¡°Nos trataron como a ganado¡±: 106 ecuatorianos contra una empresa japonesa por esclavitud moderna

EL PA?S ofrece en abierto la secci¨®n Am¨¦rica Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscr¨ªbete aqu¨ª.

Do?a Luz* tiene 44 a?os y nunca fue una ni?a. Si piensa en su infancia no se le vienen a la cabeza ni juguetes ni patios de colegio, porque no fue a ninguno. Con apenas siete a?os lleg¨® de la mano de sus abuelos a una de las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A., una de las mayores multinacionales de cultivo de abac¨¢ del mundo, con sede en Santo Domingo y Esmeraldas, cerca de la costa pac¨ªfica ecuatoriana. Desde que entr¨®, su rutina fue la misma que la de su abuelo: llevar y traer en burro kilos y kilos de esa variedad de pl¨¢tano con la que se fabrica papel moneda hasta la noche. Un d¨ªa tras otro. En los 23 a?os que trabaj¨® para la firma no consigui¨® ahorrar ¡°ni un peso¡± ni tuvo derecho de ir a ninguna cita m¨¦dica en ninguno de sus siete embarazos: ¡°No pod¨ªamos parar de trabajar, depend¨ªamos de eso. Como crec¨ª viendo eso, pensaba que era lo normal; que el trabajo era eso. Ahora ya no tengo miedo de decir que nos trataron como al ganado, como esclavos¡±.

Luz es una de los 106 trabajadores y extrabajadores que se atrevieron a enfrentarse en tribunales a la empresa japonesa, uno de los motores econ¨®micos del pa¨ªs. Esta es la primera vez en Ecuador en la que se inicia un proceso penal contra una compa?¨ªa por trata de personas con fines de explotaci¨®n laboral, tambi¨¦n conocido en el derecho internacional como ¡°servidumbre de la gleba¡±, una condici¨®n en la que una persona est¨¢ obligada por ley, costumbre o acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar servicios, mediante remuneraci¨®n o gratuitamente, sin libertad para cambiar su condici¨®n.

Inicialmente, la jueza a cargo, Susana Sotomayor, iba a decidir este jueves si llamaba a juicio a cinco dirigentes y exdirigentes y a la propia firma, en este litigio hist¨®rico. Sin embargo, horas antes de la audiencia hubo una petici¨®n de aplazamiento. Y se prev¨¦ que se lleve a cabo en unos d¨ªas. Tanto Alejandro Morales, a cargo de la acusaci¨®n particular, como Mar¨ªa Susana Rodr¨ªguez, fiscal especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, ven ¡°un caso demasiado s¨®lido¡± como para que se declare el sobreseimiento. ¡°Este ser¨¢ el precedente para empezar a revisar muchas otras empresas como Furukawa, con m¨¦todos a¨²n coloniales¡±, desea Morales.

La acusaci¨®n se?ala como autores de los delitos a Marcelo Almeida, vinculado a Furukawa por dos d¨¦cadas, Iv¨¢n Segarra, antiguo administrador de campo, Adri¨¢n Herrera, gerente desde 2019, Hugo Chalen, quien mantiene funciones comerciales desde 2001, Pa¨²l Bola?os, jefe administrativo de 2005 a 2006 y jefe de recursos humanos desde 2018 hasta la actualidad y la propia persona jur¨ªdica, Furukawa Plantaciones C.A., con un patrimonio de 18 millones de d¨®lares.

Familias pobres. Ning¨²n estudio. Toda una vida dedicada al abac¨¢. Y una empresa que, seg¨²n lo que narran los demandantes, cerraba la puerta carrozable con candado de lunes a lunes, siendo los due?os (ni siquiera los supuestos arrendatarios) quienes ten¨ªan una llave. ¡°?De qu¨¦ voy a comer yo si no s¨¦ hacer otra cosa?¡±, se cuestiona una y otra vez don Jacinto*, quien a¨²n trabaja en las plantaciones. Don Jacinto, de 48 a?os, empez¨® a trabajar el abac¨¢ con siete a?os y nunca aprendi¨® a leer ni escribir. ¡°Ahora es que estoy aprendiendo a poner las letritas de mi nombre¡±, dice en videollamada con Am¨¦rica Futura. A¨²n sufre las secuelas de una picadura de serpiente que sufri¨® en agosto de 2020. Le mordi¨® mientras orinaba en uno de los espacios destinados a ello a la intemperie y sin ning¨²n tipo de agua potable o saneamiento adecuado. ¡°A¨²n cuando la herida botaba pus y ol¨ªa feo, el ingeniero a cargo me dijo que uno solo se cura cuando trabaja¡±.

Esclavitud moderna

La lupa se puso por primera vez en la compa?¨ªa japonesa en 2018, con un informe de la Defensor¨ªa del Pueblo, publicado el primer semestre del a?o siguiente, que relataba una situaci¨®n de ¡°esclavitud moderna¡± durante casi seis d¨¦cadas. El organismo detall¨® condiciones ¡°infrahumanas¡± de vivienda, trabajo infantil y adolescente y ausencia absoluta de derechos laborales de un censo propio de 1.244 personas. Es por ello que inst¨® a diez carteras del Estado a que pusieran fin a los abusos. ¡°Se demostr¨® que viv¨ªan en condiciones terribles¡±, explica el defensor del pueblo actual, C¨¦sar Marcel C¨®rdova Valverde. ¡°Cobraban mucho menos de lo estipulado por la ley, si ten¨ªan accidentes laborales, nadie se hac¨ªa cargo, muchos no ten¨ªan ni siquiera c¨¦dula y solo pod¨ªan salir de la hacienda los domingos si es que ten¨ªan oportunidades econ¨®micas para hacerlo. Porque para eso tambi¨¦n les cobraban¡±.

Meses despu¨¦s del informe, los ministerios de Trabajo, Agricultura, Salud, Educaci¨®n, Inclusi¨®n Social, la Secretar¨ªa de la Pol¨ªtica y Fiscal¨ªa, la Superintendencia de Compa?¨ªas y los Servicios de Rentas Internas y Registro Civil constataron las mismas violaciones a los derechos humanos que denunci¨® Defensor¨ªa. Algunos de los organismos iniciaron procesos independientes. La cartera de Trabajo cerr¨® durante unos meses la empresa por haber sido testigos de trabajo infantil. Y la Fiscal¨ªa inici¨® una investigaci¨®n de m¨¢s de tres a?os que culmin¨® en la segunda quincena de enero de este a?o y que espera la respuesta de Sotomayor para continuar el litigio.

Mar¨ªa Susana Rodr¨ªguez, fiscal especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional denuncia que la firma ha ¡°trastocado derechos humanos en relaci¨®n a la dignidad humana, la salud y la vida¡±. ¡°Hicimos un trabajo de hormiga, considerando que son un centenar de v¨ªctimas y que es una empresa con bastante poder en el pa¨ªs. Hemos intentado buscar la verdad y, a mi criterio, con todos los elementos que se fueron tejiendo, existe un caso s¨®lido de trata de personas que va a marcar un precedente en el pa¨ªs y en la regi¨®n¡±, afirma.

Si bien cada testimonio es distinto, hay factores comunes entre todos los demandantes. La gran mayor¨ªa de trabajadores son afrodescendientes, vienen de contextos pobres y tienen bajos o ning¨²n nivel educativo. ¡°La extrema vulnerabilidad y el analfabetismo de la mayor¨ªa es sobre lo que basa Furukawa su negocio¡±, critica Patricia Carri¨®n, abogada de la Comisi¨®n Ecum¨¦nica de Derechos Humanos. Diametralmente opuesta es la opini¨®n de Pedro Jerves, antiguo abogado de Furukawa y actual defensa de Adri¨¢n Herrera, gerente general de la firma. Esta pr¨¢ctica ¡°pasa en muchas otras empresas que operan en la ruralidad¡±, asegura. ¡°Hay derechos y garant¨ªas que son estatales, pero le puedo asegurar que hoy en d¨ªa todas las haciendas cuentan con tanques de agua potable y con luz. Es m¨¢s, algunos tienen hasta DirectTv. Hemos hecho trabajos sociales que demuestran que efectivamente la gente vive bien¡±, sostiene.

La defensa de Jerves pasa por negarlo todo: el testimonio de los m¨¢s de 106 demandantes, la credibilidad de la Fiscal¨ªa, el informe de la Defensor¨ªa del Pueblo y la rigurosidad del Ministerio de Trabajo. ¡°Todo este caso se ha ido creando en base a ciertos intereses de ONG y por la presi¨®n medi¨¢tica, que a veces es un poder del bien y otras del mal¡±, narra por videollamada. ¡°Lo ¨²nico que dice la acusaci¨®n particular es que eso era como la novela del Huasipungo y poco m¨¢s. La acusaci¨®n es paup¨¦rrima¡±, afirma haciendo alusi¨®n a esa obra literaria ecuatoriana que retrata el sufrimiento de los ind¨ªgenas.

Y, sin embargo, la decena de testimonios entrevistados por Am¨¦rica Futura relatan condiciones que no necesitar¨ªan de la pluma de Jorge Icaza. Para don Esteban* lo que vivi¨® durante 17 a?os en Furukawa ni siquiera se asoma a la hacienda Cuchitambo sobre la que el autor ecuatoriano narr¨® un sinf¨ªn de abusos de los latifundistas a los ind¨ªgenas. ¡°Una vez me cort¨¦ con la m¨¢quina y no me dieron (dinero) ni para una pastilla. Tuve que pagar yo como pude al m¨¦dico, que me puso 18 puntos. Como no cobraba si no trabajaba, me puse un pl¨¢stico para que no se me embarrara la pierna en lodo y segu¨ª¡±, cuenta. Este hombre de 53 a?os, que perdi¨® la pierna tras un accidente laboral con la misma m¨¢quina, no ha recibido ni un solo d¨ªa de baja laboral.

¡°Hacer legal lo ilegal¡±

Para la fiscal, el mecanismo ¡°de sometimiento¡± consist¨ªa en una simulaci¨®n de arriendo de tierras ¡°para evitar precisamente la relaci¨®n laboral con los trabajadores¡±. Este m¨¦todo empez¨® en 2011 ¡ªtres a?os despu¨¦s de que se ilegalizara en el pa¨ªs la terciarizaci¨®n¡ª y se mantuvo al menos hasta 2018. ¡°Para que los campesinos pudieran trabajar en las plantaciones, pagaban a la empresa por el arriendo de la tierra, solo pod¨ªan cultivar abac¨¢ y solo pod¨ªan venderle a Furukawa. Trataron de buscar una figura legal para hacer legal lo ilegal¡±, sostiene. Aunque Rodr¨ªguez insiste en que ¡°hubo sometimiento¡±, Jerves, abogado defensor, asegura que ¡°todos los contratos se hicieron bajo notario p¨²blico¡±. ¡°Pero para no entrar en esta disquisici¨®n de que si fueron, no fueron, esta gente sab¨ªa lo que firmaba o no firmaba. ?Qu¨¦ sometimiento hay? A la gente en la costa, para ser bastante honesto, no se les puede controlar. Esta gente trabaja cuando quiere¡±, afirma.

Preguntado por la responsabilidad social de la compa?¨ªa, es tajante: ¡°Cualquier empresa puede invertir m¨¢s y siempre ser¨¢ bueno invertir m¨¢s, pero al momento, no se tienen los recursos. Pero eso no quiere decir que hay una responsabilidad social vinculada a lo penal¡±.

Abrir camino

Chapear, zunquear, tumbar, tusiar, burriar y maquinear. Todas las fases del proceso desde la tala de la planta hasta el secado y el empaquetado del abac¨¢ llevan horas de trabajo de hombres y mujeres que, de haber podido elegir, jam¨¢s hubieran trabajado para Furukawa. ¡°No es tan f¨¢cil ir haciendo la huella como transitar ya por una trocha hecha¡±, explica la fiscal. ¡°Y este es el caso que nos ha tocado. Abrir camino¡±. Alejandro Morales, letrado de los 106 empleados, espera que la jueza Sotomayor siente en el banquillo a los cinco directivos y exdirectivos. ¡°Es un llamado a la comunidad regional de que estas pr¨¢cticas coloniales todav¨ªa existen. Esto tiene que sentar un precedente. Se lo deben a las v¨ªctimas y al pa¨ªs¡±.

*Ninguno de los nombres de los testimonios son reales porque el proceso legal sigue a¨²n en curso.