La deuda de Guatemala con miles de ni?as: ¡°Se normaliza que sean madres¡±

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Cuando F¨¢tima ten¨ªa 12 a?os tuvo que enfrentarse a la maternidad forzada tras ser violada por un se?or cercano a su familia, que era, tambi¨¦n, el director de un programa federal de apoyo a la ni?ez. Su caso, junto al de otras tres ni?as centroamericanas que pasaron por historias similares, fueron elevados al Comit¨¦ de Derechos Humanos de la ONU. En ninguno de sus pa¨ªses encontraron opci¨®n para abortar, y mucho menos justicia. La sentencia de F¨¢tima, una joven guatemalteca que ahora tiene 28 a?os, a¨²n no llega. M¨¢s de 16 a?os despu¨¦s de la violaci¨®n, la reparaci¨®n sigue pendiente. Pero no es la ¨²nica. Porque las cifras de embarazos infantiles en Guatemala no cesan. Un reciente informe publicado por Human Rights Watch muestra que hay muchas ¡®F¨¢timas¡¯ y pocos cambios en un Estado que le debe mucho a las infancias.

Seg¨²n el Registro Nacional de las Personas (Renap), entre 2018 y 2024, 14.696 ni?as menores de 15 a?os dieron a luz. Dado que en el pa¨ªs centroamericano la edad de consentimiento es 14, una gran parte de estos alumbramientos fueron fruto de una violaci¨®n. Son, seg¨²n los datos de Unicef, al menos 17 casos de pederastia al d¨ªa. A pesar de la magnitud de la violencia, la justicia sigue siendo limitada, ya que s¨®lo se han registrado 136 autos de procesamiento entre enero de 2018 y septiembre de 2023 y 102 condenas en todo el pa¨ªs. Las violencias que inician estos hombres contin¨²an con un Estado que les niega el derecho al aborto y las ayudas econ¨®micas y naturaliza que abandonen la escuela.

El informe Forzadas a renunciar a sus sue?os: Violencia sexual contra ni?as en Guatemala documenta las m¨²ltiples barreras que enfrentan las ni?as sobrevivientes de violencia sexual para acceder a atenci¨®n m¨¦dica esencial, seguridad social, justicia y educaci¨®n. Hasta noviembre de 2024, solo 213 estudiantes embarazadas hab¨ªan sido inscritas en el sistema educativo a nivel nacional entre enero y junio. Para Cristina Quijano, autora del informe, la falta de apoyo por parte de las escuelas y el Gobierno, el estigma, la presi¨®n familiar y la violencia contribuyen a las altas tasas de deserci¨®n escolar de ni?as embarazadas, especialmente en comunidades rurales. De cada 10 ni?as o adolescentes que deber¨ªan ingresar a primaria, solo tres tienen acceso a educaci¨®n b¨¢sica. La investigadora corrobor¨® as¨ª que la violencia hacia las ni?as es sistem¨¢tica en Guatemala. ¡°Es horrible ver c¨®mo una vez que dan a luz, las ni?as son tratadas como cualquier otra adulta, como una madre. Se les niega el derecho a la ni?ez¡±, lamenta.

La pobreza, explica Dora Alicia Mu?oz, oficial de protecci¨®n de Unicef, no favorece estas estad¨ªsticas. ¡°Se ha normalizado que las ni?as en Guatemala sean madres y sean quienes cuidan de la casa y de otros menores¡±. Human Rights Watch entrevist¨® a m¨¢s de 72 representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, personal de salud y otros expertos para el informe en 2023 y 2024, y analiz¨® datos gubernamentales. ¡°Conocemos las consecuencias m¨¦dicas, como el riesgo de muerte, las enfermedades de transmisi¨®n sexual... Pero muchas veces se sigue dando que las ni?as se unen con el agresor, que suele ser adulto¡±, explica. ¡°Falta apoyo psicosocial para que no se sientan estigmatizadas y se reduzcan los cuadros depresivos o ansiedad e incluso la ideaci¨®n suicida¡±. La pederastia es, de hecho, una de las principales causas del suicidio infantil.

El derecho al aborto, otra asignatura pendiente

En Guatemala, existe s¨®lo una excepci¨®n a la penalizaci¨®n absoluta del aborto: cuando la vida de la mujer corre peligro. Aunque esta causal ser¨ªa suficiente en la mayor¨ªa de casos -pues los embarazos forzados y tempranos pueden tener consecuencias mortales y riesgos en la salud f¨ªsica y mental de las ni?as- s¨®lo aplica cuando lo dice un doctor. La ruralidad, la falta de acceso a centros de salud, e incluso la percepci¨®n tard¨ªa del embarazo convierte este asterisco a la ley en papel mojado.

¡°El enfoque excesivamente restrictivo de Guatemala respecto al aborto terap¨¦utico pone en grave peligro la salud y la vida de las ni?as, quienes se ven forzadas a continuar con embarazos, muchas veces de alto riesgo y en contra de su voluntad, neg¨¢ndoles as¨ª el acceso a atenci¨®n esencial en materia de salud reproductiva¡±. As¨ª lo recoge el estudio publicado a mediados de febrero, que tambi¨¦n es cr¨ªtico con las escasas medidas de atenci¨®n del pa¨ªs.

La mayor¨ªa de estas ayudas, lamenta Mu?oz, de Unicef, est¨¢n pensadas para el beb¨¦ y no para la madre. Existe un plan para madres en conflicto con la maternidad para evitar el abandono de los beb¨¦s -en promedio 150 al a?o- y el programa Vida, un plan de asistencia social que proporciona asistencia financiera a ni?as embarazadas y madres menores de 14 a?os, pero establece requisitos de elegibilidad restrictivos y complejos obst¨¢culos burocr¨¢ticos, que impiden su acceso.

Entre enero y junio de 2024, solo 129 ni?as fueron inscritas en el programa, a pesar de que 1.953 ni?as de menos de 15 a?os dieron a luz en ese mismo a?o. El presupuesto del programa, a su vez, disminuy¨® un 15% entre 2023 y 2024. ¡°A estas ni?as, muchas veces las viola el padre, o el abuelo. Y al no tener cuentas bancarias, a veces el dinero les es ingresado a ellos¡±, explica Quijano. Seg¨²n Unicef, 7 de cada 10 agresores son familiares o conocidos cercanos a la v¨ªctima. La autora del informe tambi¨¦n lamenta que soliciten un sinf¨ªn de documentos, que excluyn a las migrantes, y que nieguen la ayuda si sus familiares tienen alguna deuda bancaria. ¡°La deuda del pa¨ªs es gigante. Y lo que est¨¢ haciendo hasta ahora es, claramente, insuficiente¡±, zanja.

¡°Estamos ante una epidemia de violencia sexual en menores. Y se ha normalizado esta visi¨®n patriarcal en la que las ni?as son una propiedad¡±, dice por videollamada Mu?oz. Es por ello que Victoria Maldonado, coordinadora de programas en el Osar, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, se pregunta si no se est¨¢ haciendo lo suficiente en prevenci¨®n. ¡°En Guatemala, las propias instituciones siguen sin saber bien qu¨¦ protocolo o qu¨¦ programa aplica o c¨®mo atenderlas, sino que las derivan de un lado a otro. Esto son costos, tiempo y revictimizaci¨®n¡±, lamenta. El Osar ha implementado un programa dirigido a hombres en conflicto con la ley penal por violencia sexual a menores. ¡°Pero m¨¢s all¨¢ de eso, no hay m¨¢s programas dirigidos a ellos. No hay mucho m¨¢s en enfoque de prevenci¨®n, m¨¢s que esperar a los procesos penales¡±.