La fiscal¨ªa boliviana pide 30 a?os de prisi¨®n para la expresidenta Jeanine ??ez por las masacres de 2019

La fiscal¨ªa boliviana ha acusado formalmente a la expresidenta Jeanine ??ez, a tres de sus ministros y a decenas de jefes militares, entre ellos los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas, por las masacres de Sacaba y Senkata, y pidi¨® la m¨¢xima pena de 30 a?os de prisi¨®n para ella y todos los dem¨¢s acusados. Estas masacres, en las que murieron 20 personas, ocurrieron en las regiones de Cochabamba y La Paz en ...

La fiscal¨ªa boliviana ha acusado formalmente a la expresidenta Jeanine ??ez, a tres de sus ministros y a decenas de jefes militares, entre ellos los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas, por las masacres de Sacaba y Senkata, y pidi¨® la m¨¢xima pena de 30 a?os de prisi¨®n para ella y todos los dem¨¢s acusados. Estas masacres, en las que murieron 20 personas, ocurrieron en las regiones de Cochabamba y La Paz en noviembre de 2019, durante el Gobierno interino que ??ez dirigi¨® tras el derrocamiento de Evo Morales.

El fiscal general, Juan Lanchipa, afirm¨® en una rueda de prensa que ??ez orden¨® la represi¨®n militar y policial de las protestas en contra de su Gobierno incumpliendo ¡°los principios de necesidad, proporcionalidad, discriminaci¨®n, racionalidad¡± que deben seguir las actuaci¨®n del Estado ante una amenaza a la paz social. La acusaci¨®n se?ala que se us¨® ¡°armas y municiones de guerra, veh¨ªculos mecanizados blindados, adem¨¢s de helic¨®pteros y aviones en contra de manifestantes civiles desarmados¡±. Lanchipa explic¨® que la fiscal¨ªa tiene pruebas de que ??ez estuvo en contacto con el mando militar y policial en el mismo momento de las operaciones, por lo que presume que estuvo en control de las mismas. Tambi¨¦n han sido acusados, por el mismo cargo, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; Defensa, Luis Fernando L¨®pez e Hidrocarburos, V¨ªctor Hugo Zamora, y los militares con mando en la represi¨®n. En la nomenclatura judicial boliviana, este cargo es el de ¡°genocidio¡±, que equivale a ¡°masacre sangrienta¡± y se castiga con la m¨¢xima pena que admite el ordenamiento legal del pa¨ªs.

??ez, que se encuentra en prisi¨®n por otro caso, mand¨® a publicar en una red social que la acusan de genocidio como si fuera ¡°Hitler, Ham¨¢s o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicaci¨®n con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de ox¨ªgeno y alimentos¡±. Tambi¨¦n se?al¨® que ¡°no hay ni habr¨¢ justicia sin un juicio de responsabilidades ni sin Evo Morales ante el tribunal que corresponda y que determine la verdad. La venganza del MAS [Movimiento al Socialismo, el partido oficialista] es dictadura pura¡±.

La acusaci¨®n en contra de ??ez se tramita en dos tribunales ordinarios, es decir, no respeta su derecho a un juicio de responsabilidades en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con autorizaci¨®n del Parlamento. Por esta raz¨®n, la expresidenta decidi¨® no declarar ante la comisi¨®n de fiscales que prepar¨® esta imputaci¨®n y presentar¨¢ su caso ante los organismos judiciales internacionales. Seg¨²n el fiscal general Lanchipa, la elecci¨®n de la v¨ªa ordinaria se justifica porque ??ez no sigui¨® el ¡°hilo de la sucesi¨®n constitucional¡±. Otro exministro de ??ez, Jerjes Justiniano, que se halla asilado en Estados Unidos, record¨® que, en su momento, el fiscal reconoci¨® a ??ez como presidenta del pa¨ªs.

La pol¨ªtica, que entonces era la segunda vicepresidente del Senado, asumi¨® de una manera controversial tras la renuncia del presidente Evo Morales y de sus sucesores naturales, en noviembre de 2019, y gobern¨® hasta las elecciones de noviembre de 2020, que fueron ganadas por el actual presidente de Bolivia, Luis Arce. De acuerdo a la Constituci¨®n, el enjuiciamiento de los ex primeros mandatarios por delitos cometidos durante el cumplimiento de sus funciones debe realizarse seg¨²n un protocolo especial, ante el m¨¢ximo tribunal y tiene que ser autorizado por dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa. Como la parte acusadora, el MAS, carece de tal mayor¨ªa, ha eludido este obst¨¢culo de dos maneras: primero, acus¨® a ??ez de delitos cometidos previamente a su asunci¨®n como presidenta, en el caso llamado ¡°Golpe de Estado II¡±, que termin¨® con la condena de la expresidenta a 10 a?os de prisi¨®n, que ya est¨¢ cumpliendo. Y, segundo, se vali¨® de la autorizaci¨®n que, a principios de este a?o, el TSJ dio para procesar a ??ez de forma ordinaria incluso por hechos sucedidos en su gesti¨®n, despu¨¦s de que un juez fuera observado por aceptar una demanda de las v¨ªctimas de las masacres. Este juez bas¨® su decisi¨®n en que la acusada no ten¨ªa ¡°credencial de presidenta¡± y, por tanto, seg¨²n ¨¦l, no pod¨ªa ser legalmente considerada tal.

La defensa considera que estos procedimientos son ilegales y recuerda que incluso Luis Garc¨ªa Meza, un dictador militar condenado en Bolivia, mereci¨® un juicio de responsabilidades. Tambi¨¦n conf¨ªa en que, en alg¨²n momento, las instancias internacionales exigir¨¢n al Estado boliviano la anulaci¨®n de todos los procesos que se realicen en contra de su cliente.

En abril, el ministro de Justicia, Iv¨¢n Lima, justific¨® la autorizaci¨®n del TSJ al enjuiciamiento ordinario. ¡°Ante la impostura y la actitud hip¨®crita de [los l¨ªderes de la oposici¨®n parlamentaria] Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, diciendo a los medios que se iba a dar dos tercios para una autorizaci¨®n congresal [del juicio], cosa que no han hecho en todo este tiempo y que han ido bloqueando sistem¨¢ticamente, no nos quedaba otra que buscar justicia para las v¨ªctimas [en la v¨ªa ordinaria]¡±, declar¨® entonces.

El 15 de noviembre de 2019, en Sacaba, una poblaci¨®n cercana a Cochabamba, una columna de cocaleros que intentaba llegar a esta ¨²ltima ciudad fue detenida por fuerzas combinadas de la polic¨ªa y el ej¨¦rcito. Murieron diez campesinos y decenas fueron heridos de bala. El Gobierno asegur¨® que estaban armados y que se dispararon entre ellos. El 19 de noviembre, las fuerzas conjuntas rompieron temporalmente el bloqueo vecinal de la planta de acopio de gas y gasolina de Senkata, situada en El Alto, a fin de llevar camiones cisterna con gasolina a la ciudad colindante, La Paz, que carec¨ªa de combustible. En respuesta, los manifestantes derribaron el muro exterior de la planta. Diez vecinos murieron por disparos de armas de fuego. El Gobierno de entonces los acus¨® de intentar destruir y volar las instalaciones. ??ez declar¨® poco despu¨¦s que ¡°se puso en riesgo... la vida de m¨¢s de 250.000 alte?os. La tragedia habr¨ªa alcanzado dimensiones devastadoras¡±.

En agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia), invitado a Bolivia para evaluar la crisis de 2019, calific¨® los hechos de Sacaba y Senkata como masacres, afirm¨® que nunca hubo el riesgo de que la planta de Senkata explotara y estableci¨® que durante las acciones represivas se produjeron ¡°ejecuciones extrajudiciales¡±.

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