El Parlamento boliviano suspende a los magistrados de las altas cortes en una sesi¨®n declarada ilegal por el Constitucional
El conflicto de poderes en el pa¨ªs andino ha paralizado la aprobaci¨®n de leyes y la convocatoria a elecciones judiciales
La mayor¨ªa de la Asamblea Legislativa boliviana aprob¨® una ley que suspende a los magistrados de todas las altas cortes judiciales de Bolivia. El pleno, en el que participaron 106 de los 130 parlamentarios que conforman la Asamblea, fue considerada ilegal por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por no haber sido convocada por el presidente nato del Parlamento, el vicepresidente David Choquehuanca, sino por el opositor presidente del Senado, Andr¨®nico Rodr¨ªguez. Este mutuo desconocimiento entre los ¨®rganos Legislativo y Judicial ha llevado a su punto m¨¢s alto el conflicto de poderes que ya ten¨ªa paralizada la aprobaci¨®n de leyes desde febrero y que hab¨ªa impedido la realizaci¨®n de las elecciones judiciales programadas para 2023.
En esta batalla, el Gobierno de Luis Arce est¨¢ alineado con el Poder Judicial, al que recurri¨® para intentar detener la sesi¨®n del 6 de junio. A ella no asistieron sus 24 parlamentarios. Adem¨¢s, los oficialistas cortaron la luz, ordenaron la fumigaci¨®n del hemiciclo parlamentario el mismo d¨ªa de la reuni¨®n, deshabilitaron los pases electr¨®nicos de los parlamentarios opositores y amenazaron a Rodr¨ªguez con hacerlo detener. Este, por su parte, fundament¨® su derecho a convocar a la plenaria en la ausencia de David Choquehuanca, que estaba supliendo a Luis Arce en la presidencia del pa¨ªs mientras este se encontraba en una visita oficial en Rusia. Las sustituciones de este tipo est¨¢n establecidas en el reglamento de debates parlamentarios. El TCP fall¨® que la convocatoria de Rodr¨ªguez implicaba ¡°usurpaci¨®n de funciones¡±. Al final, la sesi¨®n se realiz¨® con la escasa luz del d¨ªa que se colaba en el hemiciclo y con meg¨¢fonos para poder escuchar a los oradores.
Se espera que Arce no promulgue la ley de suspensi¨®n de los magistrados y otras dos normas aprobadas en esta sesi¨®n, pese a que estas son de inter¨¦s para el Gobierno. En ese caso, se producir¨ªa un completo divorcio entre el Ejecutivo y el Legislativo y un conflicto institucional generalizado.
Lo sucedido ha sacado a la luz la existencia de un frente opositor ampliamente mayoritario entre los representantes que siguen al expresidente Evo Morales y los miembros de los partidos de centroderecha. El ¡°arcismo¡± ha denunciado esta ¡°alianza espuria¡± entre antiguos rivales. Para la oposici¨®n tradicional, solo se trata de un movimiento t¨¢ctico. Un partido de esta corriente felicit¨® ¡°la rebeli¨®n de la mayor¨ªa parlamentaria contra la dictadura judicial instrumentada por el Gobierno de Luis Arce¡±.
Andr¨®nico Rodr¨ªguez hab¨ªa estado presionando sin ¨¦xito a Choquehuanca para que reuniera al pleno de la Asamblea. El asunto que pretend¨ªa debatir era particularmente sensible: la suspensi¨®n de los magistrados de los altos tribunales del pa¨ªs. Estos debieron haber sido sustituidos a fin del a?o pasado, pero se quedaron en sus puestos por orden del TCP. Por eso la oposici¨®n los llama ¡°auto-prorrogados¡±.
El Constitucional resolvi¨® de este modo la situaci¨®n emergente de la suspensi¨®n de las elecciones judiciales previstas para 2023, que no se pudieron realizar por la falta de una clara mayor¨ªa parlamentaria y por las acciones del propio TCP, que declar¨® inconstitucionales dos intentos de la Asamblea Legislativa de convocarlas. Seg¨²n el expresidente Eduardo Rodr¨ªguez Veltz¨¦, que tambi¨¦n fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia en los a?os 90, con estos fallos y con el de pr¨®rroga de sus propios miembros, el TCP ¡°incumpli¨® la norma ¨¦tica y legal de no pronunciarse sobre temas que le signifiquen un conflicto de intereses¡±.
La ley que aprueba la suspensi¨®n de los magistrados tambi¨¦n ilegaliza todos los actos que estos realizaron desde el 1 de enero hasta ahora. Una fuente de la oficina de Choquehuanca que quiso guardar el anonimato declar¨® a este peri¨®dico que ¡°la anulaci¨®n de las decenas de sentencias que ya se han aprobado durante la pr¨®rroga de los magistrados traer¨ªa el caos. Eso es lo que quieren: causar caos para justificar un adelantamiento de las elecciones¡±.
El 26 de mayo, el presidente Arce pidi¨® a las Fuerzas Armadas defenderlo del ¡°golpe blando¡± que, seg¨²n ¨¦l, los opositores ¡°de la vieja y nueva derecha¡± pretenden dar en contra de su Gobierno. Por otra parte, los defensores de la ley, como el constitucionalista Israel Quino, consideran que, aunque haya un costo por la anulaci¨®n de los actos jur¨ªdicos de los magistrados despu¨¦s del cumplimiento de su periodo constitucional, vale la pena, ¡°porque as¨ª el pa¨ªs vuelve al Estado de Derecho, que estaba conculcado¡±.
Elecciones paralizadas
Bolivia es el ¨²nico pa¨ªs latinoamericano que forma sus altas cortes judiciales por medio del voto popular. Hasta ahora ha habido dos elecciones, en 2011 y 2017. En ambas ocasiones una fuerte mayor¨ªa parlamentaria oficialista viabiliz¨® las convocatorias electorales, pese a la resistencia y cr¨ªtica de diversos grupos pol¨ªticos. Esto cambi¨® en 2023 por la divisi¨®n del MAS. Con el desplazamiento de la facci¨®n del expresidente Evo Morales a la oposici¨®n contra Arce, este perdi¨® el control del Parlamento y las elecciones judiciales se convirtieron en una oportunidad para que sus rivales postularan jueces cercanos a ellos a los tribunales Constitucional, Agro-ambiental, de Justicia, y en el Consejo de la Judicatura.
En ese momento comenz¨® una batalla legal con gran n¨²mero de demandas judiciales en contra de las c¨¢maras y de las comisiones parlamentarias para obstaculizar el transcurso del proceso de selecci¨®n de candidatos y de convocatoria a la poblaci¨®n a las urnas. Estas demandas contin¨²an hasta ahora. En 2023, el hostigamiento judicial y las peleas parlamentarias impidieron las elecciones y sobrevino lallamada ¡°auto-pr¨®rroga¡± de los magistrados.
La permanencia de las autoridades judiciales hasta que se encuentre finalmente la forma de convocar a las elecciones judiciales, lo que es poco probable que ocurra en esta legislatura, tiene implicaciones pol¨ªticas muy importantes. Sin una pronta renovaci¨®n del TCP, es imposible que se revea a tiempo una sentencia de este Tribunal que inhabilit¨® a Evo Morales para participar en las elecciones de 2025. Seg¨²n el funcionario que consultamos, este es el m¨®vil del ¡°evismo¡± para lo que ha hecho, pese a que la sentencia de inhabilitaci¨®n de Morales es previa a la pr¨®rroga. ¡°Estamos sufriendo las consecuencias de la lucha del expresidente para volver al poder¡±, afirm¨®. Por otra parte, la permanencia de los magistrados tambi¨¦n impide que se reconsidere la situaci¨®n penal de Luis Fernando Camacho, l¨ªder de uno de los grupos de la mayor¨ªa parlamentaria, que est¨¢ detenido desde fines de 2022 por su participaci¨®n en el derrocamiento de Evo Morales en 2019.
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