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Jos¨¦ Luis Iguar¨¢n, ind¨ªgena wayuu y miembro de la comunidad Taruasaru, en la Alta Guajira colombiana, convive desde hace dos a?os con unos vecinos gigantes. Aunque a la distancia, justo sobre el kil¨®metro 133 de la v¨ªa f¨¦rrea que lleva al tren del carb¨®n hacia Puerto Bol¨ªvar, esos gigantes se ven diminutos, alterando intermitentemente el horizonte de la costa Caribe, desde su rancher¨ªa surgen grandes, imponentes. Son las turbinas de energ¨ªa e¨®lica que hacen parte del proyecto Jouktai, de Isagen, y que miden entre 125 y 150 metros de alto.

Est¨¢n all¨ª, paradas, desde principios de 2022, cuando el proyecto fue inaugurado. Pero Iguar¨¢n, que hoy tiene 31 a?os, hab¨ªa escuchado sobre ellas desde mucho antes, cuando era ni?o y en su comunidad se empez¨® a hablar de los proyectos de energ¨ªa e¨®lica. ¡°Las primeras visitas empezaron en el 2005, para el tema de la verificaci¨®n de fronteras y conocer d¨®nde estaban las comunidades donde se iban a realizar los parques¡±, comenta. Adem¨¢s de la suya, en los lugares donde el viento m¨¢s sopla tambi¨¦n viven las comunidades Lanshalia y Mushalerrain, en las que est¨¢ construido el primer proyecto e¨®lico de Colombia. Una especie de piloto que ya empieza a revelar c¨®mo pinta la transici¨®n energ¨¦tica del pa¨ªs en una regi¨®n ind¨ªgena donde tambi¨¦n prima la pobreza. En este desierto hace falta el agua y, parad¨®jicamente, tambi¨¦n la electricidad.

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EL PA?S recorre La Guajira colombiana.

La ventaja del viento tambi¨¦n trajo conflictos por la tierra. Las consultas previas que se hicieron ¡ªuna figura legal que tiene Colombia para garantizar la participaci¨®n de las comunidades ¨¦tnicas frente a cualquier proyecto que se desarrolle en su territorio¡ª se est¨¢n poniendo en duda. A lo largo de La Guajira, los wayuu denuncian que estos documentos no se firmaron con los due?os de la tierra, sino con comunidades que la habitaban, pero a las que no les correspond¨ªa decidir sobre ellas. Aunque Iguar¨¢n asegura que este no es su caso, y que la consulta que se hizo con su gente fue lo m¨¢s transparente posible, tambi¨¦n confiesa que no estaban preparados para lo que ven¨ªa. A ¨¦l le toc¨® empezar a leer para informarse. ¡°A las empresas no les gusta que uno est¨¦ asesorado. ?Por qu¨¦? Porque se pierden los intereses de ellos¡±, asevera.

Lo que viven Iguar¨¢n y su familia es solo un esbozo de lo que ha significado el auge de las energ¨ªas e¨®licas en La Guajira y c¨®mo se traduce en terreno el discurso del presidente Gustavo Petro, quien promete convertir a Colombia en un l¨ªder en la materia. Solo en este departamento ya hay 16 proyectos e¨®licos y dos l¨ªneas de transmisi¨®n en proceso, ya sea porque est¨¢n en consulta previa, en estudios ambientales o en construcci¨®n, seg¨²n cuenta Luis Guillermo Baquero, gerente de la Mesa Andi M¨¢s La Guajira, una plataforma que articula a diez empresas del sector minero y energ¨¦tico que est¨¢n en la regi¨®n.

Pero a futuro ser¨ªan muchos m¨¢s. En 2019, Indepaz, un instituto que le ha seguido el rastro a la llegada de las renovables a La Guajira meticulosamente, se?al¨® que en la pr¨®xima d¨¦cada se podr¨ªan construir hasta 57 proyectos e¨®licos en el departamento, a cargo de 19 empresas 13 de estas multinacionales. Abarcar¨ªan 52.000 hect¨¢reas con m¨¢s de 2.800 autogeneradores, que podr¨ªan producir hasta 12,8 gigavatios. ¡°En el escenario m¨¢s conservador, la Unidad de Planeaci¨®n Minero-Energ¨¦tica (Upme) dec¨ªa en 2016 que esos parques e¨®licos cubrir¨ªan en 2031 el 16% de toda la demanda de energ¨ªa de Colombia, pero la realidad ha ido a mayor velocidad¡±, explican Camilo Gonz¨¢lez Posso y Joanna Barney, de Indepaz, en su libro El viento del este llega con revoluciones. Es una velocidad que est¨¢ revolcando el territorio.

Disputas

En La Guajira, el viento golpea duro: a veces llegando a m¨¢ximos de 11 metros por segundo. En las tardes lo hace a¨²n con m¨¢s fuerza, dejando arena en todo lo que toca. Las mesas, la comida, los zapatos. Jouktai, como se dice viento en wayunaiki, el idioma de los wayu, tambi¨¦n cae con fuerza sobre los cementerios. Estos lugares sagrados sirven aqu¨ª como una especie de escritura para saber a qui¨¦n pertenece el territorio ancestralmente.

A unos 800 metros del parque de Isagen, conocido como Guajira 1, se encuentra el cementerio de Maleen, una comunidad que lleva peleando desde que comenz¨® esa construcci¨®n porque, seg¨²n ellos, a pesar de estar dentro del ¨¢rea de influencia, nunca se les incluy¨® en la consulta previa. Eso llev¨® incluso a que Denis Vel¨¢squez, miembro de la comunidad, pusiera en 2022 una tutela, un recurso judicial para pedir protecci¨®n. ¡°Denis cuenta con el reconocimiento de sus vecinos en esta disputa¡±, se lee en un documento de Indepaz, en el que tambi¨¦n se explica que la empresa le pag¨® 80 millones de pesos (17.000 d¨®lares) a un sobrino de Vel¨¢squez como compensaci¨®n para cerrar el cementerio. Un pago que ella no reconoce como legal y que, seg¨²n Indepaz, ¡°favorece la ruptura del tejido familiar, pues no todos los familiares estaban de acuerdo con lo que se trans¨®¡±.

Isagen le dijo a Am¨¦rica Futura que, seg¨²n la Secretar¨ªa de Asuntos Ind¨ªgenas y el Ministerio de Minas, el cementerio no se ubica dentro de las comunidades que fueron consultadas. Y que, ¡°adicionalmente, en reuni¨®n entre los mayores de las familias, de acuerdo con sus usos y costumbres, se lleg¨® a la conclusi¨®n que la comunidad Malee no tiene derechos sobre ese territorio¡±. La acci¨®n de tutela fue declarada improcedente tanto en primera como en segunda instancia. Pero el caso demuestra el forcejeo por el territorio que han tra¨ªdo las energ¨ªas e¨®licas.

Dentro de la comunidad wayuu, la autoridad leg¨ªtima es la ancestral, un cargo que se hereda de forma matrilineal, al igual que el territorio. Sin embargo, el Ministerio de Interior delega en otra figura, las autoridades tradicionales que se deben certificar ante el Estado. El problema es que esas dos autoridades no siempre coinciden y muchas veces las empresas hacen acuerdos solo con las primeras, lo que enfrenta a las familias.

A veces, cuenta tambi¨¦n Iguar¨¢n, se negocia con los achones, miembros de la l¨ªnea paterna, que pueden vivir en una rancher¨ªa, pero no ser los due?os del territorio, pues ellos no heredan. As¨ª se ha venido creando un conflicto que genera inseguridad tanto para los wayuu como para las empresas.

¡°Si uno va a la Secretar¨ªa de Asuntos Ind¨ªgenas de Uribia [en La Guajira], a buscar qui¨¦n es la autoridad tradicional, te pueden salir hasta cinco papeles¡±, comenta Baquero, de la Andi, que afirma que el tema se ha hecho todav¨ªa m¨¢s confuso con el retorno de muchos wayuu, que son binacionales, de Venezuela. ¡°Han vuelto a sus comunidades entrando en un choque por recursos, derechos y por el territorio de las personas que estaban ah¨ª¡±, agrega.

En diciembre pasado, un documento firmado por 105 l¨ªderes wayuu de varias zonas de La Guajira y con varias propuestas a la ministra de Minas, Irene V¨¦lez, sobre lo que deber¨ªa incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo, solicitaba repetir todas las consultas previas desarrolladas en ese territorio en el marco de la transici¨®n energ¨¦tica. ¡°En el a?o 2019, la Corte Constitucional emiti¨® la Sentencia T-172, en la que resolvi¨® a favor de las autoridades ancestrales, solicitando seguir una serie de lineamientos para la restituci¨®n de esta forma de ordenamiento en el territorio wayuu¡±, advierte la petici¨®n. El Ministerio de Minas no ha respondido a la solicitud de entrevista de Am¨¦rica Futura para este reportaje.

Desde agosto de 2020, la Procuradur¨ªa tambi¨¦n pidi¨® suspender la operaci¨®n de consultas previas o construcci¨®n de proyectos e¨®licos en La Guajira que estaban ¡°violando los derechos de los pueblos ind¨ªgenas¡±, despu¨¦s de que a sus manos llegara la investigaci¨®n de Indepaz.

Seg¨²n Baquero, de la Andi, lo que pasa en La Guajira tambi¨¦n demuestra la debilidad institucional que hay en el tema, la falta de reglas claras y la ausencia del Gobierno. ¡°Aqu¨ª es muy importante que se legisle sobre la consulta previa y garantizar una presencia institucional de tal forma que ni las empresas saquen provecho y logren imponerse sobre las comunidades, pero que las comunidades tampoco se aprovechen de las empresas¡±, dice el representante de los empresarios. Seg¨²n ¨¦l, muchas veces las comunidades bloquean los proyectos cuando quieren denunciar una falla del Gobierno. Falta tambi¨¦n una masa de funcionarios que puedan seguirle la pista a lo que pasa en La Guajira con el auge de las renovables. Corpoguajira, autoridad ambiental en la regi¨®n que act¨²a como garante de las consultas previas, le dijo a Am¨¦rica Futura que de los 113 funcionarios en la planta de personal, ¡°solo cinco est¨¢n involucrados en temas de energ¨ªas renovables¡±.

Vivir sin luz y sin salud

El centro de salud que queda en Wipeshi, en Flor de la Frontera, justo al lado de Venezuela, est¨¢ abandonado. Adentro solo queda una camilla tirada y un grupo de murci¨¦lagos que vuelan en la oscuridad de uno de los cuartos. Sobre las tres de la tarde, los estudiantes del colegio, donde los ba?os llevan meses sin funcionar y los profesores tienen dos meses de retraso en sus pagos, empiezan a irse a sus rancher¨ªas.

¡°Hasta ya vendimos nuestras joyas para poder seguir d¨¢ndoles comida y clase¡±, dice una de las profesoras, y despu¨¦s todos se r¨ªen. Detr¨¢s de su risa hay una verdad: el Estado dej¨® de ponerles atenci¨®n hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo hizo. A esa misma hora y por la misma v¨ªa en la que se van los ni?os tambi¨¦n est¨¢n saliendo los funcionarios de Enel que construyen el parque e¨®lico Windpeshi escoltados por patrullas militares. El contraste es absoluto. Ah¨ª levantar¨¢n 41 aerogeneradores de cinco megavatios cada uno, para una potencia total de 205 MW.

A Euniris Catherine Ram¨ªrez, wayuu e hija de la autoridad, le interesa m¨¢s hablar sobre educaci¨®n que sobre el hecho de que su comunidad sea una de las 12 en las que se har¨¢ el proyecto e¨®lico de Enel, que ya tiene aprobada su consulta previa. Hay cosas del acuerdo que la tienen tranquila. Les hicieron la v¨ªa de acceso y se firm¨® un convenio para que se hiciera un microacueducto. ¡°Aqu¨ª somos reyes porque tomamos agua potable¡±, comenta. Tambi¨¦n hay proyectos de mejora de vivienda, de bovinos y caprinos y de encerramiento de cementerios.

Sobre otras cosas, todav¨ªa le quedan dudas. ¡°Nosotros quer¨ªamos ser parte de la empresa y tener luz. Pero Enel nos dice que no se puede, que es muy costoso que coloquen luz aqu¨ª, por eso nos est¨¢n dando unas compensaciones por el tiempo que est¨¦n en nuestro territorio¡±, asegura.

Seg¨²n Enel, la energ¨ªa que produzca Windpeshi se debe entregar al Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, ¡°las comunidades que habitan en la zona en la que se emplaza el proyecto no est¨¢n conectadas a la red de distribuci¨®n de La Guajira¡±, indica la compa?¨ªa. Adem¨¢s, asegura que, seg¨²n se acord¨® en la consulta previa, se har¨¢n proyectos de acceso de energ¨ªa limpia comunitaria en las zonas de influencia del parque. La compa?¨ªa tambi¨¦n est¨¢ en conversaciones con el Instituto de Planificaci¨®n y Promoci¨®n de Soluciones Energ¨¦ticas (IPSE) para electrificar estas comunidades.

Pero estas no son negociaciones f¨¢ciles y muchos proyectos son paralizados por protestas y bloqueos de las comunidades. Seg¨²n Enel, el a?o pasado ¡°¨²nicamente fue posible realizar obras durante 137 jornadas completas, que representan el 48% de los d¨ªas laborables de 2022¡å.

En el fondo, hay una pregunta sin respuesta clara: ?Cu¨¢nto debe compensarse por prestar el territorio? ?Tiene acaso un valor? En el caso de Jouktai, de Isagen, la empresa indic¨® que a las comunidades se les paga un valor por megavatio instalado que se actualiza cada a?o con el ¨ªndice del precio al consumidor ¡ªentre otros pagos¡ª aunque dicen que no pueden dar ese valor. Tambi¨¦n recuerdan, al igual que Enel, que, por norma, el 1% de las ventas brutas de energ¨ªa del proyecto se distribuye entre las comunidades: un 60% va directamente para las tres donde est¨¢ construido el parque y el otro 40% va al municipio de Uribia, en La Guajira.

Pero en otros casos, podr¨ªa no solo tratarse de prestar el territorio. Sino de cederlo, de desplazarse. Tras visitar la alta y media Guajira, Soledad Garc¨ªa Mu?oz, relatora especial sobre Derechos Econ¨®micos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explic¨® a Am¨¦rica Futura que recibieron ¡°denuncias de c¨®mo las fronteras del extractivismo y de otras empresas de energ¨ªas renovables, en aquello que debiera ser una transici¨®n justa, est¨¢n afectando a las comunidades, provocando desalojos, cuya consecuencia es que l¨ªderes comunitarios sean v¨ªctimas de amenazas y hostigamiento por su actividad de defensa de derechos humanos¡±. Joanna Barney, investigadora de Indepaz, tambi¨¦n ha registrado nueve asesinatos y seis comunidades desplazadas desde 2019.

?Y ahora?

Roberto Fajardo Epiay¨² trabaja como abogado, asesorando a las comunidades donde llegan los proyectos e¨®licos, y hace parte del territorio de Casuchi, desde donde se pueden ver las turbinas del parque Guajira 1. Cree que a ellos debieron consultarles sobre el proyecto porque les cambia el paisaje, aunque no est¨¦ contemplado en la norma. Para ¨¦l, la llegada de las renovables a La Guajira no ha sido positiva: ¡°Decir que fue bueno es mentir. Eso ha generado muchas expectativas¡±, asegura.

Pero el Gobierno lo tiene claro: La Guajira debe ser el epicentro de la transici¨®n energ¨¦tica. A finales de abril de 2023, durante el sexto Encuentro y Feria de Renovables, Petro dijo que pretende que el pa¨ªs genere ocho gigavatios de energ¨ªa limpia, frente a los 0,8 que apenas est¨¢n instalados. ¡°Actualmente, seg¨²n la ciencia, es La Guajira donde m¨¢s sol cae al a?o y existen vientos r¨¢pidos, es decir, que solo all¨ª se podr¨ªan generar 20 gigavatios¡±, se?al¨®, seg¨²n el medio Portafolio. Esa transici¨®n, para algunos, podr¨ªa convertir a la regi¨®n una zona de sacrificio.

¡°Las energ¨ªas renovables son importantes para asegurar transiciones justas en el contexto de la emergencia clim¨¢tica; sin embargo, no se puede hablar de energ¨ªas limpias en la medida que no respeten los derechos humanos de las comunidades a las que afecta su instalaci¨®n y operaciones¡±, dice Garc¨ªa, de la CIDH.

Para Jos¨¦ Antonio Vega, del Stockholm Environment Institute, y quien recientemente estuvo investigando el problema en la regi¨®n, es importante que se d¨¦ una intervenci¨®n estatal que entienda el territorio desde su ancestralidad. ¡°No se puede entender cada proyecto como una isla, sino como un solo proyecto que tiene impactos acumulativos. Podr¨ªa hacerse una estrategia de impacto ambiental como conjunto¡±, asegura. Adem¨¢s, propone que se cree un est¨¢ndar m¨ªnimo de los beneficios o compensaciones que debe dar cada proyecto. ¡°Esto servir¨ªa para tener un precedente de c¨®mo debe ser una distribuci¨®n justa de esa compensaci¨®n que, adem¨¢s, debe dise?arse entre la comunidad, las empresas y el Estado, estableciendo m¨ªnimos¡±.

Pese a ya tener acuerdos con Isagen, Jos¨¦ Luis Iguar¨¢n tambi¨¦n siente que hay algo que no se est¨¢ haciendo bien. ¡°Lo ¨²nico que s¨ª quiero y deseo es que a nosotros, como pueblo wayuu, no nos pasen por encima por desconocimiento de nuestro territorio¡±, apunta se?alando una de las turbinas que, desde hace un par de a?os, es una m¨¢s de sus vecinas.