David Boyd: ¡°La contaminaci¨®n le cuesta al mundo 8,1 billones de d¨®lares anuales¡±

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Cuando se le pregunta qu¨¦ no olvidar¨¢ de sus seis a?os como relator especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas, David Boyd recurre a las emociones de uno de sus viajes a Sudam¨¦rica. ¡°En Quintero encontr¨¦ a una mujer joven con dos ni?os. Ten¨ªa l¨¢grimas corri¨¦ndole por su rostro y me dec¨ªa: ?imaginas enviar tu hijo a la escuela y no saber si volver¨¢ a casa o si tendr¨¢s que ir al hospital a buscarlo?¡±, cuenta refiri¨¦ndose a la crisis de contaminaci¨®n de las comunas de Quintero y Puchuncav¨ª en Chile debido a la presencia de empresas que emanan azufre, ars¨¦nico y material particulado. ¡°Es inconcebible que las corporaciones contin¨²en haciendo negocios frente a un sufrimiento humano tan profundo,¡± dice.

Profesor asociado de Derecho y Pol¨ªticas de Sostenibilidad en la Universidad de la Columbia Brit¨¢nica en Canad¨¢, Boyd (1964, Londres) termin¨® su mandato en la ONU a finales de abril para regresar a una vida acad¨¦mica m¨¢s tranquila. No oculta la dureza de las situaciones que encontr¨® en sus viajes, documentando la que define como ¡°una emergencia planetaria sin precedentes, con la crisis clim¨¢tica y la contaminaci¨®n que mata a m¨¢s de 9 millones de personas cada a?o¡±. Pero tiene muy claro cu¨¢l es la mayor dificultad para implementar las pol¨ªticas necesarias.

¡°El obst¨¢culo principal a gozar del derecho a un medio ambiente saludable y seguro es la econom¨ªa global, que est¨¢ basada en la explotaci¨®n tanto de las personas como de la naturaleza. Hasta que reformemos ese sistema ser¨¢ dif¨ªcil, si no imposible, reconocer no solo el derecho a un medio ambiente saludable, sino todo el espectro de derechos humanos¡±, asegura Boyd antes de negar que sus palabras sean ¡°un ataque radical¡± al modelo capitalista. ¡°Un sistema donde las empresas pueden externalizar sobre las finanzas p¨²blicas decenas de billones de d¨®lares de costos para la salud y el medio ambiente es un sistema que necesita una reforma fundamental¡±, dice en entrevista con Am¨¦rica Futura.

Pregunta. ?Qu¨¦ entiende exactamente con externalizar estos costos?

Respuesta. El ejemplo m¨¢s evidente tiene que ver con la industria de los combustibles f¨®siles. Cuando se extrae o se quema petr¨®leo, gas y carb¨®n, esto resulta en una grave contaminaci¨®n del aire, que tiene impactos adversos en la salud humana. Estos costos no son pagados por las empresas, recaen sobre el p¨²blico en general. Adem¨¢s, sabemos que su extracci¨®n y combusti¨®n son la causa predominante de la crisis clim¨¢tica. Los costos econ¨®micos de la crisis planetaria son descomunales. Los da?os para la salud y el medio ambiente derivados de la contaminaci¨®n atmosf¨¦rica cuestan al mundo 8,1 billones de d¨®lares anuales. Un estudio del Instituto para la Investigaci¨®n del Cambio Clim¨¢tico de Potsdam ha estimado que el impacto del cambio clim¨¢tico puede llegar a costar 38 billones de d¨®lares cada a?o hasta el 2050.

P. En su ¨²ltimo informe subraya c¨®mo los marcos normativos voluntarios se han demostrado inadecuados para cambiar los comportamientos de las empresas¡­

R. Los marcos normativos voluntarios fueron dise?ados para fracasar. Sabemos desde hace d¨¦cadas que la mejor manera de lograr el progreso ambiental no es a trav¨¦s de enfoques voluntarios, sino m¨¢s bien a trav¨¦s de una regulaci¨®n estricta. Hace 20 a?os no hab¨ªa la voluntad pol¨ªtica para hacerlo. Por eso la ONU ide¨® los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Ahora podemos mirar hacia atr¨¢s y decir que no han movido la aguja lo suficiente.

P. En su mandato, denunci¨® los procedimientos de arbitraje internacional conocidos como Soluci¨®n de Controversias entre Inversionistas y Estados (SCIE) como un obst¨¢culo a la adopci¨®n de medidas ambientales. En los SCIE, una empresa extranjera puede llevar a juicio a un pa¨ªs en frente de un ¨¢rbitro tercero en vez de un juez nacional...

R. Estos casos est¨¢n dando como resultado que los Gobiernos tengan que pagar miles y miles de millones de d¨®lares a empresas de combustibles f¨®siles. Billones que deber¨ªan gastarse para abordar la crisis clim¨¢tica y no en llenar los bolsillos de las empresas que han obtenido una riqueza incre¨ªble creando esa misma crisis.

P. Pero los pa¨ªses no respetan los acuerdos con las empresas¡­

R. El sistema se desarroll¨® en la d¨¦cada de 1960 y la intenci¨®n original era evitar la expropiaci¨®n de los activos extranjeros en estados que reci¨¦n hab¨ªan ganado la independencia. Pero el sistema se ha salido de control. Las decisiones de arbitraje se han interpretado de manera muy amplia. Hoy en d¨ªa, si un Gobierno impone un impuesto a las emisiones de carbono de las industrias f¨®siles, hay abogados de arbitraje que argumentar¨¢n que se trata de una violaci¨®n de los derechos de los inversores extranjeros. Uno de los casos m¨¢s llamativos se dio en Colombia, donde la empresa minera canadiense Eco Oro Minerals quiso construir una gran mina de oro a cielo abierto en un ecosistema muy fr¨¢gil que constituya la fuente de agua potable para millones de colombianos. El Ministerio de Medio Ambiente dijo que no pod¨ªan. Sin embargo, esa empresa present¨® un caso de arbitraje internacional y lo gan¨®.

P. En su reporte ha identificado alrededor de 327 causas s¨®lo en Am¨¦rica Latina.

R. Am¨¦rica Latina ha sido un lugar muy popular para la inversi¨®n extranjera porque los Gobiernos son generalmente estables, y los est¨¢ndares laborales y ambientales han sido hist¨®ricamente m¨¢s bajos. Pero han comenzado a intentar mejorarlos. Y se est¨¢n topando con una oleada de juicios. El Salvador ha sido demandado por la empresa minera canadiense Pacific Rim/OceanaGold. Costa Rica ha sido demandada por la empresa estadounidense de petr¨®leo y gas Harken Energy y por una empresa minera canadiense, Infinito Gold. Panam¨¢ se enfrenta ahora a un caso de la empresa minera canadiense First Quantum Minerals que busca al menos 20.000 millones de d¨®lares en da?os. Estas son cifras astron¨®micas para los pa¨ªses del sur global.

P. Am¨¦rica Latina ha estado a la vanguardia al impulsar el reconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable y tribunales de distintos pa¨ªses han tomado decisiones progresistas..

R. El mayor desaf¨ªo al que se enfrenta la regi¨®n es c¨®mo pasar de una econom¨ªa extractivista a una que satisfaga las aspiraciones de su pueblo. Uno de los acontecimientos m¨¢s interesantes es que los Gobiernos han comenzado a utilizar el derecho a un medio ambiente saludable como defensa en demandas presentadas por las empresas. As¨ª ha habido varios casos de Gobiernos en M¨¦xico, en Kenia, en Uganda, que promulgaron regulaciones que proh¨ªben las bolsas de pl¨¢stico. En Per¨², donde hab¨ªa una regulaci¨®n que prohib¨ªa la importaci¨®n de veh¨ªculos de motor antiguos, los tribunales aceptaron ese argumento. En Argentina, donde hab¨ªa una empresa canadiense que quer¨ªa hacer un gran proyecto minero en una regi¨®n glaciar protegida, el Gobierno dijo que estaba cumpliendo con su deber. Y la Corte Suprema estuvo de acuerdo. Esta tambi¨¦n es una forma poderosa en que el derecho a un medio ambiente saludable puede ayudarnos a avanzar en la direcci¨®n correcta.