 2015, hab¨ªan llevado a desenterrar m¨¢s de 6.420 cuerpos, de acuerdo con cifras del portal VerdadAbierta.com.

Fuera de los embates del conflicto armado, tampoco se pueden olvidar todas aquellas personas que a diario vemos en las redes sociales con el titular ¡°se busca¡±, ni?as y adolescentes en su mayor¨ªa, y otros casos que han recorrido Colombia sin respuesta alguna como la de Claudia Yepes Upegui, madre del ingeniero Andr¨¦s Camilo, desaparecido en abril de 2022 en San Andr¨¦s de Cuerquia, en el norte antioque?o.

Detr¨¢s de cada Nomen nescio o nombre desconocido, hay una historia atravesada por m¨²ltiples violaciones de derechos humanos que merece ser contada y dignificada, tambi¨¦n hay una historia familiar de lucha y persistencia por encontrar a sus seres queridos. Ejemplo de ello, las decenas de mujeres buscadoras como Fabiola Lalinde (q.e.p.d), quien durante m¨¢s de 30 a?os luch¨® por la verdad y la justicia por la desaparici¨®n forzada y homicidio de su hijo Luis Fernando Lalinde Lalinde, en octubre de 1984. A todas se les debe una verdad y una reparaci¨®n.